Dju: ¿Cuál es su balance de la política de Seguridad y de Justicia que se implementó en la provincia de Buenos Aires en estos primeros 3 meses de la gestión de Carlos Ruckauf?
JC: En materia de justicia nos trazamos una política muy amplia; una a mediano y otra a corto plazo. En una primera etapa, vamos a atender la emergencia de lo que es la cuestión penal, a mediano plazo, vamos a trabajar sobre todos los fueros, no solo lo penal. Designé tres especialistas: uno en Minoridad, otro en Civil y Comercial y otro Laboral que se están ocupando de entrevistar a todos y cada uno de jueces, fiscales y todos los operadores del sistema. Por el otro lado me fijé la meta de recorrer todos los departamentos judiciales para saber cuales son sus necesidades, sus problemas para poder canalizar lo que son de resolución Judicial a través de la órbita de la Corte y los que son del Ejecutivo, a través de proyectos de leyes o lo que fuera, por parte nuestra.
Dju: Una de las preocupaciones de la gente en la provincia, son las cárceles. ¿Desde su ministerio se está haciendo algo para solucionar el problema?
JC: Se están diciendo muchas cosas. Hace unos días leí en el diario "La Nación", un reportaje a un funcionario nacional que hablaba de la existencia de 8.500 presos en comisarías de la provincia, un información que es absolutamente falsa. En este momento estamos en el orden de los 3.200. Si nosotros trabajamos sobre datos falsos cualquier diagnóstico va a ser errado. Tenemos en la provincia de Buenos Aires, 13.200 presos en unidades de detención que no están plenamente utilizadas o aprovechadas. Porque al tener tan bajo el nivel de condenados - estamos hablando de un promedio que no llega al 10 por ciento del personal detenido- evidentemente que las cárceles para este tipo de presos, tanto los de régimen cerrado como abierto o semiabierto, tienen muchísimo espacio sin ocupar. Nosotros no podemos revertir en forma inmediata este fenómeno, porque este fenómeno se debe a muchísimas causas y fundamentalmente se encuentra dentro del propio Poder judicial a la largo de los trámites y toda la burocracia que ha generado el sistema impide que haya sentencia en forma rápida. Entonces hay menos condenados que antes: en el año 1995 estábamos en el 35 por ciento de promedio, después de la reforma llegamos al 10 por ciento. Este fenómeno se reproduce en casi todo el país.
Dju: Esta baja en el porcentaje de personas condenadas por parte de los juzgados se produjo antes o después de la reforma del ex ministro Carlos Arslanián?
JC: Antes de la reforma Arslanián, sí, lo que hizo fue implentarlo. Aquí el problema es tratar de lograr que se ocupen adecuadamente los espacios, recuperar un numero importante de celdas que están destruidas e implementar un plan de construcción de cárceles que se está llevando a cabo. A partir del 6 de abril se inaugurará una unidad nueva, de una tecnología de primerísima línea de lo más avanzado en el mundo. Tendrá una capacidad de 1.100 detenidos en la localidad de General Alvear. Para su construcción, vamos a llamar a licitación para construir 10 cárceles que permitirá albergar a 600 detenidos cada una, con lo que vamos a tener una capacidad de 6.000 presos más. Todo eso en un plazo de 24 meses, aproximadamente.
Dju: La gestión de Arslanián fue muy criticada por el gobernador Ruckauf. ¿Cuáles son las diferencias entre la política que Ud. quiere aplicar y la de su antecesor?
JC: Las diferencias están en el hecho de que nosotros pensamos trabajar sobre las necesidades reales de la gente y los requerimientos del sistema. Antes se planificó todo sobre la base de un realismo mágico, es decir los fundamentalismos ideológicos gobernaron el diseño del sistema y aquí tenemos las consecuencias. Nosotros no venimos con fundamentalismos, venimos pensando en que hay que trabajar sobre la práctica, sobre la realidad y estamos auditando esa realidad para ver que resortes tenemos que tocar de la legislación y también de la implementación.
Dju: Pero seguramente, habrá muchas dificultades...
JC: Somos conscientes de ello porque una de las dificultades que no podemos superar son las internas generadas en el mismo Poder Judicial a partir de este nuevo sistema que le quitó el poder a los jueces de instrucción y se los dio a los fiscales. Esto generó conflictos institucionales y personales. Los conflictos institucionales son superables tocando el sistema, pero los personales no. Esos son los que más me preocupan porque se trasladan al ámbito de los expedientes. Esto es notable y en los pocos departamentos judiciales que recorrí, lo pude notar. Donde el conflicto es más evidente es en el de San Isidro.
Dju: Ahora, ¿cómo hace Ud. para cambiar un sistema cuando el anterior le nombra un montón de gente identificados con el proyecto que ahora Ud. quiere modificar o reemplazar?.¿Cómo se pueden lograr resultados con un grupo humano adverso?.
