Se trata de Maite, Ayelén, Nohelí, Yasimara y Nahuel, quienes por el momento están impedidos de tener educación y trabajos formales en su país por carecer de certificado de vacunación, debiendo demostrar ahora por disposición de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Montevideo que son alérgicos, para que puedan ser eximidos de la exigencia legal de vacunarse.
Para demostrar que sus hijos mayores “casi mueren” al recibir las primeras vacunas y fundamentar su decisión de suspender las inoculaciones que restaban y posteriormente no inmunizar al resto de sus descendientes, Borgogno requirió certificados médicos que pretendió canjear por el documento de vacunación, pero el Ministerio de Salud Pública (MSP) rechazó su pretensión reiteradamente por 10 años.
Borgogno comenzó su protesta hace 10 años en Tarariras, 170 kilómetros al oeste de Montevideo, en el departamento de Colonia, cuando sus hijos fueron impedidos de asistir a la escuela pública, pero tras infructuosos trámites y protestas públicas debió llevar a su hijos a estudiar a la Argentina, hecho que calificó de “exilio en democracia”.
“Vamos a seguir la pelea. Existe riesgo de vida si se vacunan. Si nos quieren obligar por la fuerza tendremos que hacer las maletas”, explicó Borgogno a la prensa local, después de conocer la resolución del Tribunal de Montevideo.
La familia Borgogno retomó sus gestiones en Uruguay en 2001, cuando en pleno, el matrimonio y sus cinco hijos montaron un campamento frente al MSP en reclamo del canje de un certificado médico por el obligatorio Certificado Único de Vacunación, pero la petición fue rechazada.
Desde febrero, los Borgogno recurrieron nuevamente al procedimiento de acampar en la vía pública, esta vez frente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Montevideo, donde en junio de 2001 habían presentado un recurso para que el órgano de control de la legalidad de las decisiones gubernamentales anulase lo actuado por el MSP. "