Alvarado presentó un escrito de puño y letra que originó la causa penal, donde afirma que esa norma de la Dirección de Tránsito porteña “me empujan a un camino sin retorno”. El denunciante afirma además que esas disposiciones “violan los derechos humanos” y “discriminan el derecho a trabajar, llevándome a la marginalidad y al desamparo”.
Aunque no detalla los motivos que lo llevaron a prisión, Alvarado afirma que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “en forma arbitraria me condena por lo que yo pagué con la sociedad hace veinte años”.
“Soy un hombre de 52 años, reinsertado a la sociedad, con una familia constituida trabajando honradamente”, dice el denunciante, quien explica que aunque tiene “registro profesional desde 1969”, no puede renovarlo “desde el 22 de diciembre de 2003”.
Para el denunciante, con esa medida el gobierno de Aníbal Ibarra “determinan la suerte de las personas y deciden si mis hijas pueden comer, estudiar, tener salud, jugar, o si yo puedo seguir cumpliendo como hasta hoy con mis obligaciones como padre y como hombre pagando todos mis impuestos”.
“Me condenan a la marginalidad y al desamparo, no solo a mí sino también a mi familia que está compuesta por mi esposa enferma y mis cuatro hijas, todas menores, de dos, cuatro, seis y ocho años", remarcó el denunciante en su escrito.