20 de Noviembre de 2024
Edición 7095 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 21/11/2024

Cuantioso contrabando descubrieron en el puerto de Buenos Aires

Intervino el juez Julio Cruciani quien secuestró 70 contenedores de ropa proveniente de países asiáticos. El operativo se concretó dos días después que el ministro Ricardo Gil Lavedra se reuniera con Cámara en lo Penal Económico.

 
Dos días después que el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra le reclamara a la Cámara en lo Penal Económico, mayor dureza con la persecución del contrabando, el juez de ese fuero, Julio Cruciani -enfrentado a esa cámara- encabezó hoy un operativo en la terminal 1 del Puerto de Buenos Aires, mediante el cuál agentes de la Policía Federal secuestraron unos 70 contenedores con ropa, valuada en una cifra millonaria, que iba a ser ingresada ilegalmente al país. Los procedimientos se realizaron en serie en la terminal portuaria, y endepósitos, oficinas y viviendas de esta capital y del Gran Buenos Aires. Cruciani dijo que los contenedores estaban cargados, a pesar de que varios de ellos fueron declarados como portadores de vidrio molido, con prendas de vestir procedentes de distintos países del sudeste asiático.

La ropa era de procedencia asiática pero ya venía con laetiqueta de industria nacional para ser colocada en el mercado local. La organización tenía la posibilidad de que las cargas salieran sin control de la Aduana, ante lo cual la mercadería con la etiqueta de producción nacional ya podía ser ubicada de inmediato para su venta minorista. "La otra alternativa - precisó Cruciani- era dejar el contenedor en la terminal portuaria hasta que fuera declarada en rezago, y al salir aremate era comprada por esta gente que representaba a empresasinexistentes y daba direcciones falsas".

Detrás de la millonaria maniobra podría encontrarse una organización muy importante dedicada al contrabando de estas prendas, por lo que se investigan a funcionarios y despachantes de aduanas que podrían facilitar las maniobras. Fiel a suestilo mediático, Cruciani dijo que "el olfato de juez me permite afirmar que la maniobra no está a cargo de un perejil, sino que funciona a través de una gran organización". Personal del juzgado de Cruciani, de la división Análisis Delictivo de la Policía Federal y de la Aduana, trabajaron desde media mañana en la apertura de los 40 contenedores con camisas, remeras, pantalones, zapatillas, ropa interior y otros tiposde prendas, en las instalaciones de la Terminal 1 del puerto.

El subcomisario Alejandro Ortega, de la división Inteligencia de Análisis Delictivo, explicó que la selección de los contenedores a secuestrar surgió del listado de la terminal de piezas en rezago, es decir, aquellos que nunca fueron retirados. También fueron allanados depósitos, oficinas y viviendas de empresas y personas -entre ellos despachantes de aduana- donde se incautó un volumen de mercaderías equivalente a otros 30 contenedores. Si bien hasta esta tarde no se habían registrado detenidos en los allanamientos, los investigadores secuestraron documentación que será analizada en los próximos días.

Los procedimientos son continuidad de la investigación que ya permitió el secuestro, el 21 de marzo, de un contenedor en un depósito del barrio de La Paternal, cargado con ropa de muy buena calidad valuada en un millón de pesos. Ese procedimiento se concretó en la puerta de un depósito situado en Maturín 2354, de donde salió un camión Chevrolet C50 con caja térmica, apoyado por otros dos automóviles, que al ser requisado permitió el secuestro de más de 50 mil prendas. En esas circunstancias, habían sido apresadas cuatro personas quienes fueron posteriormente liberadas tras pagar una fianza, la más importante de ellas de 100.000 pesos que debió ser afrontada por el más comprometido en la causa. Los operativos continuarán en las terminales 2, 3, 4, y 5 del puerto con aquellos contenedores que se encuentren en la mismas condiciones de irregularidad.

Al terminar el operativo, Cruciani sorprendió con un anuncio característico: explicó que el subcomisario Alejandro Ortega, perteneciente a la división Inteligencia de Análisis Delictivo de la Policía Federal y la inspectora de Aduana María Cristina Robledo fueron amenazados de muerte por esta investigación.

Reveló que decidió hacer público el nombre de sus colaboradores para "garantizar la seguridad física y laboral" y ponderó el trabajo realizado por los agentes federales.



dju / dju
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