El presidente había cuestionado indirectamente la tardanza por parte del Consejo en cubrir las vacantes que el Gobierno considera importantes para ir normalizando el servicio de Justicia. Los consejeros, en su mayoría, le respondieron que esa demora obedece a la complicada trama normativa que contiene la ley de reglamentación del organismo, fundamentalmente su artículo 113 que dispone acerca de los concursos y de los jurados de selección. A ello, se le sumaron algunos problemas de instrumentación para la formación de estos jurados y de criterio con respecto a los parámetros de selección.
En el encuentro de hoy estuvieron 13 de los 19 miembros, quienes tomaron nota extraoficialmente del nombramiento de Alfredo Vítolo como representante del Poder Ejecutivo Nacional ante dicho consejo, en reemplazo de Julio Comadira, quien renunció a su cargo debido al cambio presidencial. Así como el gobierno había reprochado al Consejo su mora en materia de selección de jueces, no pocos consejeros también le hicieron notar que esta tardanza en la designación de su representante no favorecía al Consejo y daba pábulo a las versiones que hablaban de un distanciamiento de la administración de la Rúa con relación a la necesidad del Instituto como organismo contralor del funcionamiento de la Justicia.
El diputado radical y consejero, Melchor Cruchaga -una de las voces más influyentes en el Consejo- dijo que se elaborará un informe para conocimiento de los Poderes del Estado, la Corte Suprema de Justicia, la opinión pública, los colegios de profesionales y las Cámaras de Apelaciones de todo el país, con el objeto de que "conozcan el riguroso sistema de selección de magistrados, novedoso en el país". El legislador dijo lo siguiente en declaraciones a la prensa:
” Lo sustancial es que estamos buscando los mejores ciudadanos para ocupar los cargos de jueces nacionales. En el informe que se entregará a de la Rúa se desmentirá que exista morosidad en la designación de los magistrados. De esta forma respondemos a lo manifestado por el jefe de Estado al inaugurar el primero de marzo pasado las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, donde hizo notar la necesidad de que el Consejo de la Magistratura agilizara los trámites. Hay 60 concursos en trámite, de los cuales a mediados de este año ya estarían las primeras ternas y antes de fin de año más del 50 por ciento de las vacantes deberían estar ya con sus ternas propuestas por el Consejo, para ser enviadas al Senado”.
Otras de las resoluciones del plenario de hoy fue la de postergar para el miércoles 26 de abril el tratamiento del procedimiento e informe para la selección definitiva de los secretarios de las Comisiones del Consejo de la Magistratura.
También se ratificó la convocatoria a un plenario extraordinario para este viernes para definir la respuesta que el Consejo le dará a la Corte por la polémica acordada que pretende quitarle atribuciones -defendidas como delegadas por la Constitución reformada de 1994- sobre la superintendencia que puede ejercer sobre su propio personal. La Corte sostiene que esas facultades deben ser delegadas por ella y no tomadas como una atribución natural, dándole el mismo tratamiento que al funcionamiento de los tribunales inferiores.
Pero cuando, el enfrentamiento había llegado a una tensión extrema, primaron las voces que propugnaban una salida negociada al conflicto y en su acuerdo de ayer, la Corte autorizó a su presidente -también lo es del Consejo- Julio Nazareno a dar las explicaciones del caso y buscar los canales de diálogo institucionales para evitar llegar a un punto sin retorno, fundamentalmente por cuestiones menores, como es este problema del ejercicio de la superintendencia. Por eso se espera que más allá de una declaración de rechazo a la Acordada de la Corte, comience una etapa de negociación para delimitar de acuerdo a lo que marca la Constitución las atribuciones de cada uno de estos órganos.