JC: Nosotros no vamos a cambiar todo el sistema, nosotros vamos a cambiar una parte del sistema, lo necesario. Porque reitero, no vamos a trabajar sobre la base de los realismos mágicos. Vamos a trabajar de cara a la gente y sobre lo que realmente necesita. En cuanto a las cuestiones políticas, el Poder Judicial es quien más rápidamente se adapta a los cambios. Esto lo ha demostrado toda la historia del Poder Judicial, lo que hay que evitar son los fundamentalismos. Y si el Poder Judicial no escucha a la gente, no se adapta a lo que ocurre a su alrededor, en la sociedad de la que ellos mismos vienen, evidentemente la sociedad les va a pasar por arriba. El nivel de credibilidad es muy bajo en este momento y hay que recuperarlo. Esa es la meta que yo me fijé: que el pueblo recobre la credibilidad en la Justicia.
Dju: Pero mientras los políticos hablan por radio, diarios o televisión, la gente sufre los asaltos, las violaciones, las muertes. ¿Cómo van a hacer en la práctica para mejorar el nivel de inseguridad de la población?
JC: La ecuación es simple: hay un número muy importante de delincuentes que entran y salen. Nosotros queremos cortar el flujo de esa puerta giratoria. Queremos que la gente camine libremente por la calle y sin miedo. Y para ello significa meter preso a los delincuentes. Ello significa reformar la ley excarcelatoria que es lo que hicimos. En segundo lugar, hay que incentivar el poder de la policía en materia de investigación. Para eso dimos el primer paso que fue la ampliar la facultad de requisa en la calle y de interrogar al detenido en el lugar y el momento donde se produce la detención.
Dju: ¿Cómo hace para asegurar la seguridad en la Provincia, si otras provincias o la Nación misma no aplican los mismos criterios?
JC: Pese a sus internas, hoy veo con agrado que el gobierno nacional, una vez más, está siguiendo las políticas de seguridad del doctor Ruckauf. Desgraciadamente, lo hace unos meses más tarde y todavía no termina de definirse. Pero tendrá que hacerlo porque advierte que la Capital Federal, en relación al número de habitantes, tiene muchos más delitos que la provincia de Buenos Aires.
Dju: Pero la Alianza, en la provincia de Buenos Aires, no acompaña mucho a la política de Seguridad de Ruckauf pese a que votó las leyes...
JC: La alianza, en un principio, se mostró remisa. Hizo un guiño a la izquierda y después terminó a la derecha. Cuando la alianza tuvo que votar esto es porque le han bajado línea desde el gobierno nacional. De esto no hay dudas, porque el discurso del presidente (Fernando) De la Rua en el Consejo de Seguridad Nacional, bien lo podría haber dicho yo o lo podría haber dicho el doctor Ruckauf. Cualquiera de los sindicados como de la "línea dura".
Dju: ¿Ud. le adjudica a De la Rua estar en la "línea dura"?
JC: En realidad, no hay línea dura versus garantismo. El conflicto es, si estamos del lado de la gente o de los delincuentes; si buscamos el necesario equilibrio que toda norma procesal tiene que tener entre el interés que exige la sociedad de que los delitos se investiguen, se esclarezcan y se sancionen, o el interés exclusivo del individuo por su libertad, del individuo sometido a proceso. Yo creo que una buena ley procesal tiene que ser equilibrada. Ni de un lado, ni del otro.
Dju: Ahora por estas definiciones, ¿no cree Ud., que está dando una idea del retorno al pasado, al gatillo fácil, a una policía incontrolable?.
JC: Si nosotros no encauzamos a través de la ley adecuadamente las necesidades sociales, la sociedad va a empezar a pedir gatillo fácil, va a empezar a hacer venganza privada. Esto ya es fenómeno conocido. Nosotros tenemos que encauzar este requerimiento social a través de la ley. Y para evitar esos resabios autoritarios que pudiera tener la policía, incluso de corrupción, la política que nosotros planteamos es muy simple: dureza con la delincuencia pero doblemente duros con los policías que tengan la mano sucia o se excedan en la ejecución. En esto vamos a ser inflexibles.
Dju: Parece un discurso de (Aldo) Rico. ¿Cómo se lleva con el secretario de Seguridad?
JC: Muy bien.
Dju: Le pregunto porque Ud. es un hombre de derecho y Rico es un hombre de facto. ¿Puede congeniar el trabajo?
JC: Rico es un hombre que tiene muy claro que es lo que quiere, que es lo que necesita y cómo conseguirlo. Rico naturalmente es un conductor de fuerzas. Y la conducción no es solamente el don de mando, sino de organización. Rico está reequipando a la policía, reeducando a la policía. Rico está pensando al policía del siglo 21, en un plan de 4 años que los vamos a notar recién en ese plazo aunque dentro de poco se van a notar algunos beneficios.
