Uno de los fiscales que participó de la reunión comentó al periodismo que "hay que tener en cuenta a la hora de descentralizar que en el interior los departamentos abarcan una importante extensión territorial y esa debe ser una de las variables a tener en cuenta".
También señaló que "la inquietud manifestada en la reunión también apuntó a la presencia descentralizada de la defensa pública, dado que hoy en día interviene en el 80 o 90 por ciento de las causas penales".
Otro de los reclamos "que no se hizo directamente por una cuestión de decoro", según el vocero consultado, estuvo referido a la posibilidad de cubrir la jefatura del ministerio público en la Procuración General.
En tanto, también se obtuvo del Ejecutivo un compromiso de "ajustar" los plazos de actuación del fiscal ante casos de "flagrancia", que tras los últimos cambios al Código Procesal se redujo a 20 días. Así, el Ejecutivo va a estudiar que el fiscal, en forma optativa, pueda pedir otros veinte días más al juez de Garantías.
"Ocurre que en estos casos, y suponiendo que se den en el interior, debemos esperar la presencia del defensor, realizar la audiencia con el imputado, esperando también la intervención del juez de Garantías", dijo el consultado al explicar su visión de la necesidad de ampliar los plazos.