La medida afecta a Aníbal Ibarra, al secretario de Desarrollo Social, Rafael Romá, y al presidente del Instituto de la Vivienda, Ernesto Selzer y las sumas que se obtengan de la aplicación de las sanciones conminatorias serán a favor de los accionantes.
Los funcionarios deberán soportar esa multa en sus haberes si vencido el plazo de 72 horas no clausuran los dos hoteles de esta ciudad donde habitan personas sin techo. Fuentes confirmaron a este medio que el Gobierno de la Ciudad fue notificado ayer por la tarde, por lo cual el período de tres días comenzó a regir desde esta misma mañana.
La causa judicial se inició en 2001 cuando este mismo juez ordenó al Gobierno de la Ciudad “garantizar el derecho a la vivienda hasta tanto cesen las causas que originaron la asistencia” y a “verificar si el hotel en el que se hospedaban los amparistas cumplía con las exigencias legales referidas a su habilitación e incorporación al sistema prestacional”. La sentencia fue apelada pero la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad ratificó lo esencial de la medida, es decir, ordenó al Gobierno de la Ciudad a “que brinde a los actores una adecuada cobertura de la emergencia habitacional”.
Finalmente, el 1 de noviembre de 2002, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad desestimó una queja y rechazó un recurso de inconstitucionalidad interpuestos por el gobierno porteño, y remitió el expediente al juez Gallardo para que tome las medidas tendientes al efectivo cumplimiento de lo que había ordenado en la sentencia de fines de 2001.
Durante el pasado mes de junio se realizaron dos audiencias para intentar llegar a una solución, en donde estuvieron los representantes del Gobierno de la Ciudad, los representantes de los beneficiarios de los planes, el Defensor Oficial y el Asesor Tutelar, y algunos diputados que integran la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña.
Cabe aclarar ya que consta en el expediente, que mediante resolución nº 1510/01, del 6 de julio de 2001, la Defensoría del Pueblo puso en conocimiento del Gobierno de la Ciudad las anomalías detectadas en diversos hoteles contratados en el marco de los planes sociales. En la misma se resaltó, asimismo, que el costo que el estado local estaba abonando por día por cada albergado ascendía a la suma de pesos cuatro con cincuenta centavos ($4,50).
En la sentencia el juez entendió que “pese a encontrarse firme la sentencia de la Exma. Cámara del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario que ordena brindar a los accionantes ADECUADA cobertura en materia habitacional, el GCBA mantiene a los beneficiarios del plan gubernamental alojados en condiciones indignas y en establecimientos hoteleros que, paradójicamente, el propio gobierno ha clausurado por no reunir las más elementales condiciones de higiene y seguridad”.
El magistrado aclaró que “de persistir el incumplimiento de la medida dispuesta el Tribunal procederá al traslado y reubicación, por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de las personas alojadas en los Hoteles Montreal y Santiago del Estero”. A esos efectos “se procederá al embargo de las cuentas oficiales” que el Gobierno porteño tiene en el Banco Ciudad. Gallardo dispuso, además, que en caso de incumplimiento “se proceda a la denuncia de la situación por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
Por su parte, las legisladoras porteñas Beatriz Baltroc, vicepresidenta de la Comisión de Vivienda, y Vilma Ripoll denunciaron, por medio de un comunicado, que el Gobierno porteño paga "altos subsidios a hoteles que están en condiciones indignas" para alojar "varias familias" sin techo.