Diario Judicial: En momentos en que la magistratura nacional ha recibido embates de diferentes sectores ¿Ha recibido gestos del Gobierno para seguir adelante en su función?
Nicolás Becerra: Sí, los gestos que he recibido del Gobierno son gestos que hacen al ejercicio de la función, gestos que tienen que ver con el trabajo en conjunto, gestos que tienen que ver con la puesta en funcionamiento con el Poder Ejecutivo nacional, del Instituto Universitario Superior a partir del 1° de abril del año próximo; que tiene que ver con la colaboración prestada por el Ministerio de Justicia para implementar la Unidad Anti-Secuestros, y con una serie de proyectos que se están analizando en conjunto entre el Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia de la Nación.
DJU: ¿Por qué cree que las miradas apuntan desde un primer momento a la Corte Suprema de Justicia y nunca a la Procuración?
NB: Yo creo que esto es una cuestión que tiene que ver con la intervención de un tercer poder que es el Congreso de la Nación. El Congreso está llevando adelante el desarrollo de un instituto especialmente previsto en la Constitución Nacional, que es el juicio político, y bueno, ese es un juicio esencialmente político y que cuenta su ámbito en ambas cámaras del Congreso. Los fiscales en estos últimos años han desarrollado una autonomía que proviene de la Constitución Nacional, que les ha dado un manejo independiente en el sistema de administración de justicia, que los ha diferenciado claramente de la actividad de los jueces, situación que no se daba en otras épocas, donde había una clara promiscuidad en el funcionamiento del servicio de administración de justicia, que la Constitución vino a ponerle límites claros, y que después la Ley Orgánica del Ministerio Público se encargó de reglamentar. En estos últimos años el Ministerio Público se ha organizado, se ha capacitado, existen unidades especiales de funcionamiento que andan muy bien, y esperamos continuar con esta tarea de capacitación que incluso ha llevado a enviar fiscales a Estados Unidos en un convenio con el Ministerio de Justicia de ese país a capacitarse sobre la investigación de delitos complejos. Han venido capacitadores del Departamento de Justicia de ese país a la Argentina en 13 misiones lo que nos hace mirar hoy al Ministerio Público en un horizonte distinto, al menos, de otros poderes del Estado.
DJU: En cuanto al amparo presentado por el Ministerio Público contra el Poder Ejecutivo por el aumento de 200 pesos a sus empleados ¿se ha pedido una prórroga?
(NdeR: El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa iniciaron un amparo a fin de obtener el aumento de los 200 pesos para sus empleados a raíz de la equiparación que gozan con los empleados del Poder Judicial a quien el Consejo de la Magistratura les otorgara un aumento, aumento que solo fue percibido por los empleados que dependen del Consejo de la Magistratura, no así para aquellos que dependen de la Corte Suprema de Justicia. Días pasados el juez interviniente corrió traslado al poder Ejecutivo a fin de evacuar la vista del art. 8 de la ley de amparo en un plazo de 5 días que finalizaba hoy)
NB: Sí. El Poder Ejecutivo ante el amparo presentado por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de Defensa, ha solicitado una prórroga de 5 días para contestar la vista del artículo 8° que le ha dado el juez interviniente.
DJU: En relación al aumento la respuesta del Ejecutivo puede ser sí o no...
NB: Nosotros creemos firmemente que la respuesta debe ser sí, toda vez que existe una ley que equipara indefectiblemente los salarios de los jueces, funcionarios, y empleados del Poder Judicial, con los fiscales, funcionarios y empleados del Ministerio Público y también con los defensores.
DJU: ¿Se espera una resolución sobre el tema para antes de fin de año?
NB: Sí, yo entiendo que es una solución que debe darse cuanto antes porque, por un lado, están las reacciones legales de las autoridades del los Ministerios Públicos, pero por otro lado también está la protesta legítima de los trabajadores del sistema de administración de justicia, y en consecuencia, esa situación genera un cortocircuito en la eficiencia del servicio. Los paros, el trabajo interrumpido de las tareas provoca retardo en la administración de justicia, etc., algo que es necesario solucionar. El grifo se abrió por el lado del Consejo de la Magistratura, y bueno, ante la disparidad debe equipararse.
