En el caso de los policías Gabriel Rodríguez Duffau, Arnaldo Melo, Alejandro Estévez, Guillermo del Mazo y María Rosa Fules el juez les dictó la misma medida por los delitos de asociación ilícita en concurso real con fraude en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público.
Quintana tomó igual determinación con los policías María Di Nunzio, Analía Negrón, Sergio Cremona, Daniel López y Juan José Torres por los delitos de asociación ilícita con concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público.
Desde que los policías fueron detenidos, la fiscalía de San Martín temió que los acusados quedaran en libertad por decisión de un juez de garantías que reemplazó momentaneamente al juez de la causa. El juez que subrogó al magistrado Quintana anuló la declaración indagatoria del comisario Gabriel Rodríguez Duffau, y casi se vence el plazo máximo para decretar las prisiones preventivas. Finalmente, Quintana volvió a tomar la causa, fijó una prórroga, avaló una nueva indagatoria al comisario y ahora dictó las prisiones preventivas.
La investigación se inició a fines de 1998 cuando una mujer que trabajaba en la policía científica de San Martín denunció que en esa repartición había graves actos de corrupción. La denuncia fue investigada por el fiscal de San Martín Rubén Moreno y las fiscales adjuntas Diana Maico y Verónica Pérez. Los funcionarios judiciales trabajaron con total hermetismo hasta que el 7 de este mes dispusieron una serie de allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
"Este fue un trabajo que comenzó, en 1998, pura y exclusivamente con personal del ministerio público, y la policía solamente fue convocada para las detenciones sin explicarle a quiénes, dónde y por qué se hacían los procedimientos". Hasta el momento, la única que no pudo ser detenida es una mujer policía, identificada como Laura Oviedo, sospechada de integrar la banda.
"De acuerdo con un radiograma que vio la fiscal Diana Maico, la mujer policía fue trasladada en comisión a la secretaría privada del Ministerio de Seguridad provincial y cuando allanaron su casa no la encontraron", dijeron las fuentes.
Pese a que esa información fue ratificada por la fiscalía, la cartera de Seguridad bonaerense negó que la suboficial Laura Oviedo desempeñe funciones en la secretaría privada del ministro. Los sospechosos a quienes hoy les dictaron la preventiva fueron atrapados en procedimientos realizados en La Plata, La Matanza, San isidro y San Martín. La investigación de la fiscalía apunta a demostrar si los policías acusados cometieron defraudación en al menos 427 casos. También se investigaba si los policías cometieron falsedad de instrumento público en 100 oportunidades.
"La primer sospecha es que los policías se quedaban con dinero destinado al pago de horas extras o del servicio de policía adicional, y la otra es que se fraguaban los libros donde quedaba asentado el movimiento del dinero", dijeron las fuentes. Además, se intenta establecer si un oficial jefe presionó a los subordinados para quedarse con el dinero que debían cobrar por las horas extras.