Además, el fiscal Pedro Rubira agregó un elemento nuevo: para él la puesta en marcha en Argentina del proceso de nulidad de las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, hacen “innecesaria” la intervención de la justicia española.
El recurso del fiscal debe ser resuelto en primera instancia por el juez Garzón y como es previsible que lo rechace, será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que tendrá la última palabra.
En el pedido de 20 fojas, el fiscal solicitó al juez que revoque su auto y deje sin efecto la propuesta de extradición y de lo contrario incluya en su pedido al juez argentino Rodolfo Canicoba Corral su dictamen disidente, que podrá así ser utilizado por los defensores de los represores detenidos en un eventual juicio de extradición.
De cualquier forma, el recurso del fiscal no paraliza la tramitación del expediente, que ya fue trasladado con carácter “urgente” al ministerio de Justicia para que el Consejo de Ministros lo remita cuanto antes a la cancillería argentina.
Si las solicitudes no llegaran antes del próximo 2 de septiembre, Canicoba Corral, quien se recupera de una intervención quirúrgica que le efectuaron ayer, deberá dejar en libertad a los detenidos.
El nuevo escenario con la anulación de las leyes
En su dictamen, el fiscal Rubira entiende que la anulación en la cámara de Diputados Argentina de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida “abrió el camino a juicio en la Argentina”, por lo que no sería necesario el proceso en España.
Sin embargo, para el juez Garzón media sanción a la anulación de las leyes de amnistía “tiene una indudable trascendencia” aunque añadió que “sería una gravísima imprudencia, además de una desidia difícilmente justificable, que el Juzgado no propusiera las extradiciones de las personas detenidas o arraigadas a efectos de extradición, y que se imposibilitara la continuación del procedimiento”.
De cualquier forma, Garzón abrió el paragüas y aclaró que “en cualquier momento posterior, vista la evolución de los hechos”, podría variar de criterio y no continuar el proceso en España si “las propias autoridades argentinas decidieran que los procesos se continúen ante las autoridades judiciales competentes”.
Hasta ahora, los 26 ex militares argentinos cuya extradición pide Garzón son: Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Jorge Anaya, Basilio Lami Dozo, Jorge Olivera, Antonio Domingo Bussi, Ramón Díaz Bessone, Luciano Benjamín Menéndez, Luis María Mendía, Jorge Enrique Perrén, Alfredo Astiz, Juan Carlos Trimarco, Antonio Pernias, Pablo García Velazco y Adolfo Miguel Donda.
También se incluyó en la lista a Carlos Capdevila, Julio César Coronel, Ernesto Weber, Juan Antonio Azic (hospitalizado en grave estado tras un intento de suicidio), Albino Zimmerman, Roberto Albornoz, Augusto Leonardo Neme, Héctor Schwab, Carlos Daviou, Carlos Pazo y Gonzalo Dalma.
Además, el juez Garzón tiene previsto elevar mañana, jueves, al Gobierno la petición para que reclame la extradición de los otros 14 ex militares argentinos, detenidos en su país desde el pasado mes de julio por el mismo caso. Entre estos últimos se encuentran destacadas figuras de la dictadura como el ex presidente, Jorge Videla; el general Carlos Suárez Masón; los ex jefes de la Marina Emilio Massera y Rubén Franco; y los oficiales navales Héctor Ferres y Jorge Acosta, "El Tigre".
Nueva presentación contra extradiciones en Argentina
Con fecha 19 de Agosto, en la causa "Videla Redondo, Jorge Rafael y otros s/ arresto preventivo" Nº 12.218/03 Gonzalo Torres de Tolosa actualmente detenido a pedido de Baltazar Garzón presentó un escrito (en texto adjunto se acompaña) en donde expresa que “los dos anteriores pedidos de extradición de Garzón fueron rechazados por el Estado argentino, fundándose en los principios de soberanía, territorialidad y non bis in idem”.
De esta manera, el único civil detenido sostiene que “hay una resolución con carácter de cosa juzgada respecto de esta cuestión, que no puede ser modificada por el Estado argentino, ni por la Chancillería, ni por el Poder judicial, que se encuentra obligado a respetar su anterior pronunciamiento sobre el particular.”
Así concluye que “los arrestos preventivos decretados por Canicoba Corral en la causa Nº 12.218/03 respecto de los 46 ciudadanos argentinos devienen ilegítimos, representativos de los injustos de privación ilegal de la libertad en concurso real con tormento” imputando esta conducta a Bacigalupo Zapater-el argentino miembro del Tribunal Supremo español-, Garzón, Canicoba Corral, Marijuan, y a los camaristas Donna y Filosof, quienes sin fundamento legal ni fáctico, resolvieron que Garzón era el juez natural de la causa.
En anteriores presentaciones Torres de Tolosa reclamó su excarcelación, que fue denegada y apelada. Asimismo presentó ante la Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal un hábeas corpus el cual fue rechazado por los camaristas Donna y Filosof quienes reconocieron a Baltasar Garzón como juez natural de la causa.