Por otro lado, entiendo que esta situación no se daría si al Ministerio Público se le distribuyeran los recursos coparticipables, una situación que estaba prevista en la ley de presupuesto del año pasado y que en el Congreso quedó sin efecto en la sanción ante el tratamiento particular en el artículo 31 del presupuesto, por un solo voto. Si el 3,5 de recursos propios se coparticiparan como debe ser y como venía en el presupuesto, con el 0,4 para el Ministerio Público Fiscal, y el 0,2 para el Ministerio Público de la Defensa, quedándole en consecuencia el 2,9 al Poder Judicial, nosotros estaríamos en condiciones de pagar el aumento salarial.
DJU: De la reunión anual de fiscales celebrada ¿que aspectos destacaría?
NB: La reunión anual de fiscales ha sido muy importante, porque si bien es cierto que los fiscales generales que vienen, tienen obligación de venir e informar lo que pasa en cada una de sus jurisdicciones, en realidad lo que hacen es presentar el informe con el cual se va completando la redacción del informe anual que debe presentar todos los años el Ministerio Público ante el Congreso el 1° de marzo. A su vez la presencia física de los magistrados del Ministerio Público que concurren fundamentalmente del interior del país, enriquece la discusión, surgen características muy especiales en cada una de las zonas del país, que enriquecen con propuestas, alternativas, e quietudes las decisiones que se deben tomar desde la conducción del Ministerio Público. Y además es un buen momento para el encuentro; el encuentro personal también es una de las cosas que enriquecen la función pública.
DJU: ¿Sobre qué proyectos está trabajando el Ministerio Público para lograr una mejor actuación?
NB: No es un secreto, yo lo digo, y lo digo siempre, que es necesario cambiar el modelo de investigación en materia penal. El viejo sistema inquisitivo debe ceder paso a un modelo acusatorio, moderno, equilibrado, que tenga al fiscal como director de la investigación, y al juez garantizando el debido proceso legal. Ello creo que más tarde, o más temprano, habrá de concretarse en una reforma legislativa.
La Aspiración del Ministerio Público es contribuir -y lo estamos haciendo en la faz preliminar con un estudio a cargo de un grupo de fiscales- con un proyecto de reforma procesal penal. En esa línea, porque ya hay algunas pautas de modelo acusatorio, por ejemplo la ley antisecuestros, el principio de delegación del art. 196 del Código Procesal Penal de la Nación o la investigación de los delitos con autores desconocidos, los N.N. Pero esto debe ser mejor reglado en un sistema ordenado, con un Código Procesal que tenga todos los condimentos de un modelo acusatorio porque la delegación como queda al arbitrio de los jueces, en algunos casos lo aplican criteriosamente, y en otros no.
DJU: ¿Qué inconvenientes podrían presentarse en este camino?
NB: El gran problema para que ello se concrete son dos: primero que nuestros fiscales estén capacitados para asumir la dirección de la investigación, y por eso es que hemos puesto mucho énfasis en estos años en la capacitación, y en segundo lugar la implementación del sistema. Porque fíjese, un juez de San Isidro, que tiene 7 secretarías con 40 empleados, le cedió la investigación (en el caso Belluscio) por imperio de la ley a una fiscal que cuenta con 5 empleados. Y a partir de ahí, si se implementa el modelo, debe hacerse con los recursos humanos, e instrumentales adecuados para que el fiscal ejerza la dirección de la investigación en forma más desinformalizada, más rápida, pero también con eficiencia.
DJU: En el proyecto de reforma procesal penal que el Ministerio Público lleva adelante ¿habría lugar para el juicio por jurados?
NB: Bueno, el juicio por jurados está previsto en tres normas constitucionales. Nunca se implementó. Pero, yo creo que con el desarrollo de las reformas y la excelencia a la que se apunta en el mejoramiento de las capacidades funcionales puede irse pensando en un sistema mixto. Es mi opinión. Y puede irse pensando en algunas experiencias con los llamados delitos de bagatela, delitos de menor cuantía. Pero hay una clara voluntad del Constituyente, y no del constituyente del ’53, sino del ’94, que no eliminó esa norma en la parte orgánica, en donde también está contenido el juicio por jurado.
DJU: El problema de la independencia entre fiscales y jueces, y de la justicia y el Poder Ejecutivo es un problema aún vigente en el interior ¿Cuál es su opinión al respecto?
