Diario Judicial: Siendo de actualidad y suma importancia el tema de los derechos humanos, desde su experiencia ¿cuál es su visión al respecto?
Félix Crous: El tema de los Derechos Humanos en todo el país es un universo heterogéneo, y cada hecho tuvo su singularidad, y todavía más singular fue en cada lugar la reacción ante estas violaciones de la sociedad y de la justicia. En La Plata concretamente retomamos casos que se habían frustrado con las leyes de impunidad y los decretos de indulto, y en algún caso también nuestra función fue completar información e iniciar investigaciones no iniciadas o que habían quedado truncas, entre otras cosas. El Juicio por la Verdad en La Plata ha permitido trabajar cosas muy importantes. Digamos que los dos fenómenos más importantes en mi intervención directa en esa jurisdicción fue colaborar para revertir la enorme dificultad que hay para que la Justicia haga su tarea –sobre todo en el interior del país-, y el enorme signo de interrogación que se abre en esta etapa donde se dice tan ligeramente “queremos juzgarlos en Argentina”, cosa que obviamente es un anhelo y un derecho genuino de la sociedad y las víctimas.
DJU: ¿Cómo va a funcionar concretamente nuestro sistema judicial ante esto?
FC: Y en este sentido, salvo revisionistas o negacionistas muy malintencionados, sabemos que sobre lo ocurrido en la dictadura hay ya acuerdo y verdades consagradas por sentencias judiciales. Entonces la gran pregunta no tiene que ver con el pasado, sino con el presente.
DJU: ¿La Justicia está a la altura de realizar nuevos juicios por violaciones a los Derechos Humanos?
FC: Y tengo mis serias dudas. Que el sistema judicial argentino esté a la altura, digo categóricamente que no. No tengo dudas sobre esto.
DJU: ¿Cómo piensa que ha actuado el poder judicial al respecto?
FC: El sistema judicial argentino exhibió en los primeros ‘80 una incapacidad absoluta para juzgar estos hechos, salvo en la Capital Federal. Hay ejemplos del interior que son directamente patéticos. Hoy por hoy esto puede repetirse solo con la salvedad de que ha pasado el tiempo y ha habido alguna muy parcial renovación generacional, y que han habido varios fallos interesantes en el interior del país previo al cambio de viento general. ¿Por qué digo esto? Porque ahora muchos jueces se adhieren a la línea que se baja tras la nulidad de las leyes de impunidad por el Congreso, pero ahora es fácil ir detrás del rumbo marcado. Y, nobleza obliga, hay que decir que han habido fallos del interior, sobre todo en Salta, donde han sido muy vanguardistas en este sentido. Santa Fé también, y claro está, los de Capital, también Chaco... me debo olvidar de alguno. Han sido pasos adelante muy importantes. Pero yo por mi tarea debo mirar de cerca, y al ir por cada territorio en particular las realidades sociopolíticas son preocupantes.
DJU: ¿Usted se refiere a que los tres poderes son uno en realidad?
FC: Ojalá fuera sólo eso. Hay lugares del interior donde los jueces y los fiscales directamente están sospechados de haber intervenido en torturas, que aún están en funciones, y funciones altísimas. Es una realidad que aquí en este microclima porteño es inimaginable, hasta que uno se acerca y ve.
DJU: Sin embargo ¿existe otra cara en estos lugares?
FC: Sí, la contracara de esto son fenómenos muy alentadores de sectores de la sociedad que encuentran salidas creativas. Pero definitivamente la tarea de la justicia no debe estar relegada a actos aislados y heroicos, sino que debe ser el Estado quien debe disponer de todos los recursos en función de esto. Porque una forma de hacer fracasar los anhelos de justicia son los infernales sistemas de chicanas y de procedimientos en los que la propia justicia ingresa.
DJU: ¿Se refiere a una lentitud premeditada?
