Por medio del decreto 905/2004 publicado hoy en el Boletin Oficial fue aceptada la renuncia presentada por la tittular del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 25, de la Capital Federal, doctora Silvia Irene Rey, la cual tiene efectos a partir del 1º de julio de 2004.
Contienda de competencia
El juez federal Norberto Oyarbide se declarará incompetente para investigar la toma de la comisaría 24 de la Boca y enviará el expediente a su colega Jorge Urso para que lo acumule a la investigación que lleva éste magistrado por las supuestas irregularidades cometidas en ese procedimiento. Fuente judiciales confirmaron que Oyarbide planea tomar esta decisión una vez que finalice la feria judicial de invierno. Por otra parte, la defensa del ex jefe de la comisaría de La Boca Cayetano Greco pidió hoy que se cite a declarar al ministro de Justicia, Gustavo Beliz, ya que éste último habría dicho que el comisario estaba siendo investigado dentro la fuerza, pese a que no existiría ningún sumario en su contra. El pedido fue formulado al juez federal Jorge Urso por los abogados Juan Martín Cerolini y Marcelo Rochetti. Según la defensa, Greco fue convocado el 15 de julio último por el Departamento Asuntos Internos de la Policía Federal, donde el comisario Eduardo Bevilacqua le informó que "no se había formado cargo alguno" por su actuación durante la toma de la seccional.
Cooperación internacional
España, Francia y Alemania firmaron un acuerdo en Bruselas para poner fin durante el 2005, al procedimiento de las comisiones rogatorias internacionales que se realizan tras la detención de un individuo. Al efecto crearán una interconexión informática entre Madrid, París y Berlín que servirá para conocer a diario el registro de antecedentes penales en cada país. El principal objetivo de este proyecto es combatir mejor la impunidad mediante la puesta en común en esta red de todos los datos que están centralizados en cada país. Para ello, será necesario armonizar y homogeneizar las figuras penales que deben ser puestas bajo las mismas categorías. Otro de los problemas es el lingüístico, por lo que estos países se han comprometido a traducir a las otras lenguas la información que reclamen los jueces. La iniciativa se enmarca dentro de los progresos en la construcción europea de los últimos años para restablecer y fortalecer las guías de cooperación judicial, civil y penal. Los tres países invitaron a sus socios europeos a adherirse a esta iniciativa.