Los jueces Martín Irurzún, Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Gabriel Cavallo rechazaron que la orden de reabrir la causa tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que el pleno de la Cámara resolvió en setiembre pasado no significa una posición definida a priori sobre la validez o no de la medida, tomada por el Congreso de la Nación.
Los defensores del teniente coronel retirado Oscar Cobuta y del ex comisario de la policía de la provincia de La Pampa Roberto Fiorucci, recusaron a las dos salas de la Cámara, argumentando que ya tienen posición sobre la validez de la anulación de las llamadas leyes de amnistía porque entendieron que la misma permitía reabrir el proceso.
Los defensores, que apelaron los procesamientos dictados por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, no quieren que sus recursos sean atendidos por quienes meses atrás mandaron proseguir el trámite del sumario suspendido en 1987, cuando se sancionaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
De cualquier forma, más allá de la negativa de los camaristas, la recusación finalmente será resuelta en otra instancia, compuesta especialmente por los camaristas integrantes de la Sala IV de la Cámara en lo Criminal y Correccional, Mariano González Palazzo, Gustavo Bruzzone y Alfredo Barbarosch.
En diciembre último, Canicoba Corral dictaminó que el Congreso Nacional está facultada para anular leyes, y procesó a 13 oficiales y suboficiales retirados de la Policía de la Pampa y del Ejército por delitos cometidos en esa jurisdicción, que estaba bajo el radio del Primer Cuerpo del Ejército, comandado por Guillermo Suárez Mason.
Los procesados fueron los militares Cobuta, Juan José Amarante, Néstor Gripi y Favio Iriart y policías pampeanos Fiorucci, Roberto Constantino, Omar Aguilera, Oscar Yorio, Néstor Cenizo, Carlos Reinhardt, Athos Reta, Hugo Marenchino y Roberto Escalada.