Diario Judicial: ¿En qué estado se encuentra su proyecto luego que quedó claro que no tenía avales del Poder Ejecutivo para seguir adelante?
Diputado Ricardo Gómez: El proyecto está en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero creo que es muy difícil de que pueda ser tratado. No creo que lo hagan porque no quieren tratar ni ese tema ni el tema de (la intervención a la provincia de) Santiago del Estero.
Dju: ¿Por qué?
RG: Porque ellos creen que debe haber una indicación clara del presidente de la Nación en estos dos temas si no, si no hay una señal clara, no van a avanzar, esta es la postura del oficialismo.
Dju: ¿Cómo interpreta usted las opiniones que hubo desde el gobierno cuando empezó a tomar estado público su proyecto? porque si bien hubo algunas voces que se alzaron en contra siempre quedó latente la posibilidad de discutir el mismo proyecto con variantes. ¿Esa sigue siendo una alternativa?
RG: Si, si. Yo creo que en muy poco tiempo, antes de fin de año va a haber un proyecto de ley o va a haber una acción de gobierno o algún tipo de indulto para dar una respuesta a este tema. Ya sea por el debate que nosotros provocamos a través del proyecto de ley de amnistía o por un desprocesamiento, pero evidentemente aquí habrá una respuesta que se va a dar y que va a tener que surgir a corto plazo. Estoy convencido.
Dju: ¿Y esa respuesta sería para todos los casos? Le pregunto porque se habla de la posibilidad de restringir los delitos amnistiables.
RG: Los casos son entre 3.000 y 4.000. Hay quienes se oponen a este proyecto de ley de amnistía a partir de definirlo como muy amplio y que podía terminar permitiendo el desprocesamiento, entre comillas, de quienes orillarían en la delincuencia. Y nada más alejado de la realidad que eso. Creo que algunos han hecho la crítica desde la buena intención, por eso aceptábamos y aceptamos las modificaciones que se le puedan hacer al proyecto de ley.
Dju: ¿Cuáles son las alternativas?
RG: Fundamentalmente en dos temas, el período a considerar y los hechos. Esas dos modificaciones nosotros la aceptábamos y de hecho están en discusión, porque son críticas que buscan consensuar y que están movidas por la preocupación de darle una respuesta a este conflicto social que se ha heredado. Pero también hay una crítica que responde más a una concepción ideológica, que cree que el problema social de la única manera que se soluciona es con la represión y con el Código Penal. Eso lo rechazamos de plano.
Dju: El Código penal en su opinión no sirve para resolver la cuestión vinculada a la protesta social?
RG: Yo creo que el Código Penal es una herramienta que tiene el Estado para aplicar en aquellos delitos con pleno corte individual. No creo que sea la respuesta para un accionar colectivo. Y cuando digo colectivo me refiero fundamentalmente a cuando se trata de hechos generados desde lo social, desde lo político, desde lo gremial o desde lo estudiantil. Piense que en los últimos diez años respuestas que debieron ser políticas se dieron desde el Código Penal. Vayamos al ejemplo de la penalización de quienes poseen para consumo bajas cantidades de drogas. Lo que se buscó fue meterlo en el Código Penal, perseguirlo, reprimirlo. Hoy los jueces federales tienen que resolver el caso de un narcotraficante o el caso de un chico que salió de un boliche con unos gramos de cocaína o de marihuana. ¿No es cierto? Entonces también para el tema social, educativo o gremial se ha aplicado el Código Penal cuando las soluciones son políticas, no son soluciones del Derecho. Esto es lo que decíamos nosotros en los fundamentos del proyecto. Es decir: es ilícito la utilización del derecho penal para el reclamo político social. Desde ese punto de vista nosotros creemos que no debe ser utilizado.
Dju:¿Cuál sería entonces la solución? RG: La solución debe ser política. Primero porque estamos convencidos que la causa por lo que esto ha sucedido es una causa que tiene que ver con medidas políticas económicas que ha tomado un gobierno. Un modelo político, un modelo económico que para algunos sectores, para un sector muy grande de la sociedad fue perjudicial. Los que perdieron el trabajo y perdieron la posibilidad de educar y poder brindarles salud y vivienda digna a sus hijos.
Dju: Usted me hablaba antes de que había una posibilidad de debatir el período que debía incluir la amnistía. Pero ese debate también lleva implícito una cuestión política, porque determina que las protestas ocurridas durante un gobierno provisional, como el de Eduardo Duhalde o posteriores, ya con una restauración institucional a partir del gobierno de Néstor Kirchner, tienen diferentes status.
