“No ejecutaremos a los pobres jubilados que apenas le alcanzan sus haberes para comer, ni a jefes de familia enfermos o que estén desocupados o reciban planes sociales, sino aquellos que tienen antenas de televisión codificada, que han hecho mejoras en su casa y que tienen automóviles en sus puertas, y se niegan a pagar estando en condiciones de hacerlo”, aclaró De la Sota.
Para el ministro de Obras Públicas provincial, Oscar Santarelli, se sancionará a quienes “por una cultura de no pagar, porque están en condiciones de hacerlo, perjudican a miles de cordobeses que esperan tener su casa propia”.
Al respecto, Santarelli comentó “en estos días estamos haciendo una evaluación de las condiciones económicas de los morosos”, y precisó que “son unos 48 mil adjudicatarios, que representan un monto de 260 millones de pesos”.
“Se está haciendo un relevamiento socio económico de cada uno de estos morosos, y a aquellos que tengan capacidad de pago se los va a intimar y luego ejecutar, si mantienen su postura”, explicó el ministro Santarelli.
En tanto, enfatizó que “hay una cuestión que va más allá de lo económico, hay una cuestión de ética y de moral, porque no puede ser que el Estado haya entregado la vivienda y esta gente no quiera pagar, y de esta forma limitar la posibilidad de otros cordobeses que también necesitan de la vivienda”, que se adquieren en cuotas mensuales que van desde los 60 pesos.