FC: Es una lentitud premeditada, alimentada, sistemas totalmente kafkianos que son sostenidos como discurso institucional, como práctica institucional, alimentados y reivindicados como un valor. El hermetismo, los procedimientos ociosos, formas barrocas e intrincadas innecesariamente..., todo esto que es en el fondo la forma oblicua del no hacer, del ganar tiempo, y el de ver que pasa con los humores sociales y con la política, esperando que cambie el viento. El burócrata descansa en su zona de bienestar, y esto muchas veces va desde el ordenanza hasta el juez.
DJU: En este contexto ¿La Corte Suprema de Justicia también espera ver qué pasa en el ámbito sociopolítico para definir su postura en relación a las leyes del perdón?
FC: No lo sé. Lo que sí es alarmante que un fallo con personas detenidas tenga años de demora. Un juez de primera instancia que tardara años en resolver un expediente con personas detenidas lo echan a patadas. Entonces me parece que hemos entrado en un estado de degradación generalizada y que esto requiere bastante más que actos espasmódicos de remoción de jueces.
DJU: Apuntando a la raíz de la criminalidad ¿el aumento de los delitos comunes crece al ritmo del colapso del Estado ante las necesidades sociales?
FC: Yo hablo desde la experiencia, porque no soy un criminólogo ni un sociólogo de la violencia social. Sin embargo me he formado lo suficiente como para decir que todos los fenómenos complejos son multicausales, no hay monocausas. Las respuestas simplistas a problemas complejos generan errores como respuesta.
DJU: Pareciera que la solución que se difunde por los medios es mejorar las condiciones económicas, endurecer penas y poner más policía. ¿Está de acuerdo con esta idea generalizada?
FC: Lo que uno ve claramente es que con la evolución de la miseria, de la marginalidad, la exclusión social aumentó el delito, esto es una obviedad. Y está en las cifras este aumento en la cantidad de delincuentes que el Estado toca –porque hay otros que no toca-. Cuando hablamos de delito hablamos de delito visible, el que sale por los medios, pero el otro delito es aún solo sospechado, el gran mensaje antiético que baja de las cumbres del poder que habilita a cualquier persona que quiere dar el salto a la ilegalidad a sentirse en algún punto neutralizado en cualquier forma y culpa moral, porque al fin y al cabo... si todo se ha degradado, por qué razón aquella persona que es empujada de los límites de una vida digna no va a sentirse habilitada para delinquir o para agredir al prójimo si todo el sistema social en el que vive, incluido los estratos de poder, ha ingresado en un sistema de anomia brutal. Esta es la sociedad que además adhirió durante una década a un modelo de anomia, de inmoralidad y de frivolidad... y bueno... ¿qué se pretende? ¿cuál puede ser la consecuencia de sembrar esos vientos?
DJU: ¿Usted se refiere a un doble juego de criminalidad que también aparece desde arriba, desde los estratos de poder?
FC: Generar marginalidad es más que generar pobreza. Es quitar toda contención y privar a la persona de su condición de ciudadano, es dinamitar la familia como estructura de contención, dejarla fuera de la educación.
DJU: ¿Estos flagelos funcionan como atenuantes a la hora de un juicio?
FC: Lo son, y deberían serlo. No lo son lo suficiente sin embargo. Habría que incorporar lo que Zaffaroni llama la “co-culpabilidad”. Y lo que no se puede hacer ante esto es generar desde el Estado más violencia. Hay dos falacias muy increíbles: una es una falacia asesina, la otra es altamente cínica. La asesina es creer que la marginalidad en una sociedad con un 60 por ciento de pobres se soluciona con balas. Esto es sustituir la doctrina de seguridad nacional de la dictadura por la de la seguridad ciudadana. Y la segunda es cínica, es la falacia normativista. Es creer que escribiendo y haciendo leyes se cambia la realidad.
DJU: Ante un panorama de reformas legislativas como modo de detener el delito ¿Cuál es la verdadera incidencia que tienen entonces las leyes?
FC: Las leyes tienen alguna capacidad para incidir sobre la realidad, solo alguna. Hay que ponerse a trabajar, y hacer las cosas con decencia, con lealtad y revertir las condiciones. Hacer una catedral te lleva tres siglos, dinamitarla, un minuto. Argentina es un país que se hizo en dos siglos y se dinamitó en diez años. No vas a encontrar la catedral, hay que hacerla de nuevo.
