Según trascendió, la investigación de los hechos a cargo de los fiscales Carlos Argüero y Esteban Lombardo y la Policía Judicial, se centra en los empleados jerarquizados y se deslizó que ya se habrían identificados algunos responsables de las maniobras, aunque por el momento no se pidieron detenciones.
La supuesta irregularidad fue detectada por la directora adjunta de Legal y Técnica Tributaria, Mónica Viviana Carne, quien advirtió que las emisiones de los títulos ejecutivos que normalmente demoran hasta 60 días, apenas duraban unos minutos.
Fue entonces que se comenzó una investigación donde se descubrió que los autores de la maniobra emitían desde allí títulos ejecutivos para la cancelación de deudas y luego, presuntamente, simularían la existencia de los comprobantes de remito y recepción de esos documentos desde y hacia la Fiscalía de Estado.
Se habría comprobado que de esta manera se habrían anulado deudas en los tributos inmobiliario, automotores (patentes) e ingresos brutos por un monto cercano a los 30 millones de pesos correspondientes a una 700 partidas.
El Ministerio Público investiga el hecho como "defraudación en perjuicio de la administración pública reiterada", delito excarcelable, pero en virtud de la reforma al Código de Procesamiento Penal el juez podría llegar a negar este beneficio si se comprueba que hubo funcionarios públicos involucrados.