En su presentación, y entre otros puntos, preguntan los legisladores radicales si se han iniciado sumarios administrativos con motivo de la referida denuncia a efectos de deslindar responsabilidades y, de haber sido así, que se acompañe copia de las actuaciones. También desean saber “si es cierto que se pudo acreditar, mediante el relevamiento de distintos centros carcelarios, usos inadecuados de los fondos de la denominada "caja chica", y si esas irregularidades han quedado formalizadas a través de algún medio”.
En los fundamentos del pedido de informes, afirman Ferrari, Bruni y D´Ambrosio que de confirmarse lo denunciado por el Dr. Casolati “estaríamos en presencia de graves hechos de corrupción dentro de esa fuerza. Paralelamente -señalan- urge conocer las medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia, en la faz administrativa, frente al conocimiento de los hechos denunciados, tanto para colaborar con la investigación judicial como para mejorar los sistemas de control interno que eviten la proliferación de mecanismos perniciosos para la obtención de ingresos de manera ilegal”.
Casolati en su denuncia detalla procedimientos habituales llevados adelante por los empleados y funcionarios del Servicio Penitenciario, en especial los vinculados con el manejo de los fondos de la denominada “caja chica”, donde explica que la maniobra "consiste en solicitar al comercio facturas que justifiquen diferentes gastos (elementos de computación, y gastos de ferretería), a cambio del pago por parte del funcionario del SPB encargado de la tarea, de una suma de dinero que oscila entre el 3 o 3,5% correspondiente al gasto del impuesto de Ingresos Brutos y entre un 5 y un 15 por ciento del monto de la factura".