Diariojudicial: ¿De qué manera puede darse la participación ciudadana en los proyectos de reforma de justicia?
Silvina Ramírez: Yo creo que es mas fácil que el ciudadano participe a través de organizaciones de la sociedad civil, sociedades intermedias, porque muchas veces y en la mayoría de las veces pensar que una sola persona pueda acceder a proyectos de reforma judicial es poco factible que ocurra por los mecanismos dispuesto.
De todas formas hay que trabajar porque las organizaciones de la sociedad civil participen en los proyectos de reformas judiciales. En lo personal yo dirijo una organización, en la cual nosotros trabajamos en toda América Latina, el Caribe y en el interior del país.
En otro países latinoamericanos hay mucha presencia de organizaciones de la sociedad civil, hay mucha cooperación para el fortalecimiento institucional y para facilitar la participación del ciudadano sobre todo porque la mirada del ciudadano, aunque todos seamos ciudadanos es distinta muchas beses a la de la corporación judicial y a la de los propios operadores de la justicia.
Las organizaciones de la sociedad civil, tenemos diversas miradas porque sumamos a la calidad de usuario del sistema de administración de justicia, una perspectiva técnica.
DJU: ¿De esta manera las organizaciones de la sociedad civil se convierten en sectores a tener en cuenta para las reformas de justicia?
SR: Sin lugar a dudas. Yo creo que las organizaciones de la sociedad civil estamos transitando un camino en el cual los distintos actores judiciales se han dado cuenta que nosotros somos un actor relevante. Por esto se están abriendo las puertas a la mayor participación ciudadana porque también nuestra participación es una fuente de legitimidad importante. El sistema se legitima cuando participan la mayor cantidad de ciudadanos y en la manera en que podamos expresarnos, poder difundir nuestras ideas, y la implementación de diferentes políticas públicas éstas políticas públicas también se legitiman.
DJU: ¿Considera que hoy en día se encuentran dadas todas las condiciones para la participación ciudadana deseada, en especial luego de la vuelta a la democracia y de la reforma constitucional de 1994 que instaura nuevos mecanismos de participación popular?
SR: Nosotros en el informe presentado en el libro, -en el cual se estudian 4 casos: Argentina, Chile, Colombia y Perú- en el caso de Argentina en particular hemos tomado los últimos casi 20 años, desde la vuelta de la democracia hasta principios del 2002 en que se terminó de escribir el libro, divido cronológicamente en dos partes: desde la vuelta de la democracia hasta 1994 y desde 1994 en adelante, precisamente porque en 1994 a partir de la reforma de la constitución se introducen mecanismos de participación directa que significa un punto de inflexión para las organizaciones de la sociedad civil, por la introducción del amparo colectivo, la posibilidad de judicialización de ciertos conflictos abriendo un panorama que hasta entonces no había sido posible.
No obstante cabe declarar que la sociedad civil siempre ha tenido su participación pero no de modo heterogéneo, sostenido, aunque existan en Argentina varias organizaciones como INECIP. En resumen a partir de 1983 la participación ciudadana se hace posible, a partir de 1994 se profundiza y a partir del gobierno de Kirchner, si bies es prematuro para realizar alguna evaluación meditada, hay gestos y signos que están incluyendo con mucha fuerza la participación de las organizaciones de la sociedad civil.
DJU: ¿Cree que la gente necesita un mayor estimulo desde el punto de vista cívico o se presta con mucho voluntad y entusiasmo a participar?
SR: Es relativa la participación de acuerdo a los intereses que se afecten. En el caso de Argentina es muy claro. Yo creo que ha sido también un mérito de que la gente manifieste frente a la Corte Suprema por ejemplo pidiendo un cambio, cuando en general el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo eran los poderes que atraían las mayores cantidad de críticas.
Está bien que a fines de 2001-2002 en Argentina se ha vivido una situación anómala, y han surgido una serie de manifestaciones populares o de la ciudadanía como el tema de los escraches, el tema de las asambleas populares que han ido decreciendo después con el tiempo, pero que han demostrado que cuando al ciudadano se le afecten determinados intereses está dispuesto a salir a la calle, incluída la clase media.
Mas allá de que (la ultima crisis) haya sido una afectación al bolsillo y que tal vez no hubieran salido si no se hubiera producido, creo que la gente responde fruto tal vez de una conciencia adquirida de que el Poder Judicial tiene plena incidencia en la vida de los ciudadanos, que no es un poder aislado, neutro, que decide teóricamente sino que sus decisiones tienen un efecto concreto.
Creo que cada vez hay mas conciencia de esto, pero es cierto que en Argentina no existen muchas organizaciones especializadas en el tema de Justicia, aunque si hay una apertura y crecimiento para que ciudadanos autoorganizados a través de organizaciones de la sociedades civil se involucren cada vez mas.
