AKMENTIS VS. PIUMATO. El ambicioso pero muy cuestionado Proyecto del Juzgado Modelo que fuera creado en 1998 como una de la grandes reformas para modernizar la justicia, que cobrara impulso en plena euforia del gobierno de la Alianza y al que Gil Lavedra le diera luz verde cuando logró instalarse bajo la iniciativa del ex camarista federal Pérez Delgado, volvió a ser el centro de una tormenta. El problema se desató en el marco del reclamo del aumento que pretenden los empleados judiciales y que los enfrentó entre otros con la Administradora del Poder Judicial Cristina Akmentis. Según voceros de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, gremio que se viene oponiendo hace un tiempo a la continuación del proyecto que se financia con un gran aporte del Banco Mundial y otro más pequeño del Estado,- literalmente empapelaron los pasillos de tribunales descalificando virulentamente su marcha - fue la propia Akmentis la que virtualmente los “apretó” cuando hace unos días les habría dicho “que si no dejaban de cuestionar al PROJUM, el aumento por los 200 pesos no iba a hacerse efectivo”. Ante esas supuestas declaraciones de Akmentis, defensora del proyecto que heredó cuando del Ministerio de Justicia “se lo sacaron de encima”, Piumato se presentó en el seno del Consejo de la Magistratura el miércoles y acusó formalmente a la administradora. Este hecho –que muchos emparentan a los métodos de Moyano en Carrefour- generó un especie de enojo en lo consejeros, menos en el abogado Beinusz Szmukler, que llamó a sus colegas a investigar los hechos denunciados por el sindicalista. Por su parte Akmentis se mostró contrariada y hasta compungida por la imputación de Piumato, que según fuentes del órgano por momentos fue muy duro con la encargada de manejar las cuentas del Poder Judicial. La semana próxima se sabrá si la denuncia tiene sustento o no, la mayoría de los consejeros no están muy seguros de seguir con ella, pero se tendrá que ver si el gremio logra que de la mano de Szmukler, que también esta enfrentado con Akmentis, la investigación siga en curso.
GOBERNADOR K. El gobernador bonaerense Felipe Solá tiene pensado en breve presentar un proyecto en la Legislatura con el fin de que se apruebe un “Código de ética” destinado a los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial. El proyecto en cuestión, que ya levantó criticas por parte de algunos magistrados, prevé los magistrados bonaerenses sean un ejemplo de conducta y rectitud. La idea general es que los jueces se dediquen sólo a su trabajo y nada más y por eso coarta entre otras cosas la posibilidad de que intervengan en cualquier otra actividad social, religiosa, cívica o deportiva que pueda interferir en el desempeño de su cargo. Además, si prospera el proyecto, los magistrados tendrán vedada la posibilidad de brindar información a la prensa de la causas que tengan en su juzgado hasta tanto las mismas no estés resultas y las partes debidamente notificadas. Según la idea del propio Solá el fin del “Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial" que fue elaborado por el ministerio de Justicia bonaerense y el Colegio de Abogados de la Provincia, no es otra que llevar transparencia a la actividad judicial, pero algunos magistrados no piensan lo mismo y creen que la idea final no es otra cosa más que convertir a los jueces en una especie de funcionarios públicos a quienes tener bajo control con la imposición de nuevas normas que controlarán su funcionamiento. Ante las críticas, desde el Ejecutivo provincial se defendieron afirmando que pese a los pedidos de colaboración solicitados nunca se recibió ninguna propuesta de los magistrados respecto del tema. Es que los jueces saben de que en el fondo la norma constituiría una ley mordaza, y si acuerdan, sus nombres quedarán exhibidos como colaboracionistas ante sus pares, mientras que si se oponen a algo que quizá esté ya cocinado en los anafes del poder político, quedarán expuestos como blancos identificados. En la era del señor K, el silencio es salud.
LOS 200. Las promesas de ferocidad y la dureza de los reclamos parecen no ceder ni un milímetro en los pasillos de los tribunales. Es que el Cuerpo Médico Forense dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación está armando su bomba para detonarla luego del paro nacional de los empleados judiciales convocado para este martes, en apoyo al sector de la justicia que aún no cobra el aumento. Esta semana presentarán ante el INADI una denuncia alegando discriminación por el pago de los 200 pesos que aún no llega para los dependientes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y para los empleados de Corte, factor que está exasperando los ánimos de varios sectores, argumentando que “a igualdad de trabajo no hay igualdad de remuneración”.Y algunos piensan ir más lejos aún: sucede que también luego de la protesta del martes (que superaría el calibre de las anteriores, estrepitosas por demás) prometen dejar empapelado el Palacio de Tribunales con afiches y pancartas “escarchando” a los funcionarios a los que les adjudican una supuesta falta de solidaridad con los compañeros en desgracia, por “buchonear” al Cuerpo Médico Forense que trabaja sólo con lo más urgente y no despacha expedientes de rutina, acompañando la medida de fuerza dispuesta por el gremio. Los nombres de algunos jueces “rompehuelgas” en esos afiches es la apuesta más dura que intentarán para doblegar la posición de la Corte sobre el aumento. Y todo porque desde el Consejo, para demostrar que gastaban menos y mejor, podían usar su superavit para pagarle los 200 pesos a los empleados judiciales bajo su órbita. Vamos a ver hasta dónde sigue el derrotero de la protesta, una vez que cobren los de la Corte, seguramente se querrán sumar otros sectores de la administración pública, ya que todos los demás, aunque en distintos poderes del Estado, son empleados del mismo gobierno federal.