Dju: ¿Se puede de trabajar con un Rico formado en una estructura de pensamiento militar dentro de un esquema de Derecho?.
JC: Se puede, porque Rico ha evolucionado y lo ha demostrado en su trabajo político en el ámbito de la localidad de San Miguel donde fue elegido por el voto popular en dos oportunidades. Caminando por la calle con él, uno se da cuenta del nivel de adhesión por parte del pueblo.
Dju: ¿Es cierto que los presos entran y salen cómo quieren de la cárceles de la provincia de Buenos Aires?
JC: Eso no es así. Esa denuncia me preocupó, mandé a hacer una denuncia no solo administrativa sino penal pero también hice una auditoria de presos que habían salido con el régimen de salidas transitorias...
Dju:. ¿Y cuáles fueron esos resultados?
JC: En lo que va de la aplicación de este régimen 1999/ 2000 salieron 221 detenidos. Sobre una población de 13.200, no es nada. De los 221, solamente 17 no volvieron de sus salidas transitorias. De esos, dos están muertos.
Dju: Sí, los que mató la (Policía) Federal en la Paternal. Ahora, ¿cual es la versión oficial sobre Rainier que según se dice, fue dejado inexplicablemente libre?
JC: La Junta de Disciplina que depende del Servicio Penitenciario Federal y que es el más alto organismo para asesorar a los jueces informó que era inconveniente. Pero parece que la Cámara (Criminal de Apelaciones de La Plata) tomó un informe favorable de un organismo secundario que depende de esta Junta y lo excarceló.
Dju: ¿Qué fue lo que falló, el sistema carcelario o los jueces que lo dejaron libre?
JC: Falló todo. Creo que falló la ley que no definía bien estas situaciones y hubo mucha confusión en su aplicación. El sistema de salidas transitorias está hecho exclusivamente para condenados, no para procesados y en esta lista de 17 hay muchos que son procesados. En segundo lugar, la ley de Ejecución Penal establece como único órgano asesor a la Junta de Clasificación, que, solo en tres o cuatro casos, dijo que sí. En el resto se tomaron otros organismos que no están facultados por la ley para asesorar a los jueces. También hay que tener en cuenta "el espíritu navideño" que suele envolver a algunos jueces porque este hombre fue dejado libre entre el 24 y 25 de diciembre.
Dju: ¿Qué va a hacer el ministerio de Justicia con respecto a esos jueces?
JC: Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada porque no es nuestra función. Nosotros le hemos informado a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Ella está analizando caso por caso. Aquí se trata de un poder claramente independiente que vamos a respetar.
Dju: Pero, la Corte le contestó al propio gobernador...
JC: No la Corte en ningún momento le contestó al gobernador. La corte le solicitó informes al gobernador, quien ratificó sus dichos y le hizo saber que había hecho esas declaraciones en función de un informe que yo le había elevado días anteriores. Por eso yo le pedí una audiencia a la Suprema Corte. Asistí a la audiencia que le había pedido y di pormenorizada explicación de lo que había ocurrido en el caso concreto.
Dju: ¿Se descartó el conflicto de poderes?
JC: Si porque, por otra parte, le hicimos saber la necesidad de reflexión de algunos miembros del Poder Judicial de la provincia que parecen no darse cuenta que integran un poder del estado dentro de un sistema republicano de gobierno. Ellos deben dar cuenta de sus actos como cualquier otro poder y soportar con hidalguía las críticas jurídicas que tengan sus fallos. Nunca van a escuchar a este gobierno, presionar o sugerir o asesorar de ningún modo, como tienen que resolverse las causas. Pero cuando las resoluciones no estén de acuerdo con el punto de vista jurídico de lo que nosotros pensamos van a tener que soportar las críticas.
Dju: Esto lo dice por (Federico) Domínguez (presidente de la Cámara de Casación Penal provincial).
JC: Domínguez es un tema que no entiendo porque no me he ocupado de él. Pero un juez, lo primero que debe tener es prudencia y cordura. El no lo ha demostrado. Tampoco entiendo porque Domínguez, que es presidente del máximo órgano penal que tiene la provincia, cuya función es juzgar y meter preso a los delincuentes, se enoja con el doctor Ruckauf porque Ruckauf quiere que los delincuentes estén presos. Y por otra parte me parece inentendible que no entienda que la ley de Ejecución Penal puede ser modificada por otra ley y que no es el gobernador el que dicta las leyes sino otro órgano u otra institución de la Democracia que es la Legislatura. Si el gobernador quiere a los homicidas y a los violadores que no tengan un régimen de salidas transitorias, sobre todo por lo aberrante de los crímenes. Y porque la sociedad cuando pide condenas a 8/9 años quiere que se cumpla ese tiempo en la prisión y no que los condenados salgan al poco tiempo de ser encarcelados. Lo único que hace el gobernador es pedirle a la Legislatura que lo apruebe, si la Legislatura lo aprueba no veo que hay de autoritarismo en eso. Por eso no puedo discutir a nivel jurídico una cosa que no entiendo.
