Este proyecto se enmarca en la reforma judicial que impulsa el presidente del máximo tribunal provincial, resistida explícitamente por los gremios judiciales.
El régimen de productividad tiene como objetivo resaltar la labor de los magistrados que muestran mayor lentitud en sus juzgados, según lo comunicó el propio presidente de la Corte luego de una reunión con el gobernador Cobos y representantes de la justicia federal, gendarmería y policía federal.
“Se trata de establecer parámetros objetivos de rendimiento que razonablemente se deben producir. En el caso de un juzgado de Instrucción estará rindiendo satisfactoriamente siempre que resuelva la situación de los detenidos antes de que entre en turno. En caso de no ser así tendremos medidas correctivas muy ejemplificadoras con los juzgados que actúan mal”, advirtió el magistrado.
En este sentido, Nanclares aseguró que los jueces penales estarán disponibles en los operativos sorpresivos que la policía aplique en lo sucesivo, porque de esta manera se “tiende a unificar una actitud que varios de los jueces ya han adoptado pero que otros no, a veces los policías no saben a quién llamar”.
Además, remarcó que “la idea es denominar a los juzgados en crisis o salvataje. En una primera instancia se le pediría que proponga un plan de regularización y los recursos que se necesiten”, una estrategia de la cúpula del Poder Judicial que se propone “escrachar” a los jueces morosos.
“Esto se hará público para que el juez asuma la responsabilidad que se encuentra atrasado y obviamente sino cumple con esa medida darle una segunda oportunidad de apoyo. Y si con todo esto no se puede solucionar la situación entonces la medida sería el juicio político”, explicó Nanclares, quien fue apoyado además por el presidente de la Asociación de Magistrados, Eduardo Brandi, que opinó que “todos debemos tender a la excelencia”.
El punto más polémico de este proyecto, y que fue tomado como una medida “persecutoria” desde los gremios judiciales, es la acordada firmada por la mayoría de la Corte provincial el 23 de diciembre pasado, ya que establece que los jueces están obligados a informar cuáles de sus empleados se pliegan a los paros.