Para esa fecha está previsto que la legislatura porteña comience a tratar los proyectos de modificación del Código Contravencional, que tienen como eje central devolverle a la policía mayor potestad de control y la facultad de detener personas en la vía pública en base al “olfato policial”.
Serán sesiones extraordinarias, que fueron pedidas en diciembre pasado por el bloque Compromiso para el Cambio, liderado por Mauricio Macri, en un hecho atípico, ya que los períodos especiales son convocados por el jefe de Gobierno para tratar una agenda acotada de temas.
En rigor, cerca del reelecto jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, se dice que las modificaciones apuntarán a consagrar la transferencia de las competencias de la Justicia Penal nacional a la local, un tema que de cualquier forma esta aún en pañales, a pesar del acuerdo que el mismo Ibarra firmó en diciembre de 2000 Aníbal Ibarra firmó con el entonces presidente Fernando De la Rúa para transferir progresivamente algunas competencias.
Actualmente en la Legislatura hay un proyecto de Código Procesal Penal cuyo autor es del diputado macrista Jorge Enríquez y que es, según adelantan fuentes de ese cuerpo, sobre el que se trabajaría a partir de febrero, en paralelo a la modificaciones al código de convivencia.
El proyecto, que lleva el número 1934 de 2002 y se publica completo junto a esta nota, prevé la derogación lisa y llana del Código vigente “varias veces modificado y que no dio los frutos que la comunidad esperaba”, remarca en los fundamentos.
Aunque los alcances de la reforma aún no están claros y el camino a recorrer promete sinuosidades, asambleas vecinales y organismos de derechos humanos anuncian que presentarán batalla. Es el caso de la Asamblea Vecinal de Villa Pueyrredón, que ya indicó que los cambios buscan la “criminalización de la protesta” social.
“Con la reimplantación de las figuras del acecho y el merodeo, aumentarían las prerrogativas policiales para detener personas en la vía pública”, alertan, al tiempo que califican al gobierno de Aníbal Ibarra como de “pseudoprogresista”.
Por otro lado, a través de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) se nuclearon otros grupos que se oponen a las reformas. En un comunicado de la organización, se indica que “los proyectos de reformas, en su conjunto, tienden, en general, a la restricción de derechos, reinstalando en la ciudad de Buenos Aires el contenido de los derogados edictos policiales”.
“Aprovechando el receso de verano y ante la evidencia de que las políticas tanto del Estado nacional como del local no logran asegurar el acceso de numerosos grupos sociales a los derechos básicos de ciudadanía, la nueva legislatura retoma el gesto de 1999 y se apresta a afilar y producir otra herramienta inconstitucional de control social”, advierten en CORREPI.
Por otro lado, en la legislatura advierten que cualquier cambio en el Código irá de la mano de la puesta en funcionamiento de la “policía comunitaria” que aunque reportará directamente a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, en el Gobierno comunal esperan tener incidencia tanto en el nombramiento de los principales agentes como en las políticas de la fuerza, que incorporaría 500 efectivos nuevos que durante 2004 financiados por la ciudad.