La presentación de las ONGs que recayó en el Juzgado en lo Contenciosos Administrativo y Tributario Número 9 de Alfredo Kerzman, objeta el proceso llevado adelante por la Legislatura para seleccionar al futuro ombudsman porteño, que reemplazará a Alejandro Nato, interinamente a cargo en lugar de Alicia Oliveira, quien pasó a ocupar un cargo en la gestión pública.
Las entidades que cuestionan la próxima elección, Poder Ciudadano y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), consideraron que el procedimiento es manifiestamente nulo debido a la ausencia de fundamentación en la selección de los candidatos para los cargos de Defensor del Pueblo y Adjuntos de la Ciudad que realizaron los legisladores porteños”.
"La falta de fundamentación en la postulación de candidatos contribuye a generar sospecha de que la selección de candidatos se enmarca en razones que no pueden hacerse públicas, o en otras de índole personal, familiar y/o de conveniencia política" y "vulnera el derecho de la comunidad de asegurar que quienes ocupen los cargos en la Defensoría de la Ciudad sean los más idóneos para ello" remarcó la presentación.
Se peticionó además que se declare la nulidad de propuestas de candidatos presentadas por los legisladores ante la Junta de Ética de la Legislatura y que ésta convoque nuevamente a realizar propuestas de candidatos, de tal forma que se garantice "el derecho de elegir y ser elegido en igualdad ante la ley, asegurando el derecho de la comunidad de contar con los mejores postulantes para los cargos a cubrir".
En forma conjunta se solicitó que cautelarmente la Legislatura de la Ciudad, suspenda la sustanciación de la totalidad del procedimiento de elección de Defensor del Pueblo, actualmente en marcha, hasta tanto determine sobre el fondo de la cuestión planteada en marras.
En la presentación se destacó la importancia del rol institucional que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires otorga al Defensor del Pueblo y la misión de este en pos de la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y derechos e intereses individuales y colectivos, frente a los actos y omisiones de la administración, de los prestadores de servicios públicos y las fuerzas de seguridad.