La decisión judicial afecta a las personas que gozan del derecho de asilo, pero que nunca recibieron su tarjeta de residente debido a negligencia administrativa, causa que había sido litigada durante dos años por la organización American Immigration Law Foundation, un ente sin fines de lucro situado en Washington D.C.
Según el fallo, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que es la autoridad de inmigración y que hoy es parte del Departamento de Seguridad Interna, deberán empezar a extender la residencia permanente a 22 mil asilados cuya gestión está relegada “en la maraña burocrática”, pero la orden también beneficia a todos los asilados que se hallen en situación parecida.
Por su parte, Nadine Wettstein, directora de American Immigration Law Foundation, explicó que aproximadamente un 15 por ciento de los 22 mil beneficiarios del fallo son de origen latinoamericano, por lo que opinó que “esta decisión ayudará a miles de personas laboriosas a estabilizar su situación y mejorar su vida”, siendo además “un mensaje claro al USCIS de que tiene que servir al público”.
Además, Roberto Foss, director legal del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) de Los Angeles, manifestó que esta decisión pone a la luz “cómo la burocracia del servicio de inmigración perjudica los derechos de muchas personas”, ya que “hay muchos centroamericanos, la mayoría de ellos guatemaltecos y salvadoreños, que han estado esperando desde la mitad de los años 90 un ajuste migratorio”.
El departamento legal que dirige atiende a una docena de personas que pertenecen al contingente beneficiado por esta resolución judicial, y según Foss, este caso no sólo pone en evidencia la incompetencia del gobierno, sino también su “mala fe”.
El magistrado federal expresó que las autoridades de inmigración exigían año tras año a los asilados gestionar un permiso de trabajo a un costo de 120 dólares, y en estos casos la ley requiere que el gobierno otorgue una autorización de trabajo de manera automática, cuya vigencia se extiende por tanto tiempo como el asilado siga siéndolo, “ni un minuto más ni un minuto menos”.
En este sentido, Kule condenó la política del INS, a la que describió como “una ley para los martes y otra para los miércoles”, por el hecho de que cada oficina de esa dependencia tuviera prácticas administrativas distintas.