La letrada fundaba el pedido en un pronunciamiento de la Sala IV de la Cámara en lo Criminal y Correccional en la cual se declaró la nulidad de resolución dictada por la jueza denunciada.
En ese sentido, el dictamen afirmó que se estaba en presencia de una de las tantas resoluciones en las que los tribunales de alzada revocan, anulan o modifican las resoluciones dictadas por jueces inferiores “sin que ello por si signifique el mal desempeño que justifique el inicio de los trámites para la destitución del magistrado”.
Además, el texto que fue aprobado por la Comisión y que ahora se debe debatir en el Plenario detalló que “el error de juzgamiento en materia de apreciación de hechos y aplicación del derecho esta contemplado en el ordenamiento jurídico encontrando su vía correctiva por medio de los canales recursivos previstos en la normativa procesal”.
El pedido de Juicio Político en contra de la magistrada ya había tenido un incidente el 11 de junio de 2003 cuando el Consejo de la Magistratura, en sesión plenaria, desestimó el mismo. Pero, el 11 de agosto de 2003, Cirulli interpuso reposición contra esa resolución cuando sostuvo que “las resoluciones de Lanz habían sido en reiteradas oportunidades revocadas y declaradas nulas por la Sala IV de la Cámara.
Finalmente, la Comisión del cuerpo no encontró causales para iniciar el proceso en contra de la jueza por lo cual aprobó el dictamen que desestimaba el pedido, el cual será tratado en el Plenario que deberá darle al caso una resolución definitiva.