El ex ministro del Interior del gobierno de Héctor Cámpora, Esteban Righi, fue propuesto para la Procuración General de la Nación en reemplazo de Nicolás Becerra, y tras el anuncio oficial del Poder Ejecutivo, el abogado penalista será el primer integrante del Ministerio Público en ser sometido a un proceso de adhesiones e impugnaciones similar al que Raúl Eugenio Zafaronni y Carmen Argibay debieron someterse antes de la aprobación parlamentaria, pendiente aún para la segunda. Dicho procedimiento está reglado por el decreto 588/2003 mediante el cual se regula la designación de los jueces de tribunales federales inferiores, magistrados del Ministerio Público incluido el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación. Entre otros cargos, Righi fue ministro del Interior de Cámpora a sus 34 años, e intentó subordinar al poder civil a la Policía Federal, de modo de garantizar los derechos de los ciudadanos, pero su iniciativa duró sólo 49 días.
Incompetencia
El juez federal Claudio Bonadío se declaró “incompetente” para intervenir en una causa iniciada por un ex convicto que denunció al jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, por una disposición según la cual no podrían renovar su registro profesional de conductor las personas con antecedentes penales. Fuentes de Tribunales explicaron que como Ibarra es un funcionario comunal y no nacional, Bonadío decidió que no es competencia federal y remitió el expediente a la Cámara del Crimen para que se sortee el juzgado que habrá de intervenir. La causa fue iniciada por Manuel Alvarado quien sostuvo que recuperó su libertad hace 20 años, pero la Dirección de Tránsito del gobierno comunal, al no otorgarle la licencia de conductor lo “empuja a un camino sin retorno" hacia la reincidencia. Para el denunciante, esas disposiciones “violan los derechos humanos” y “discriminan el derecho a trabajar”.
Denuncia
El ministro de Justicia Gustavo Béliz y el secretario de Seguridad, Norberto Quantín, fueron denunciados hoy por supuesta “inacción frente a hechos graves que perturban la tranquilidad social de la población”, en referencia a la toma simbólica de grupos píqueteros del ministerio de Trabajo, que mantienen además cortada la avenida Leandro N. Alem en pleno microcentro porteño. El abogado Juan Carlos Iglesias denunció a los funcionarios argumentando que el Código Penal que “establecen la obligación de denunciar por parte de funcionarios públicos” la conducta de los piqueteros, que calificó como enmarcada en los delitos de “coacción agravada”, “usurpación” y “delitos contra la seguridad de los medios de transporte”. Más tarde, otro abogado, Enrique Piragini, denunció en general a los funcionarios públicos que “toleran y del mismo modo alientan tácitamente” las medidas de los piqueteros. La denuncia del letrado es por “incumplimiento de deberes de funcionario público” y afirmó en su presentación que “más allá de la intención de no criminalizar la protesta lo cierto es que existen funcionarios públicos que cobran por su cargo y no están cumpliendo sus atribuciones, tanto en la esfera del Poder Ejecutivo como del Judicial”, afirmó.