La querella se radicó en el juzgado federal 5 a cargo de Gabriel Cavallo y está referida a la firma de un convenio entre el PAMI y la Federación Argentina de Cámaras y Asociaciones Psiquiátricas. El mismo, según señala la Oficina, fue celebrado "sin que las autoridades del Instituto, hubieran verificado minimamente los antecedentes de cada una de las instituciones que integraban su red de prestadores".
"De haberse realizado ese control --advierte la denuncia--, se hubiera advertido que una de las instituciones, Complejos Asistenciales SA, había sido objeto de varias auditorias con resultados muy desfavorables, y en consecuencia unos de sus establecimientos (la Clínica 25 de Mayo), había sido excluido por el Instituto como prestador de servicios para sus afiliados".
La Oficina Anticorrupción basa su denuncia en que en agosto de 1995, la delegación regional XIII de la Obra Social auditó la mencionada clínica "y concluyó que el concepto general de esta institución era malo por deficiencias estructurales y funcionales de la planta física, escaso personal y mala calidad general de las prestaciones que se brindaban en la modalidad de internación".
Una nueva auditoria realizada en 1996 empeoró ese diagnóstico al sostener que la Clínica 25 de Mayo "no cumplía con requisitos mínimos e indispensables para su habilitación", por lo que la Gerencia de Prestaciones Médicas del PAMI le comunicó a la regional que la institución debía ser excluida.
Sin embargo, el 1 de abril de 1997 se suscribió el contrato con la firma de Alderete y el titular de FACAP, Ernesto José Tapia.
La oficina advierte en su escrito que "los intereses confiados por los afiliados del instituto en el Estado y por el Estado en Víctor Alderete, se vieron efectivamente perjudicados cuando el nombrado contrató con la FACAP, por un monto de 9.000.000 mensuales a cambio de una prestación de servicios psiquiátricos a los afiliados del Instituto, la que en el caso de Complejos Asistenciales SA. ya se sabía de imposible cumplimiento".
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