Según la versión oficial en aquel momento, los piqueteros del Movimiento de Unidad Popular, Frente Unido de Trabajadores Desocupados (FUTRADE), Frente Independiente de Trabajadores Ocupados y Desocupados (FITOD), Movimiento de Unidad Popular 20 de diciembre (MUP20) y la Tendencia Clasista 29 de mayo sitiaron el edificio para impedir la salida de empleados y funcionarios durante toda la noche, incluído el ministro.
Sin embargo, llamado a ratificar la denuncia, el ministro Tomada lo hizo “en términos generales” según confirmaron fuentes judiciales, aunque el escrito tiene matices que obligarían al juez Oyarbide a, más tarde que temprano, ordenar el archivo de la causa o, al menos, dejar de lado la figura de la privación de la libertad.
Es que de la presentación del ministro se entiende que su pernocte en el ministerio se debió más a una decisión personal que a una determinación por la fuerza. Según pudo establecer Diariojudicial.com, el ministro contó que hubo una tanda de empleados que pudo salir por la tarde y otra por la noche, cuando el piquete ya estaba instalado.
Tomada aseguró que consultó con la policía apostada frente al ministerio, quienes le dijeron que si había alguna posibilidad de despejar la zona sería utilizando “la fuerza pública”. En ese momento, fue el ministro –y en principio, no los piqueteros- el que decidió permanecer en el edificio para prevenir hechos de violencia, porque entre los manifestantes “había mujeres y niños".
Para la semana que viene, está prevista la declaración ante el juez Sergio Torres –subroga a Oyarbide, de licencia- del jefe de seguridad del Ministerio y del personal de la comisaría 1°, con jurisdicción en el lugar.
El fiscal de la causa, Luis Comparatore, emitió en su momento un requerimiento de instrucción para que se investiguen los hechos y se identifique a los piqueteros para detenerlos. Sin embargo, Oyarbide eligió un camino menos drástico, más en sintonía con el paso al costado que terminó dando el mismísimo denunciante.