21 de Noviembre de 2024
Edición 7096 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 22/11/2024

Ecos de una denuncia contra el servicio penitenciario bonaerense

Los diputados provinciales de la UCR Gustavo Ferrari, Luis Bruni y Filomena D´Ambrosio, a través de un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo, le demandan precisiones al gobernador Felipe Solá acerca de las irregularidades administrativas y contables en el Servicio Penitenciario Bonaerense que fueran denunciadas.

 
El pedido fue formulado a raíz de la denuncia penal radicada por el Dr. Juan Manuel Casolati, quien hasta hace dos meses se desempeñó como Director de Investigaciones de la Subsecretaría de Política Penitenciaria, dependiente del Ministerio de Justicia.

En su presentación, y entre otros puntos, preguntan los legisladores radicales si se han iniciado sumarios administrativos con motivo de la referida denuncia a efectos de deslindar responsabilidades y, de haber sido así, que se acompañe copia de las actuaciones. También desean saber “si es cierto que se pudo acreditar, mediante el relevamiento de distintos centros carcelarios, usos inadecuados de los fondos de la denominada "caja chica", y si esas irregularidades han quedado formalizadas a través de algún medio”.

En los fundamentos del pedido de informes, afirman Ferrari, Bruni y D´Ambrosio que de confirmarse lo denunciado por el Dr. Casolati “estaríamos en presencia de graves hechos de corrupción dentro de esa fuerza. Paralelamente -señalan- urge conocer las medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia, en la faz administrativa, frente al conocimiento de los hechos denunciados, tanto para colaborar con la investigación judicial como para mejorar los sistemas de control interno que eviten la proliferación de mecanismos perniciosos para la obtención de ingresos de manera ilegal”.

Casolati en su denuncia detalla procedimientos habituales llevados adelante por los empleados y funcionarios del Servicio Penitenciario, en especial los vinculados con el manejo de los fondos de la denominada “caja chica”, donde explica que la maniobra "consiste en solicitar al comercio facturas que justifiquen diferentes gastos (elementos de computación, y gastos de ferretería), a cambio del pago por parte del funcionario del SPB encargado de la tarea, de una suma de dinero que oscila entre el 3 o 3,5% correspondiente al gasto del impuesto de Ingresos Brutos y entre un 5 y un 15 por ciento del monto de la factura".



dju / dju
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