NB: Bueno, en realidad, los casos del interior del país presentan escenarios muy especiales... en las provincias todos se conocen. Pero por lo pronto, el mandato legal que le da autonomía e independencia al fiscal ya ha generado una impronta importante. La insistencia de la cultura de la independencia es para nosotros muy importante, porque esto es una cuestión cultural. La corporación Judicial involucró a jueces, fiscales y defensores por más de un siglo, y con esta cultura arraigada, cuesta mucho terminar pero estamos terminando... y vamos a terminar.
DJU: ¿Usted se refiere a que éste sistema tiene sus propios anticuerpos?
NB: Exactamente. Y esta separación de las instituciones lo pone al Ministerio Público como un organismo de control, y este organismo de control... tiene que funcionar como un organismo de control.
DJU: En la Corte Suprema ante la demora en expedirse sobre algunos expedientes, algunos ministros apuntan a la Procuración. ¿Cuál es su opinión al respecto?
NB: El que dice eso es el presidente de la Corte, el doctor Fayt. El doctor Fayt a veces, en forma quejosa, dice “estamos lerdos porque hay demora en la Procuración en el envío de los expedientes” y los jueces de la Corte, los cortesanos son 9, y el Procurador es uno solo. Los expedientes los firma el procurador, y yo les puedo asegurar que no firmo nada sin ver, salvo algunas delegaciones que hago a los Procuradores Fiscales ante la Corte. Y hay algo más. El Procurador tiene que dictaminar, y tiene la gestión del Ministerio Público. En cambio la Corte, solo tiene que resolver, porque la gestión, la tiene el Consejo de la Magistratura.
DJU: Relacionado con esto, que piensa de lo dicho por el nuevo ministro Eugenio Zaffaroni, en tanto que sugirió una reducción de la competencia de la Corte.
NB: Yo estoy de acuerdo. Tiene que haber una reforma legislativa al respecto. Él propugna la Casación Federal, y yo estoy de acuerdo porque la competencia de la Corte se fue ampliando tanto en los últimos años que su intervención, en muchos casos se convierte en una instancia más.
DJU: Luego de haber dictaminado sobre la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final ¿Cómo ve lo resuelto por la Corte al exigir el paso previo de la causa por la Cámara Nacional de Casación Penal?
NB: Yo no voy a juzgar las decisiones de la Corte, no me corresponde. Sí me corresponde emitir juicios sobre las leyes, y emití ese juicio... hace un año, más de un año.
DJU: Teniendo en cuenta las autorizaciones solicitadas por varios integrantes del Ministerio Público para ocupar cargos en el gobierno ¿fue una mera decisión administrativa la negación a Stornelli a ocupar un hipotético cargo en lo que hubiera sido el gobierno de Macri, considerando que un permiso similar fue otorgado a Quantin y Lanusse para integrar el Poder Ejecutivo?
NB: En estos casos había una clara diferencia. El doctor Stornelli pedía licencia para un cargo electivo, eminentemente político. En cambio el pedido de colaboración que me hizo el Poder Ejecutivo sobre otros dos fiscales (Quantin y Lanusse), era para ocupar una función eminentemente técnica, y así y todo, luego de pedir una serie de dictámenes internos, y de reconocidos juristas externos en función del deber de cooperación que el Ministerio Público tiene por el artículo 120, y en una forma bastante condicionada, accedimos a esa petición.
DJU: ¿Qué posición tomó hacia adentro y hacia afuera la Procuración por las amenazas y “aprietes” que han sufrido varios fiscales en las últimas semanas?
NB: En los casos puntuales, el Procurador en forma inmediata ha solicitado al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación, y a la Policía Federal argentina, el cuidado específico y prioritario de los fiscales involucrados. La seguridad no es una cuestión de los fiscales ni de los jueces. La seguridad es una cuestión de la policía, de las fuerzas de seguridad, y por más que el afectado sea un fiscal o un juez, se debe pedir protección a las fuerzas de seguridad.
DJU: ¿Por qué no hubo una condena pública a tales hechos desde el Ministerio Público Fiscal?
NB: El Procurador, como ustedes han podido observar no es un funcionario mediático. Normalmente ejerce todas sus acciones en forma silenciosa, aparte del respaldo personal que inmediatamente recibieron por la parte de la Procuración los magistrados afectados.