Por medio de la disposición 2/2003 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales se habilitó el Registro Nacional de Bases de Datos que funcionará en el ámbito de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Secretaria de Política Judicial y Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, el que se implementará dentro de los 180 días de publicada la presente norma, para los archivos, registros o bancos de datos privados. Dispónese la realización del primer censo nacional de bases de datos que, con carácter obligatorio, se implementará dentro de los 90 días de publicada la presente. De los considerandos se desprende que en una primera etapa se implementará el registro de referencia con relación a las bases de datos privadas, para posteriormente, hacer lo propio con las bases de datos públicas. En tanto se expresa que el censo tiene como objetivo, además de cuantificar el universo de archivos, registros o bancos de datos regulados por la Ley de Protección de Datos Personales, la finalidad de conocer la composición cualitativa y sectorial de los actores que desarrollan el tratamiento de datos personales. (Texto al final)
Designación
Por medio del decreto 1133/2003 el presidente Kirchner cubrió la vacante del cargo de Fiscal de Control Administrativo de la Oficina Anticorrupción dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, producida por la renuncia de su anterior titular. Para tal función fue designado Emilio Daniel Morin.
Juicio por la represión
La juez María Servini de Cubría elevó a juicio oral la acusación contra el subcomisario Omar Bellante y el detenido coronel retirado del Ejército Jorge Eduardo Varando, acusados de encubrir y cometer respectivamente el homicidio del joven Gustavo Ariel Benedetto, una de las víctimas del trágico 20 de diciembre de 2001, el día final del gobierno de Fernando De la Rúa. Benedetto murió frente a la sucursal del Banco HSBC en la avenida de Mayo y Chacabuco, en pleno microcentro porteño, por disparos que provinieron desde dentro del edificio. Cuando requirieron la elevación a juicio, los fiscales Patricio Evers y Luis Comparatore recordaron que Benedetto recibió un “disparo de arma de fuego en su cabeza”, con balazos provenientes “desde dentro” del Banco por “personal policial y de seguridad privada del lugar, luego de que un reducido grupo de manifestantes agrediera a la institución financiera con piedras”. El Tribunal que deberá llevar adelante el juicio oral es el TOF 2, integrado por los jueces Eduardo Mugaburu, Luis Velasco y Jorge Tassara. Fuentes judiciales entendieron que por el principio de “conexidad”, ese será el Tribunal que deberá entender en otros procesos similares que se elevarán en el futuro, ya que –en total- son cinco las víctimas fatales de la represión del jueves negro.
El tiempo pasa
Un hombre que había sido condenado por un homicidio logró su libertad a raíz de que la causa que se seguía en su contra prescribió dado que la sala 3º de la Cámara del Crimen de Salta nunca inició un nuevo juicio tal como lo había dispuesto la Suprema Corte provincial. Francisco Alvarez había sido condenado a 3 años de prisión por homicidio preterintencional, hecho ocurrido en 1994. Cuando la condena fue apelada, el máximo tribunal provincial declaró el 12 de diciembre de 2002 la nulidad de lo actuado y en esa oportunidad ordenó que se realizara un nuevo proceso. El tribunal inferior tuvo en su poder ocho meses el expediente hasta que el abogado de Alvarez solicitó la prescripción de la causa, al advertir que los jueces habían dejado vencer todos los plazos procesales, con lo cual el hombre, que en un primer momento había sido condenado por la sala 2 de la Cámara del Crimen, quedó libre de culpa y cargo, señaló El Tribuno.
Cautelar
Una medida cautelar tendiente a evitar que prosigan las negociaciones entre el Poder Ejecutivo Nacional y las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) fue solicitada al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo de Jorge Ballestero. El pedido lo formuló el escribano Marcos Mayo, quien reclamó que se dicte una medida de no innovar para evitar que continúe “la negociación entre las AFJP y el Estado Nacional hasta que no se determine si la situación actual de las partes que negocian”, -señaló- son “producto de la comisión de un delito” que “sería permitir la eventual consumación de un fraude” en referencia a la posible quita del 75 por ciento de la deuda que el Gobierno tiene con las AFJP, lo que afectaría en forma directa a los afiliados.