Los procedimientos que dispuso Aguinsky se llevaron a cabo en diferentes ciudades del interior del país, en la Capital Federal en donde se allanaron oficinas comerciales, y algunas aduanas con el objetivo de secuestrar documentos que aporten datos a la investigación.
El magistrado dispuso la medida a raíz de una denuncia que presentó la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias (UFITCO) que detectó "diferencias sustanciales" entre lo que ingresó en los depósitos de las empresas y lo que declararon haber transferido a barcos pesqueros.
Estas operaciones según trascendió se realizaron “al sur del paralelo 42” y por lo tanto tienen carácter de exportación exenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Transferencia de Combustible (ITC) .
Además, para el organismo fue más que claro que por su número y su naturaleza las diferencias “trascienden la posibilidad de un mero error material” y pintan un cuadro general muy evidente, el cual apunta en una sola dirección “el encubrimiento de una operatoria ilícita, destinada a eludir el pago de los distintos tributos que gravan la transferencia de combustibles en nuestro país".
En ese sentido, desde la UFITCO afirmaron que "así las cosas, no queda más que concluir que gran parte, o incluso quizá la totalidad de las declaraciones contenidas en la documentación aduanera o en las facturas presentadas ante el fisco, son falsas".
Asimismo, revelaron que "esta cadena de falsedades tiene por objeto imposibilitar la comprensión de la verdadera naturaleza y volumen de la operatoria comercial desarrollada en negro por las empresas".
Explicó, además, que "la maniobra puede tener distintas modalidades, que van desde el retorno del combustible al norte del paralelo 42 en camiones, hasta la sustitución de la mercadería transportada en el buque tanque por otra de peso similar, para encubrir la venta directa del combustible desde su lugar de origen, posiblemente con complicidad de la empresa proveedora".
La denuncia de la UFITCO se presentó a raíz de una investigación que esta desarrollando la División Delitos Complejos de la prefectura Naval Argentina cuando detectó algunas anomalías entra las distintas facturas de compras y ventas que presentaban las empresas.
Fuentes de la investigación comentaron que en los operativos que comenzaron en forma conjunta en todo el país a las 9 se procedió a secuestrar todo el material contable y distintos documentos, los que explicaron, serán analizados por peritos con el fin de determinar si estás empresas cometieron o no el delito que motivó el inicio de las actuaciones.
En los allanamientos la Prefectura Naval desplegó gran cantidad de hombres con el fin de lograr que los operativos fueran eficaces y que rindieran los resultados que el caso investigado requiere.
Sobre el estado de la investigación las fuentes consultadas en Prefectura revelaron que la misma aún se encuentra en un 30 por ciento, por lo que adelantaron que es una investigación compleja y que los allanamientos forman sólo el impulso probatorio de la misma.