Dr. Carlos Miguel Cearras
Fiscal Federal
El gobierno anunció hace más de dos meses una Reforma Judicial dentro de la cual se incluyó el cuestionado proyecto de “unificación de fueros” y la implementación de las fiscalías barriales. Por otro lado, el flamante Procurador General, Esteban Righi, se manifestó a favor de que la instrucción esté a cargo exclusivamente de los fiscales.
Para dialogar sobre éstos y otros temas que hacen a la administración de justicia, en esta oportunidad Diariojudicial.com entrevistó al doctor Carlos Miguel Cearras, Fiscal Federal a cargo de la Fiscalía nº7, ubicada en el quinto piso de los tribunales de Comodoro Py. “Estoy totalmente de acuerdo con una instrucción a cargo de los fiscales”, afirmó Cearras al ser consultado por los dichos de Righi, pero aclaró:” Un sistema acusatorio sin una mejora en los recursos para el Ministerio Público sería otra vez un fracaso del sistema procesal”.
De reconocida trayectoria, Cearras se desempeña en el Poder Judicial desde hace 25 años, cuando ingresó como meritorio. El fiscal estuvo a cargo de causas de gran repercusión pública como la de IBM-Banco Nación. Al respecto, Cearras recordó: “Yo pedí la elevación a juicio de la causa respecto de 18 imputados hace dos años y todavía no he logrado que ésto se concrete”. A continuación reproducimos la entrevista completa.
Diariojudicial: ¿Qué opinión tiene sobre la Reforma Judicial incluida en el Plan de Seguridad anunciado por el gobierno?
Carlos Cearras: Respecto a la unificación de fueros, primero hay que ver qué relación tiene esto con la seguridad. Y en principio me parece que no se lograría una mejora en la seguridad porque unificásemos todos los fueros penales de la Capital Federal porque la seguridad se tiene que enfocar de varios puntos de vista, es una cosa multidisciplinaria. Pensarla como alternativa de solución sólo por el hecho de unificar los fueros, al menos, es una vista muy parcial del problema. Por otro lado creo que unificar todos los fueros penales de un distrito tan grande y tan complejo como es la Ciudad de Buenos Aires traería aparejado después problemas para instrumentar y para tramitar las distintas causas. Hoy por hoy, si bien no hay una especialización en el sentido propiamente dicho, la estructura de los fueros penales permite dividir el trabajo en áreas un poco más específicas para cada uno. Sucede con el fuero Penal Económico, que ya es un fuero netamente especializado porque maneja ciertos delitos del Código Penal, pasa un poco con el fuero Federal, que si bien tiene mayor amplitud, hay delitos que no llegan a ese fuero como una violación, un robo a mano armado, los homicidios… salvo que tengan que ver con una entidad pública o que tengan que ver con un homicidio como consecuencia de un delito federal, de modo que también ahí hay una suerte de especialización, sobre todo teniendo en cuenta un enfoque más volcado a los delitos de corrupción, contra la administración publica o del trafico de drogas. Y por otro lado está el fuero Criminal que abarca todos éstos delitos y muchas causas de corrupción. De todas maneras, la división en fueros permite abocarse a determinados delitos y esto da un know how un poco mayor en lo que hace al conocimiento de los temas y un know how con los distintos organismos y las distintas agencias que a usted le van a nutrir de la información que requiere. En mi caso, por ejemplo, si mañana me cae una violación no creo que sepa como manejarme para hacer un isopado, como hay que conservar las muestras... Hasta que uno se aggiorna en todos éstos temas es una pérdida de tiempo. Por otro lado coexisten en un mismo ámbito laboral causas de poca importancia con causas de mucha importancia y esto trae conflictos muy grandes porque las causas complejas no se pueden investigar cuando usted tiene coexistiendo con ellos 600 o 700 causas de robos o de hurtos menores y hay que darle una respuesta a la victima también en estos casos.....
DJU: Se simplificarían con éste sistema las cuestiones de competencia...
CC: Probablemente se van a evitar contiendas que hacen que la causa se atrase. También la contienda de competencia la va a tener en materia territorial y por eso no podemos crear un distrito judicial único. Nosotros tenemos una República Federal, y con éste sistema tenemos que acatar lo que surge desde el punto de vista constitucional de lo que es la estructura judicial, mal que nos pese las cuestiones de competencia. Por otro lado tenemos una ciudad de Buenos Aires que quiere ser autónoma y que en algún momento va a tener que salir a la luz con su propio sistema judicial y esto va a traer también conflictos de competencia. Yo creo que este es el menor problema. Los conflictos de competencia, que los hay y muchos, inclusive entre jueces del mismo fuero, se solucionan tramitando la cuestión por incidente y hasta que se decide qué juez va a intervenir sigue interviniendo el que previno o el que fue declinado. Hay un montón de remedios sin que éste sea el fundamento. Además, los conflictos de competencia, fijando plazos razonables para su resolución, no tienen que exceder más allá de 20 o 30 días. Por ahí se dice que con esto se soluciona el problema de competencia… No se soluciona, porque es relativo, hay un montón de delitos que tienen trascendencia interjurisdiccional con lo cual ahí se van a presentar los mismos problemas de competencia. Probablemente va a reducir la conflictividad del problema de competencia pero tampoco es un problema como para decir que ésta va a ser la gran solución.
