El abanderado del primer argumento aparece el gobernador bonaerense Carlos Rucakauf y el secretario de Seguridad nacional, Enrique Mathov. En la vereda opuesta se inscribió aunque atenuando las formas el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra que obligó a una desmentida a De la Rúa sobre declaraciones de Mathov de copiar a Ruckauf.
Sin embargo, ayer Gil Lavedra sorprendió al dictar una resolución que promueve una consulta a las cámaras nacionales de Casación Penal, Criminal y Correccional de la Capital Federal y Penal Económico. Como corresponde en el protocolo judicial y para no herir susceptibilades -tan apegados los hombres de la Justicia- iniciará la ronda de consultas este viernes a las 10 con los camaristas de la Casación Penal, cuya mayoría suele representar a la corriente dura del Derecho. Gil Lavedra tratará de calmar el malestar que se generó en los Tribunales a raíz de su proposición directa al Congreso de crear un fuero Penal Tributario sin concultar a la Corte que veladamente se lo reprochó al Gobierno y al Congreso. Después de terminar con los jueces, el ministro de Justicia seguirá con los jefes de la Policía Federal, de Gendarmería y Prefectura. Con el procurador General, Nicolás Becerra y con la Corte ya se reunió.
La resolución ministerial sostiene que "se debe requerir a los señores jueces e integrantes de los ministerios públicos con competencia en materia penal en jurisdicción nacional, hagan conocer a este ministerio, su opinión en torno a las facultades asignadas a la autoridad policial en el artículo 184 del Código Procesal Penal y, en su caso, las reformas o ampliaciones que entiendan necesarias de introducir, así como acerca de las deficiencias que hubieran advertido en el actual sistema de enjuiciamiento y las medidas que consideran adecuadas adoptar para superarlas". Para recopilar todas esas opiniones, Gil Lavedra puso a trabajar a sus subsecretarios de Justicia y Asuntos legislativos y de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios.
En los considerandos se sostiene lo siguiente:
# El sostenido crecimiento de los delitos contra la propiedad cometidos con violencia perjudica de modo preponderante a los habitantes de los grandes centros urbanos y, más allá, de las consecuencias que ocasionan a los damnificados directos, afecta a la comunidad en su conjunto produciendo una generalizada sensación de inseguridad.
# A los efectos de revertir ese fenómeno se entiende imprescendible la reformulación de las acciones del Estado en materia de vigilancia preventiva, represión del delito y reinserción social del delincuente, como así también el fortalecimiento de las instituciones a cuyo cargo se encuentran esas tareas, concreción de políticas sociales activas destinadas a la contención de los sectores de alto riesgo, el fenómeno de la participación comunitaria.
# Idéntica prioridad se asigna, asimismo, a la actualización del marco normativo para el enjuiciamiento de los delitos denunciados, pues el análisis estadístico demuestra que, sin perjuicio de las reformas legales recientes y el esfuerzo del órgano judicial, el crecimiento delictivo apuntado no ha obtenido respuesta institucional correlativa, verificándose en la última década una persistente merma en la cantidad de condenas dictadas por año.
# Para una eficaz concreción de este último objetivo se estima de suma utilidad -dentro del marco de la división republicana de poderes- con el aporte de jueces y representantes del ministerio Público con competencia penal en las jurisdicciones nacional y fedetral, respecto de algunos de los temas que hoy se encuentran en el centro del debate público relacionado con la segeuridad y la eficacia de los operadores en el sistema penal.