Dju: Ud. habla de construir más cárceles, pero la solución pasa ¿por construir más cárceles o por mejorar la capacidad humana del sistema?
JC: Es fundamental la readaptación social. Cuando estaban todos estos chisporroteos en los medios políticos y de comunicación sobre la excarcelación de Rainieri y la dureza en las penas, yo estaba con el ministro de Educación de la provincia inaugurando el ciclo lectivo en las cárceles. Pero eso no trascendió. Fíjese que importante es que el Servicio Penitenciario sobre un total de 13.200 internos, tiene este año 4.761 alumnos, entre los que están cursando el primario, el secundario y el ciclo superior. Incluso en el Ciclo Superior hemos tenido un caso, de un estudiante de Derecho que en 26 meses se recibió de abogado. También tenemos muchísimos trabajadores, más de 3.400 dentro del servicio. O sea que tenemos unos 8.000 internos sobre un total de 13.000 que se están readaptando en el trabajo y en el estudio. Y para construcción de las cárceles, las empresas están obligadas a tomar el 10 % de condenados o de liberados, entre el personal para construir la cárcel.
Dju: Ustedes, tienen convenios con los municipios...
JC: Sí, estamos trabajando en la readaptación del individuo para devolverlo a la ciudad. Y en este marco, hemos hecho un convenio con la Municipalidad de Mar del Plata para reactivar la fábrica de bloques de la cárcel de Batán. La Municipalidad de Mar del Plata se ha comprometido a comprar toda la producción. Lo mismo hemos hecho con la cantera de Sierra de Chica, a través del sistema de leasing, sin poner un solo centavo, vamos a poner un nuevo equipo en funcionamiento que va a permitir producir piedra para la construcción y para hacer caminos a un costo que oscila entre el 50 y 60 por ciento menos que el precio que se consigue en el mercado.
Dju: ¿Cómo imagina el futuro de su gestión?
JC: Espero cumplir con el proyecto, soy optimista.
Dju: ¿Cuánto le falta hacer?
JC: Ahora, vamos a auditar y a tomar información de los distintos departamentos judiciales; vamos a meter el bisturí dentro del Código de Procedimientos, y también de la Ley Orgánica de la policía. Eso en nuestras áreas, pero no dejaremos de atender áreas muy importantes como trabajo y educación. No se puede combatir el delito si en la escuela no se educa sobre la base del principio de autoridad, el valor de la familia, el valor del trabajo. O sea, volver a los valores morales que nos enseñaron nuestros padres.
Dju: ¿Ud. comparte el pensamiento que sostiene que el aumento del delito obedece a una grave situación económica y social?
JC: Hay muchas causas del delito: la miseria es una de ellas. Pero los que dicen que la pobreza es la base del delito, están ofendiendo a los pobres. Los que más sufren el delito son los pobres. El hombre de trabajo que sale de su casa a la mañana y tiene que tomar un colectivo, se está jugando la vida por unos centavos; la gente de trabajo que no puede encerrarse en countries, que no puede contratar vigilancia privada, que no puede poner rejas porque de una patada le pueden tirar la casa abajo, esa gente es la que mas sufre el delito. Es cierto que el que tiene hambre puede salir a robar pero estas bandas que están robando bancos, que están robando camiones, robando autos, que matan en la calle por un par de zapatillas, esos no tienen hambre. El que tiene hambre roba un queso, o roba plata para comer pero no sale a robar un auto porque es más complejo.
Dju: También existen otros problemas que sufre la gente en el servicio de Justicia en la provincia, como son la lentitud de los juicios laborales, civiles o comerciales. ¿Qué piensan hacer para solucionar esa situación?
JC: Ese es uno de los puntos de mayor preocupación nuestra. El presupuesto del Poder Judicial se ha ido incrementando año a año, sobre todo por la implementación de la Ley Procesal Penal y la nueva orgánica. A partir de este año que va estar terminada toda la legislación penal, vamos a dirigir esos recursos a la Justicia Civil y de Menores porque ahí también hay necesidades urgentes de la sociedad,. El tema es que la seguridad es la mayor preocupación de la gente, las encuestas la ubican en primer lugar, por encima de la Educación.
Dju: ¿Ud. cree que lo va acompañar el Poder Judicial?
JC: Yo confío que sí. Por lo que dije al principio: si el Poder Judicial no acompaña, la gente lo va a pasar por arriba.
FOTO: Atención del diario EL DIA de La Plata.