En principio, la Agencia Federal de Investigaciones y Seguridad Interior funcionaría como un organismo autárquico, con Director Nacional dependiente del Secretario de Seguridad Interior, al que se incorporarían 6 mil hombres en el próximo año, en tanto que se precisó que tendría bajo su órbita un área de Investigaciones y un Cuerpo Nacional de Paz.
Para cumplir el rol de Investigación Federal agrupará y coordinará todas las áreas de investigaciones de las fuerzas federales sobre el crimen organizado, articulando su acción con sentido federal con todas las fuerzas provinciales del país, administrando además un nodo informático central conectado en red, en el que se cotejará entre otros datos el mapa delictivo referido a secuestros extorsivos y bandas delictivas en general, en tanto que se llamará a concurso para incorporar a mil investigadores que dependerán directamente esta agencia.
En cuanto a la Seguridad Interior, dirigirá un Cuerpo Nacional de Paz, integrado por 5 mil hombres a incorporar de Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, un cuerpo mixto que contará con un plan de estudios común, actuando como asistencia federal y policía de seguridad en las zonas más críticas, cuando su presencia sea requerida en el marco de la ley de seguridad interior.
Además, este cuerpo establecerá contratos de seguridad entre la jurisdicción nacional, provincias y municipios, priorizando la participación comunitaria para el diseño de los contratos el rol de los gobiernos locales y municipales, en tanto que propiciarán la reforma de la Ley de Seguridad Interior, para posibilitar la intervención a las policías provinciales en causas graves o a solicitud de las autoridades locales.
Sobre la Lucha contra el crimen organizado, se propuso entre otros puntos, la modificación del artículo 210 del Código Penal sobre “Asociación ilícita” para eliminar “aquellos términos confusos que dieron pie a la interpretación que llevaba a la impunidad de las organizaciones delictivas”, la protección de testigos e imputados creando además para ello el Fondo Especial de Recompensas, y la transferencia a la justicia Provincial y Nacional de la Ciudad de Buenos Aires en materia de narcotráfico.
Fuentes de Gendarmería Nacional entendieron aún son “muy recientes” las medidas, aclarando que “falta desmenuzar” las mismas porque “no vino nada en concreto acá, estamos aguardando”.
También se avanzó contra los desarmaderos, el lavado de dinero y financiamiento de Terrorismo, precisando que el director del Gabinete de Crisis es el fiscal o equipo de fiscales constituidos para seguir de un modo centralizado y permanente la evolución de este tipo de delito, debiendo ser este equipo permanente, sin cambios de turnos ni de jurisdicciones, con obligación de compartir información entre sí ante cualquier hecho que ocurra, existiendo además sanciones penales de violación de secreto cuando detalles de la información se difundan en los medios y cobren estado público como producto de filtraciones.
En cuanto a la Ley de Abigeato, se solicitó su tratamiento sistemático conforme a toda la legislación vigente, aumentando por ello las penas y la restricción de las excarcelaciones, creando además diferentes tipos penales -dolosos y culposos- para la tutela de las actuales formas de comercialización, ampliando las sanciones penales a los funcionarios públicos y a aquellos sujetos que tienen una relación especial con la actividad.
Sobre el vaciamiento de empresas, el proyecto modifica el Artículo 301 del Código Penal, ya que “se trata de una de las principales figuras entre las conductas conocidas como "delincuencia de cuello blanco", por lo que el Ejecutivo entendió que “el escaso monto de la escala penal vigente hasta el momento la fue convirtiendo en un crimen irrelevante, prácticamente sin condena”, aumentando por ellos las penas, e incluyendo al síndico entre los posibles autores o partícipes de estos vaciamientos.
Se solicitó además la creación de un monitor civil de la seguridad, supervisando un civil el área de Asuntos Internos, en el que participarán entidades sociales en la auditoría del proceso tendiente a evitar y sancionar irregularidades en las fuerzas, que alcanza a Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y Servicio Penitenciario Federal. Para ello, se impulsará la suscripción de un Acuerdo Federal para la Transparencia de las Fuerzas de Seguridad de todo el país.
En cuanto a las modificaciones en las carreras y administración de las fuerzas de Seguridad, se abrirán Juntas de Calificaciones y Promociones, en tanto que universidades y organizaciones no gubernamentales realizarán el monitoreo externo, abriéndose además convocatoria para incorporar por concurso público de antecedentes y oposición, a comisarios, subcomisarios e inspectores civiles en las fuerzas de seguridad, convocando a profesionales de disciplinas afines.
Finalmente, el mapa nacional del delito estará compuesto por un Sistema Unificado de Registros Criminales (SURC), que será el nodo argentino para el Mercosur, y “permitirá unir en tiempo real en una única red informática a todas las fuerzas de seguridad y a todo el sistema judicial criminal nacional y provincial”, que será “una herramienta central para la Agencia Federal de Investigaciones sobre Crimen Organizado”, algo que ya funciona en la ciudad autónoma de Buenos Aires.