17 de Julio de 2024
Edicion 7007 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 18/07/2024

Dr. Raúl Steffen
Presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires

“Se debe pasar del MERCOSUR de los estados al MERCOSUR de los pueblos”

 
En una nueva entrevista con Diariojudicial.com, Raúl Steffen aborda la necesidad de poner en marcha el andamiaje sobre la definitiva institucionalización del MERCOSUR que se tratará en un congreso multidisciplinario organizado por el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, a realizarse el próximo 15, 16 y 17 de abril en la ciudad de La Plata. Al respecto expresó que se debe pasar del MERCOSUR de los estados al MERCOSUR de los pueblos, y que "en esa dirección va nuestro congreso".
Por otra parte, anticipó en la charla cuales son los temas de agenda que se debaten en la reforma judicial bonaerense. Sobre esto último, el presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires destacó la conformación de comisiones de alto nivel donde se abordan pautas para el funcionamiento y eficacia de la justicia, en tanto que también se estudian los medios alternativos a la resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación y el arbitraje y el análisis de los textos legales procesales y sus posibles modificaciones.
Asimismo señalo al control de gestión como una cuestión clave para incorporar en la próximo reforma porque esto “permitiría detectar malos funcionamientos en forma preventiva”. A continuación reproducimos el encuentro logrado.

Diario judicial: ¿Por qué un congreso del MERCOSUR con pautas tan generales organizado desde un ámbito tan específico como un colegio profesional?

Raúl Steffen No nos satisfizo pensar en un congreso exclusivo para abogados o únicamente de carácter jurídico. La dimensión del MERCOSUR lo habría descalificado por mezquino y por adolecer de perspectiva.

Dju: ¿Cuál es la importancia de este debate que se producirá en este congreso?

Rs: Resulta que hay que avanzar en la estructuración de este impulso que dieron en conjunto nuevamente los presidentes de Argentina y Brasil. Pero debemos pasar del MERCOSUR de los estados al MERCOSUR de los pueblos, y en esa dirección va nuestro congreso. Es un pequeño eslabón. Todo consiste en una etapa hacia la unidad de los estados de Sudamérica y como dijeron algunos próceres “la unidad comienza por la unión y ésta por la unificación de un núcleo básico de aglutinación”. El encuentro hermanado entre Argentina y Brasil es un dato que no puede ser soslayado, y se debe avanzar hacia una mayor profundización.

Dju: ¿Se prevé un nivel alto de concurrencia y debate?

Rs: Se invitó al presidente Néstor Kirchner, al gobernador bonaerense, Felipe Solá al delegado regional del MERCOSUR, Eduardo Duhalde y diversos analistas políticos y regionales. Aspiro a que se logre la mayor altura del debate, aclarando que ya hay 95 ponencias para su estudio que van a ser publicadas en un libro.

Dju: En otro orden de ideas... ¿cómo avanza la reforma judicial en la Provincia de Buenos Aires?

Rs: Va muy bien el análisis de la reforma en una comisión que tiene un alto nivel representativo con la asistencia de la vicegobernadora, ministros de la Suprema Corte, ministros del Ejecutivo y de distintas entidades profesionales. Se avanzó en la conformación de comisiones. En una de ellas, que integro, se analizan pautas para el funcionamiento y eficacia de la justicia, en otra se estudian los medios alternativos a la resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación y el arbitraje y en una tercera se reserva el análisis de los textos legales procesales y sus posibles modificaciones.

Dju: ¿Se pueden conocer algunos detalles sobre lo que se está trabajando?

Rs: Sí. En la comisión que integro, por ejemplo, se analizan cambios a la legislación en materia de jury de enjuiciamiento de magistrados, consejo de la magistratura, control de gestión de jueces y autonomía de la defensa respecto de la procuración general.
En cuanto a la separación del defensor del ministerio público, apoyamos esa decisión, porque entendemos que hace a un mejor funcionamiento del sistema, dado que se propende a que no haya partes contradictorias en una misma estructura administrativa. No nos preocupa tanto si esto se debe hacer mediante reforma constitucional o por ley, pero sí que se avance en ese sentido.

Dju: ¿Y en relación al jury de enjuiciamiento?

Rs: Hay muchos proyectos en estudio. Uno de ellos, que si irá por enmienda constitucional y es institucionalizar y ampliar la figura de mal desempeño que es un concepto lo suficientemente abarcativo y comprensivo. Además estamos impulsando que se modifique la ley para que el jurado tenga la posibilidad de aplicar sanciones intermedias entre lo que va de la absolución a la destitución. Por ejemplo, multas y suspensiones.
Pero el proyecto que más anhelamos es el de lograr que el Colegio de Abogados pueda ser parte acusadora ante un jury de enjuiciamiento, que lo puede ser, pero con la eximición del pago de costas. Esto es porque se trata de una organización paraestatal de derecho público.
También se avanzará en la redacción de un código de ética que, por el momento no se sabe si irá por la vía legislativa o lo hará la propia Corte por la vía de superintendencia.

Dju: Mucho se habló del control de gestión judicial, ¿cómo se avanzó en este punto?

Rs: Es una cuestión que también se está analizando. Por ejemplo, para nosotros el control de gestión es clave porque esto permitiría detectar malos funcionamientos en forma preventiva, se podrían corregir a tiempo a la vez que se pueden observar antecedentes sobre faltas o irregularidades que de acumularse podrían derivar en un jury. La gran discusión es si ese control de gestión debe partir de la propia esfera del poder judicial o si debe ser un órgano extrapoder. Sobre esto aún no hubo definiciones.

Dju: ¿Qué otros temas se han analizado?

Rs: No hay que olvidarse que se ha avanzado muchísimo en la conformación de la policía judicial, un cuerpo especial que reemplazará a la policía de seguridad en la instrucción de causas penales, en la investigación de los delitos. Es una gran deuda que el Estado bonaerense tiene con la comunidad, dado que fue creada e incluida en la constitución provincial en la reforma de 1994.



gabriel avalos / dju
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