DJU: Se dice que es un mensaje por elevación a determinados jueces federales...
CC: Si hay cuestionamientos sobre ciertos jueces diluirlos en una mayoría tampoco lo estamos solucionando. Si hay jueces malos lo que hay que hacer es examinar y ver si hay que sacarlos o no a través del proceso constitucional de remoción de los jueces pero no diluir su competencia en 80 porque de todas maneras van a seguir siendo jueces. Me parece que esto es un argumento un poco débil.
DJU: ¿Por qué el gobierno insiste en el proyecto a pesar de las críticas?
CC: Desconozco las razones más allá de las razones que surgen del propio proyecto. El problema de la seguridad no se soluciona haciendo una fusión de todos los fiscales, de todos los tribunales, de todos los tribunales penales de un distrito. La seguridad no es sólo una cuestión del distrito de Buenos Aires. En Misiones hay sólo dos jueces federales con una superficie varias veces la de la Ciudad de Buenos Aires y donde hay varios problemas de narcotráfico, de contrabando… Lo mismo pasa en Salta, que tiene también 2 jueces federales, con un problema de narcotráfico tremendo y con fiscales que están 365 días de turno y no llegan a abordar la problemática con la que se encuentran y esto no se ve. Se está focalizando todo en la Ciudad de Buenos Aires. Esta claro que requiere una atención especial pero no con este enfoque.
DJU: De los demás puntos del Plan de Seguridad ¿remarca alguno en especial?
CC: En el ámbito interno de la Procuración discutimos bastante el tema de las fiscalías de barrio. Nos parecía como solución poco eficiente a la luz de mandar sólo a un fiscal al barrio. Un fiscal en el barrio va a atajar problemas que escapan de su competencia, cuando en realidad la figura del fiscal es “reactivo” en el sentido que reacciona ante el delito y esa reacción la ejerce ante un tribunal. El fiscal representa los intereses de la sociedad ante los tribunales. Poniéndolo en un barrio el fiscal va a estar más en contacto con problemas que no son propios de sus área que poniéndolo cerca de los tribunales que es donde tiene que ejercer su ministerio. Esto no significa que desatendamos a la gente de los barrios. Muchos problemas de los que tiene un barrio se solucionan poniendo a una persona, que no tiene que ser el fiscal, y que económicamente le va a costar menos al Estado, y que además va a poder recibir los problemas y los va trasmitir con más eficiencia al fiscal que lo que puede hacer el mismo fiscal.
Hay otro tema. Cuando usted tiene un delito puede ser que usted viva en el barrio y que el actor viva en el barrio, pero muchas veces, casi en la mitad, usted está de paso por el barrio, entonces en vez de ir a Tribunales se va a tener que ir hasta el barrio aunque pasara de casualidad por ahí. Por lo tanto, tampoco es una solución que haga al barrio.
Esto no tiene nada que ver con la posibilidad de asignar determinadas jurisdicciones a determinadas fiscalías por un tiempo y que le permita controlar el mapa del delito y tener una idea más cabal de determinadas zonas. La Ciudad de Buenos no es tan grande. Y además destinamos recursos que son federales. Todos quisiéramos tener todo a la vuelta de casa, pero al hablar de seguridad no se si es gravitante tener al fiscal en el barrio o sí tener alguien que sepa lo que está haciendo la comisaría y cómo se están moviendo las cifras del delito.
DJU: El Procurador manifestó días atrás una idea con respecto a las fiscalías barriales, que consiste en terminar con el sistema de turnos pero no dispone el traslado de las fiscalías a los barrios. ¿Usted que opina?
CC: Con miras a largo plazo, este proyecto, va a tener un poco más de resultado. El Ministerio Público no se pude convertir en el control de un órgano que depende del Poder Ejecutivo como es la policía. Yo no puedo hacer control; a lo sumo, en función de algunos datos estadísticos, puedo armar un esquema para decir tal barrio hay que reforzarlo porque se están robando muchos autos, por ejemplo.
DJU: ¿Como vivió el “fenómeno” Blumberg?
CC: Son señales indicadoras de que la gente está buscando una modificación en los esquemas de trabajo de los tribunales. De todas maneras, hay que analizarlo desde dos planos, por un lado hay un grupo de gente que opina sobre la justicia y que nunca pasó por la puerta de un tribunal y después va a tener a mucha gente que acudió a un proceso. Generalmente el sentimiento comunitario es de gente que no ha pasado por los tribunales. No obstante, lo de Blumberg ha sido una señal de aviso para todos. No podemos pensar que no haya ninguna institución que no requiera modificaciones o autocríticas.