DJU: ¿Que opina de las recientes medidas de autolimitación para la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Jueces Federales y magistrados del ministerio público dictadas por el ejecutivo, cuyo fundamento central es la participación ciudadana?
SR: Nosotros a principios de 2002 elaboramos junto con otras organizaciones -CELS, Poder Ciudadano, FAR, Asociación de Usuarios y Consumidores, Asociación por los Derechos Civiles, INECIP- documentos que tuvieron una cierta circulación por los medios donde había una serie de propuestas para la modificación de la Corte Suprema de Justicia. Dentro de esas propuestas había una serie medidas que se podían tomar desde el Poder Legislativo, Poder Judicial y desde el Poder Ejecutivo. En este ultima caso habíamos sugerido este decreto de autolimitación.
Cuando asume el nuevo gobierno, el Ministro de Justicia Béliz se reúne con estas seis organizaciones para discutir estos documentos y muestra interés en este decreto justamente porque ya los tiempos estaban mostrando que iba a haber una renovación en la Corte Suprema. Se lanzaron los decretos de autolimitaciones, que lo hemos vivido como un aporte importante desde nuestras organizaciones y también como una muestra de que el nuevo gobierno esta dispuesto a escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, que demuestran que se ha tomado en serio la participación ciudadana. Nosotros hemos insistido mucho en la transparencia del proceso y que todo lo que puedan opinar las organizaciones de la sociedad civil se incluya.
No queremos avanzar sobre la prerrogativa del Ejecutivo de que ellos puedan designar a los magistrados, pero si que abran el juego y que no nos pasen como Maqueda que desde que se conoció que iba a ser magistrado de la Corte hasta que fue nombrado efectivamente pasó una semana y no dio ni tiempo a reaccionar. Creemos que como promotores de estas medidas estamos satisfechos en la recepción que ha hecho Kirchner de estas sugerencias.
DJU: En los otros países, en especial los latinoamericanos, ¿cómo se da la participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad intermedia?
SR: Si nos centramos en los casos abordados por el libro, Colombia es el caso donde se muestra la diferencia de participación de organizaciones en el sentido de que Colombia tiene una cultura de participación de las organizaciones de la sociedad civil muy fuerte.
Tiene que ver el contexto político, tiene que ver sobre todo también el tema del financiamiento. Argentina ha quedado dentro de la bolsa de los países del primer mundo, y en este sentido la cooperación es muy escasa en comparación con otro países en especial centroamérica en donde las organizaciones de la sociedad civil manejan muchos fondos para fortalecimiento institucional, para ejecución de proyectos justamente porque los países ricos invierten muchísimo dinero en la presencia de las organizaciones de la sociedad civil.
DJU: ¿Se hace difícil el sostenimiento y la financiación de una ONG para llevar a cabo la participación ciudadana en el caso de Argentina?
SR: Si es muy difícil porque en general la cooperación internacional financia ejecución de proyectos, pero no tiene fondos para el fortalecimiento institucional. Además toda ONG tiene un staff de gente a la que hay que pagarle un sueldo, gastos funcionales mensuales que son difíciles de palear. Si la cooperación internacional da fondos para fortalecimiento institucional se puede hacer una planificación sostenida de actividades. En este sentido tenemos que salir a pelear el lanzamiento de proyectos, contamos con aportes de los socios y tenemos que ingeniarnos para tener mensualmente el dinero para el desarrollo de la institución.
A nivel local en algunos casos se nos contrata para llevar adelante un estudio o bien se nos contrata como en el caso del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y Neuquén para dar asesoramiento técnico. En el caso del INECIP, que tiene oficinas en toda América latina nos permite hacer algún ahorro o fortalecer el financiamiento para que la sede que se encuentra en Buenos Aires se mantenga abierta, es una preocupación permanente.
DJU: ¿En que proyectos se encuentra trabajando actualmente el INECIP?
SR: Estamos terminando un proyecto sobre el Consejo de la Magistratura, estamos trabajando en Bolivia y en Perú junto a Poder Ciudadano, replicando la experiencia que Poder ciudadano ha hecho en Argentina en el monitoreo del funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Tenemos un proyecto importante regional a nivel centroamericano sobre una red de fiscales, defensores y jueces para la democratización de la justicia. Hay proyectos para monitorear la defensa pública en Argentina, proyectos sobre torturas no sólo en Argentina ya que son prácticas que se pierden en el camino y no llegan a sentencias. También estamos trabajando en la reforma de la justicia en Perú y Republica Dominicana. Vamos a empezar a trabajar en un plan de implementación para el código de procedimientos penal en Ecuador.