La presentación fue radicada en el juzgado federal a cargo de Gustavo Literas, por el abogado Juan Carlos Iglesias, quien cuestionó el manejo de los fondos públicos, con los cuales se habrían subvencionado dos avisos publicados por el diario "La Nación" el domingo 2 de abril último, y en los cuales -con la firma de De la Rúa- se consignaba "si hay tantos bancos que ofrecen tantos créditos a tan bajo interés, algo bueno está sucediendo en nuestro pais"; "Tenemos una estrategia económica clara y acertada" y "Tenemos el crédito. Tengamos confianza".
Según sostuvo Iglesias en su presentación, del texto se desprende que "claramente se trata de una simple propaganda de gobierno, quizá destinada a compensar todo lo que se ha dicho acerca de la mala situación en que se recibió el gobierno y con el propósito de ponderar la acción de gobierno".
"Esto -dijo- nada tiene que ver con la publicidad de los actos de gobierno, pero resulta coincidente con las próximas elecciones en el Distrito d la Capital Federal para elegir autoridades".
El letrado advirtió que "el sujeto activo del delito es el funcionario público que dispone de los fondos, con otro destino. Nunca se podría autorizar a funcionario alguno a gastar fondos públicos en propaganda de gobierno de corte estrictamente político partidario". "El firmante (De la Rúa) de la propaganda referida es el administrador de los fondos públicos y aunque no tenga la posesión material de los mismos, está facultado para disponer de ellos pero para un destino legítimo".
Asimismo, advirtió que si se comprueba que el destino de esos fondos fuera al margen de la administración pública "podría implicar incluso una sustracción de los caudales, transformándose en ese caso en el delito de peculado, con una pena muy superior".