El resultado trágico de la muerte de Axel determinó todo esto. De alguna manera, lamentablemente, la muerte en estos casos de secuestros extorsivos está presente, está latente. Entre las posibilidades que hay en un secuestro una es que la victima sea asesinada. El caso Blumberg muestra que la ciudadanía busca un cambio, protección y vivir segura, lo cual es normal. La fiscalía de San Martín venía resolviendo 100 casos con un éxito de un 80%; un caso que fue un fracaso y lo que se pidió fue que se aparte al fiscal...
Esta claro, igualmente, que hay que hacer cambios. Todo lo que tiene que ver con el trámite procesal de una causa, lo que tiene que ver con evitar vías recursivas que hacen que los expedientes se dilaten durante años. El sistema procesal tiene que tener modificaciones, tenemos que plantear un principio de oportunidad legal donde usted pueda disponer todos los recursos para los casos importantes y también tenemos que modificar los esquemas procesales para que un expediente no se la pase yendo y viniendo a la Cámara durante años. Yo soy fiscal en al caso IBM-Banco Nación y la mitad del tiempo la causa se la pasó yendo a la Cámara. Yo pedí la elevación a juicio de la causa respecto de 18 imputados hace dos años y todavía no he logrado que la eleven porque hay incidentes que están en Cámara para ver si se le conceden o no el recurso de Casación.
DJU: ¿No finalizó la instrucción?
CC: No. Por eso digo que hay que tratar de desacralizar lo que es la instrucción, en aras de tener una cosa más práctica. Hoy en día usted necesita un dato y no tiene que mandar un oficio, baja de una página de internet todos los registros. Todas éstas herramientas hay que aprovecharlas para poder darle respuesta a muchos casos. Tenemos que correr con tiempos mucho mas rápidos para que la respuesta sea mas rápida. Esto significa manejarse con los tiempos de la prensa.
DJU: El Procurador se manifestó a favor de que la instrucción debe estar en manos de los fiscales exclusivamente. ¿Cómo ve el sistema actual?
CC: El sistema actual es la mitad del camino. Estoy totalmente de acuerdo con una instrucción a cargo de los fiscales. El fiscal busca la verdad y la realidad, de alguna manera representa una parte, y por lo tanto actúa más interesadamente que el juez. El juez de instrucción conocido en el concepto de lo que era el proceso inquisitivo es el juez que investigaba, muchas veces juzgaba y además dictaba sentencia. Eso cambió relativamente porque el juez correccional sigue dictando sentencia sobre casos que él investiga… pero siguen los jueces de instrucción dictando resoluciones de mérito que lo que hace es mérito de la prueba que ellos mismo produjeron cuando la causa no la delegan en el fiscal. Esto lo aleja un poco de la idea de juez imparcial, y se convierte en juez investigador que va a tratar, aunque sea inconscientemente, de llevar adelante su interés por la investigación y la validez de esas pruebas que él mismo llevo adelante. Desde éste punto de vista, el sistema acusatorio es un poco más garantizador, porque quien investiga es una persona distinta de la que va a dictar la resolución.
DJU: ¿El sistema actual es un híbrido?
CC: Yo diría más que un híbrido es un sistema mixto, tiene una instrucción de carácter inquisitivo aunque esta palabra tiene una carga emotiva muy grande. Si bien se lo llama inquisitivo a la parte de la instrucción y acusatorio a la parte del juicio, yo diría más bien que la primera parte es una parte oficiosa y la segunda es una parte contradictoria. Tenemos conviviendo cuatro o cinco sistemas en un mismo código, esto es anti-práctico, que no tiene razón de ser y que no mejora la administración de justicia. Yo creo que tenemos que unificarlo... Pero no tenemos que hacer un traslado de que lo que hacía el juez ahora lo hace el fiscal. Hoy por hoy un sistema acusatorio sin una mejora en los recursos para el Ministerio Público sería otra vez un fracaso del sistema procesal.
DJU: Teniendo en cuenta la administración de justicia, hay varios problemas en la justicia: la cantidad de expedientes en trámite, la cantidad de meritorios, la capacitación, etc. ¿Qué opina?
CC: Yo cuando empecé hace 25 años como meritorio teníamos una formación académica y esa formación casi empírica de los prosecretarios bien formados y capacitados que conocían muy bien el procedimiento. En los últimos años, a raíz del crecimiento en los tribunales, especialmente en lo penal, hubieron más posibilidades de ascenso de gente que, en algún caso, no recibía esa capacitación pero eso se fue solucionando. En el ámbito del Ministerio Público hay una escuela de capacitación de empleados donde muchos fiscales son docentes. En el ámbito del Ministerio Público los empleados reciben capacitación en derechos humanos, en la formación procesal, etc. Respecto a los meritorios, no me gusta mucho por el hecho de que no me gusta que alguien trabaje sin cobrar, pero es voluntario y tiene la ventaja que quien quiere especializarse en un área del Derecho tiene una capacitación casi gratuita, se conecta con un mundo de la práctica que en la Facultad no lo va a encontrar. Es un ida y vuelta. Quizás habría que pensar un sistema de pasantías o buscar los mejores promedios.