RG: Nuestro proyecto dice que el 25 de mayo de 2003, es la fecha máxima para esta amnistía. Nosotros, algunos de los que fuimos los autores, junto con los organismos de derechos humanos creíamos que este proceso se comienza a partir del plan de Convertibilidad, en 1991. A partir de esto sucede lo de Ledesma, lo de Mosconi, lo de Cutral-Có. A partir de esto la sociedad todavía tiene docentes procesadas y que no pueden dar clase por haber participado en cortes de rutas. Tenemos sacerdotes que están procesados por haber participado con el conjunto de sus comunidades en cortes de rutas o en protestas. Esta situación que para nosotros fueron de injusticia se dieron y hay casos a partir del 91 con el plan de convertibilidad. Hay otros que dicen no, que se debe tomar desde la decadencia del modelo o las consecuencias más fuertes a partir de 1998 y hay otros que proponen a partir de enero del 2001, cuando se pronuncia con todo la crisis que termina el 19 y 20 de diciembre de 2001.
Dju: O sea que en definitiva también en este plano sería un debate político y no jurídico.
RG: Por supuesto. Es un debate político, de donde creemos que nacen las causas de esta situación.
Dju: Desde el plano político también se podría decir que las consecuencias del modelo de la década del 90’ siguen vigentes ahora, ¿cómo se salda esta cuestión del reclamo justo con un mecanismo de protesta que resulta por momentos injusto o inconveniente?
Dju: Claro, si acá no se resuelve el tema de fondo estas situaciones se van a seguir provocando. Es muy difícil que la protesta social tenga otra metodología. No creo que acá en la Argentina veamos un grupo dando vueltas alrededor de una plaza con carteles sandwich que digan: “quiero comer” o “nos deben educación”. Ni en Estados Unidos ocurre esto, allí cuando los sectores salen a protestar contra la globalización, las movilizaciones terminan lamentablemente en grandes revueltas. La protesta social, cuando es protesta es porque no hubo un Estado que puso su atención y su oído. Y el reclamo no puede ser encuadrado en un lugar y que no detenga la circulación. El reclamo es el reclamo, como desde años uno sale a reclamar, a protestar. Y en esto soy muy crítico con el bloque oficial del Partido Justicialista, ellos reivindican el 17 de octubre, ellos reivindican las patas en la fuente del 17 de octubre, recuerdan a los cabecitas negras. Pero estos cabecitas, los de hoy, son los hijos o los nietos de aquellos. Y a estos los reprochan o los reprimen. Cuando sale una propuesta de judicialización de la protesta social sale precisamente del bloque del justicialismo, es el más reaccionario en cuando a este tema. Ellos que su origen, su origen precisamente fue en los negros que salieron a la calle.
Dju: ¿Por qué habría que amnistiar entonces sólo hasta la fecha de asunción de Kirchner?
RG: Porque el 25 de mayo de 2003 aparece un nuevo gobierno que plantea solucionar los problemas, dialogar en una mesa, buscar las soluciones en un camino conjunto. También se hizo un pedido, una exhortación a las organizaciones sociales para que revean y modifiquen sus métodos. Pero claro, es muy difícil modificar los métodos cuando sucede algo como lo de Neuquén (NdR: se refiere a la represión policial a beneficiarios de planes locales en esa provincia, ocurrida la semana pasada). Nosotros podemos hacer un largo listado de los muertos y los heridos en estos años y de ayer nomás, pero del lado policial no he visto nunca a un policía muerto en una revuelta social. Esto lo decía Jauretche: las balas perdidas siempre terminan en un cuerpo, y siempre son los mismos.
Dju: ¿En función del relevamiento que ustedes hicieron, aparecen muchos casos de imputaciones por delitos no excarcelables?
RG: Las figuras que se endilgan son asociación ilícita, extorsión, resistencia a la autoridad, usurpación… Dju: Y los cortes de ruta… RG: Si, el corte de ruta, que está previsto en el Código Penal. Hace poco la gente de las Ligas Agrarias de Entre Ríos contaba claramente que están procesados chacareros y dirigentes agrarios por cortes de rutas y asociación ilícita. Y ellos, al igual que las maestras, o gente de Jujuy, todos los meses tienen que ir a un juzgado, presentarse para firmar. También hay mujeres en Chivilcoy, que han impedido el remate de campos y fueron reprimidas. Son mujeres de campo, que son de sectores medios, que incluso han sido encarceladas en Mercedes. Me hace acordar a una canción: “los maderos de San Juan, piden pan, no le dan y si vuelven le cortan el pescuezo”, esto es así.