Se trata del decreto 1295/2003, donde el presidente Kirchner autorizó una suerte de prórroga en el régimen de promoción industrial en San Luis, La Rioja, San Juan y Catamarca, al extender los beneficios extraordinarios a empresas radicadas en esos distritos.
El pedido fue formulado por Vicente Aznar y Francisco Bustos Correa, presidente y secretario respectivamente de la filial local de la SRA. Para los denunciantes, la decisión presidencial agravia a los productores agropecuarios de Córdoba por la desigualdad “irritante” con los habitantes de las provincias vecinas.
El juez que recibió el amparo es Ricardo Bustos Fierro, severamente cuestionado en su momento por avalar la re-reelección del ex presidente Carlos Menem. Los ruralistas reclamaron que, como medida precautoria, se ordene a la presidencia de la Nación “la suspensión de la vigencia” del decreto, hasta que se resuelva el pedido de fondo de “nulidad e inconstitucionalidad”.
Lo que el decreto cuestionado permitió fue no alterar los montos de los beneficios otorgados a proyectos desde 1994 aún vigentes. El reclamo de los ruralistas cordobeses es el primero en la provincia, aunque ya había planteos similares en Mendoza.