DJU: ¿Cuál es su balance de las recientes reformas y modificaciones incorporadas al sistema penal?
FC: Nuestro Código Penal ha sido siempre milagrosamente un producto mejor que las pasiones de la época en la que se dictó. Es un fenómeno de una suerte de subconciente sano y equilibrado de la sociedad argentina. Nuestro sistema de enjuiciamiento penal –salvo la dictadura, claro está-, el modelo de principios de siglo veinte, es un código liberal, garantizador, equilibrado, técnicamente bueno... sigue siendo una buena herramienta. Ha siso hiperemparchado pero todavía sirve. Igualmente habría que incorporar algunas cosas, vinculadas con delitos de tecnología y demás cosas para retocar, pero sigue siendo una herramienta altamente idónea. Habría que hacer algunas reformas en el sistema de enjuiciamiento pero no para endurecerlo, sino para agilizarlo, desformalizarlo, pero la tarea fundamental no tiene que ver con eso. La tarea fundamental desde el operador judicial es incidir en un cambio cultural, que ya ha comenzado en la Argentina, pero todavía hay mucho por hacer, para abandonar los modelos de pensamiento de la justicia virreynal.
DJU: ¿Incide en esto la formación académica de los letrados?
FC: Ha sido muy importante en esto la tarea hecha por la universidad pública, y por la universidad pública de Buenos Aires, y eso se nota mucho. Es notable la diferencia en la concepción de los hechos en alguien salido de una universidad privada y de una pública. Por eso cuando se discute si educación pública o educación privada, el argumento fundamental para atacar a la universidad pública no es un argumento económico, sino que son los contenidos. El discurso plural, abierto, y hasta caótico pero con riqueza, te garantiza chances de una sociedad libre. Yo creo que cuando se ataca la universidad pública, no se ataca al gasto, que puede estar sobredimensionado o mal utilizado, se atacan los contenidos.
DJU: Cambiando de tema, ¿qué análisis hace acerca del hacinamiento carcelario?
FC: Harás más cárceles y las llenarás a todas, esta es la verdad. Pero si la política penal es llenar cárceles estamos perdidos. El derecho penal es un gran discurso cínico en la medida que se define por la pena precisamente, y nadie atiende las condiciones por las que esas cosas suceden. Entonces nos llenamos la boca con declaraciones internacionales y todo, y después vemos, como ha dicho la última investigación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, donde se precisa que estamos sometiendo a los presos a condiciones de detención similares a los centros de detención de la dictadura. La gente hace motivos porque no tiene aire para vivir, porque hay condiciones higiénicas de degradación absoluta. Sucede que a la persona que estamos incorporando a un sistema para mejorarla y devolverla a la sociedad en una convivencia pacífica, previamente la pasamos por una trituradora deshumanizadora... ¿y qué podemos pretender con eso? Y además, más allá de lo utilitario, el Estado no puede transformarse en criminal. La respuesta penal, salvo excepciones, es criminal. El hacinamiento es sólo una parte del fenómeno. Además, la pena de restricción de la libertad debe ser excepcional y última. Siempre la pena como respuesta a un conflicto es brutal, porque es una respuesta homogénea a problemas que tienen orígenes y naturalezas absolutamente diferentes. El sistema legal prevé una pena de prisión desde un aborto hasta una quiebra fraudulenta. La violencia intrínseca del Estado termina siendo a veces más importante que la violencia del hecho mismo que se juzga.
DJU: La diferencia entre presos, los comunes y los denominados de guantes blancos ¿es parte de esto?
FC: Eso es una promoción de la criminalidad. La impunidad, la larga cultura argentina de la impunidad, como las permanentes amnistías para los delitos del poder; además también el juzgar a los delitos del poder pero cuando el poder cambia de mano nada más, es un mensaje discepoliano permanente en el cual no hay reglas, o hay no reglas, como la hipocresía, el cinismo, la anomia.