El letrado acusó a Romero -sobre quien pesan cuatro pedidos de juicio político que mañana serían tratados en la Comisión de diputados- de "no haber impedido" que el ex defensor Luis Cayuela, presuntamente mal designado en el cargo, "cobrara un retroactivo por derechos pecuniarios devengados", al igual que lo hicieron otros funcionarios de ese órgano judicial.
Cayuela fue designado transitoriamente en reemplazo de la defensora oficial Silvia Otero Rella, y permaneció en el cargo al regreso de la funcionaria de su licencia.
Monner Sans fue quien el 5 de julio de 1999 dio origen a la causa judicial contra Romero y Cayuela, por entender que este ultimo había sido mantenido en el cargo como Defensor Oficial "sin acuerdo del Senado de la Nación y en violación a lo que establece el artículo 5. de la Ley 24.946".
Ante la requisitoria de la fiscalía para que se investigue la irregularidad denunciada, el juez Claudio Bonadío inició una causa y pidió el juicio político de Romero quien, por otra parte, prescindió de los servicios de Cayuela, quien había tomado intervención en resonantes casos como la voladura de la AMIA. y la causa IBM-Banco Nación.
Ahora, el abogado amplió su denuncia y pidió que se investigue si Cayuela, mientras se mantuvo en el "cargo que no podía ejercer" por no contar con el acuerdo del Senado, "recibió una paga mensual como camarista" y si cobró "también el retroactivo por derechos pecuniarios devengados".
Asimismo, advirtió que "por un sólo cargo, el de la doctora Otero Rella, cobraron retroactivo tanto ella -que le correspondía- cuanto Cayuela, a quien no le correspondía".
Diario Judicial informó semanas atrás acerca del pedido de juicio político (el cuarto) contra Romero a raíz de una denuncia presentada por el juez Civil Jorge Noro Villagra, quien acusó al defensor de designar patrocinantes en causa donde la solvencia de las partes estaba más que demostrada, ya que, en algunos casos se trataba de sucesiones millonarias.