En la presentación hecha en la noche del jueves ante la Cámara de Casación Penal, dicho Tribunal Militar alegó que la competencia para juzgar ese delito corresponde a la justicia militar. "Ya lo hemos resuelto cuando hubo presentaciones similares de otros imputados en el expediente y hemos determinado tanto la competencia como la falta de prescripción y la cosa juzgada, que también fueron temas alegados", precisó el juez.
Pero igualmente, será esa alta instancia judicial, quien deberá ahora decidir si la causa a cargo de Bagnasco, quien ha ordenado la detención de más de 10 ex militares, pasará a manos de la justicia castrense. El Consejo Supremo tomó esta decisión tras la negativa del general retirado Santiago Riveros de declarar ante Bagnasco, a quien acusa de parcialidad y de llevar adelante una campaña contra los ex miembros de las fuerzas armadas. Bagnasco investiga si durante el régimen de facto existió un plan sistemático para la sustracción, supresión de identidad y ocultamiento de menores hijos de detenidas en prisiones clandestinas.
Bagnasco dijo por radio lo siguiente:
“Si bien me enteré por los diarios, quiero decir que el trámite del expediente sigue normalmente debido a que la presentación no tiene efectos suspensivos.
- En primera instancia y Cámara ya fue resuelto. Tengo entendido que se presentó un recurso ante Casación, que también lo desestimó, y está ante la Corte por un recurso extraordinario.
- El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas es un órgano administrativo, no tiene función judicial, aunque la resolución de la disputa correrá por cuenta del órgano jurisdiccional correspondiente.
- La situación procesal del general (RE) Riveros tendrá el trámite normal de cualquier otro imputado. (El abogado de Riveros, Florencio Varela, argumentó que hay una persecución a las Fuerzas Armadas por el Poder Judicial, lo que constituye un enfrentamiento entre dos ideologías.
- Sus abogados han planteado una reconsideración de un rechazo que le hemos hecho nosotros y resolveremos al respecto.
- Por el momento no está previsto citar al ex gobernador tucumano Antonio Domingo Bussi en la causa que instruye. Que el Consejo se declare competente en la causa de sustracción de menores fue interpretado como una ruptura con la postura autocrítica asumida durante la gestión de Martín Balza como jefe del Ejército. Por la causa que tramita Bagnasco se encuentran detenidos los militares Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone, Cristino Nicolaides y el marino Emilio Massera, entre otros”.
Según declaraciones de ex detenidos, las prisioneras embarazadas eran mantenidas con vida hasta dar a luz y sus hijos eran luego entregados a militares y policías que los registraban como propios. Otras veces eran llevados a centros de adopción. Organismos de derechos humanos sostienen que unas 30.000 personas desaparecieron durante la "guerra sucia" que la dictadura desató contra la guerrilla izquierdista y sus supuestos simpatizantes aunque otras fuentes reducen esa cifra a la mitad.
Los integrantes de las dos primeras Juntas Militares fueron condenados en 1985 por sus violaciones a los derechos humanos por la Cámara Federal Penal de la Capital Federal, integrada -enter otros- por el actual ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra. Posteriormente se dictaron leyes de Obediencia Debida y PUnto Final durante el gobierno radical de Raul Alfonsín que no benefició a las cúpulas pero si evitó que cientos de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad desfilaran por los Tribunlaes. Luego, Carlos Menem dictó el indulto presidencial para los jefes del Proceso y recuperaron su libertad.
Literas
En medio de este conflicto de competencias, el juez federal Gustavo Literas se vio obligado a desmentir haber rechazado el pedido de detención de 48 argentinos formulado por el juez español Baltasar Garzón en el marco del juicio por terrorismo, genocidio y torturas que se sigue en Madrid. La versión había sido publicada por un matutino, en que se señalaba que Literas había comunicado "a su colega español que no corresponde dar la orden para detenerlos". Ante ello, el magistrado negó la especie en declaraciones formuladas en su despacho del cuarto piso de los Tribunales Federales de Comodoro Py 2002 y confirmó que el expediente sigue su trámite normal.