El juez mendocino realizó esa aseveración a través de un escrito que presentó en el cuerpo en el cual detalló como cada uno de los hechos que actualmente se están investigando fueron tratados por autoridades “competentes”.
Recordemos que el Consejo atribuye a Acosta haber ejercido actividad agropecuaria en forma simultánea con el ejercicio de la magistratura, y haber garantizado sus deudas ante el Banco de Mendoza y ante el Banco de Previsión Social con los avales personales de funcionarios judiciales.
Entre los cargos se lo acusa también de falsear información incluida en sus declaraciones juradas patrimoniales de febrero de 1997 y 2000, y se le imputa haber realizado expresiones inapropiadas ante la prensa.
Sobre su condición de productor agropecuario el juez detalló que la Cámara de Apelaciones de Mendoza estimó que la misma no era lucrativa y que estaba permitida, pero agregó que sí fue sancionado al encontrar reprochable su presunta vinculación a un negocio mercantil de frigorífico y por su deuda con el sistema bancario.
Además, detalló que por esos hechos la Cámara de Diputados determinó que no existió causal de mal desempeño en su ejercicio funcional y que no se daban las pautas establecidas en la Constitución Nacional para removerlo del cargo de juez.
En tanto, sobre su incorrecta exposición mediática el juez federal detalló que la conducta que se le endilgó a modo de reproche tuvo doble persecución y resolución por parte de la autoridad competente.
Al respecto comentó que con motivo del entredicho que mantuvo con su ex par Luis Leiva la Cámara Federal de Mendoza dictó una resolución en la cual se exhortó a los magistrados a ajustar su situación respecto de los medios de prensa a determinados parámetros y agregó que por los mismos hechos se formó un sumario administrativo en la cual fue sancionado.
En su escrito, Acosta sostuvo que las causas por las cuales se inició el proceso tuvieron su nacimiento en 1995, y agregó que fueron “un verdadero calvario” ya que durante “ocho años” debió soportar “persecuciones administrativas de diversa índole”.