22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

De la Rúa no quiere que hable Pontaquarto

La defensa de Fernando de la Rua reclamó que no se amplíe la indagatoria del arrepentido Mario Pontaquarto sobre la supuesta reunión donde el ex presidente habría dado la orden de pagar las coimas, pero Canicoba Corral ya rechazó el pedido. Genoud ratificó que está a disposición del juez.

 
El ex presidente Fernando De la Rúa le pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral que no amplíe la declaración indagatoria del arrepentido Mario Pontaquarto –un acto previsto para mañana- y le advirtió que, si lo hace, se “llevará a cabo una actividad insanablemente nula”.

Mediante una presentación que suscriben los abogados Miguel Ángel Almeyra y Virgilio Loiácono, De la Rúa alude a la versiones periodísticas sobre que en esa indagatoria se le pedirá a Pontaquarto que aporte más precisiones sobre una reunión que, asegura, se llevó a cabo en la Casa de Gobierno donde De la Rúa le habría dicho a los senadores justicialistas que “arreglaran” con Fernando De Santibañes “lo otro” que querían para aprobar la ley de Reforma Laboral.

En el escrito al que tuvo acceso DiarioJudicial.Com, se dice que a Pontaquarto mañana se le haría confeccionar un croquis del lugar y reconocimientos fotográficos, lo que lo colocaría en la condición de “testigo”, por lo que, afirman, “se impone la presencia de los defensores de las partes”, algo que el Código de Procedimientos no prevé.

De cualquier forma, fuentes judiciales confirmaron que el juez ya rechazó la presentación, y mantuvo así la vigencia de la ampliación de indagatoria para el procesado Pontaquarto, para mañana a las 10 de la mañana.

Por su parte los abogados del procesado ex senador José Genoud, el mismo Almeyra junto a Juan Morey, presentaron un escrito en el que aseguran que el ex legislador “aún se encuentra convaleciente”, y se mostraron preocupados por una versión periodística publicada hoy según la cual el ex legislador “podría ir preso”.

Almeyra y Morey aseguraron que la incomparecencia de su asistido a la diligencia del embargo fue hecha saber al juzgado “en su hora”, y que “no hay ningún obstáculo para que el oficial de justicia se constituya en el domicilio” de su asistido, para terminar con el trámite pendiente de comunicación del procesamiento.

Los letrados se comprometieron “a la brevedad” a acercar al Tribunal “el correspondiente certificado médico que acredita los extremos expuestos que, reiteramos, son de público conocimiento y ya previamente habían sido informados al juzgado”.



dju / dju
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