Dr. Abel Fleitas Ortiz de Rosas
Viceministro de Justicia
La Reforma Judicial anunciada por el gobierno dentro de la cual se incluyó el cuestionado proyecto de “unificación de fueros”, la implementación de las fiscalías barriales, la renovación de los miembros de la Corte y la demora en la designación del resto de los jueces son algunos de los temas que hoy se discuten dentro del ámbito de la justicia. Por otro lado, en los últimos días se conocieron dos fallos sobre temas de gran repercusión pública: la decisión de la Cámara Federal de revocar los procesamientos en la causa de las coimas en el Senado y la resolución de la Corte Suprema que rechazó el reclamo de un ahorrista que pesificó sus dólares a $ 1,40, y luego reclamó por la diferencia de cotización.
Para dialogar sobre éstos y otros temas de actualidad, en esta oportunidad Diariojudicial.com entrevistó al doctor Abel Fleitas Ortiz de Rosas, Secretario de Política Judicial y Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
Dueño de una reconocida trayectoria tanto académica como dentro de la función pública, Fleitas Ortiz de Rosas (61) inició su larga carrera judicial en 1974 cuando fue designado como juez nacional en lo Civil y Comercial Federal. Luego, entre otros cargos, fue conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y consejero académico para la evaluación y selección de jueces en el Consejo de la Magistratura de esa provincia. Últimamente se desempeñó en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires desde donde arribó al Ministerio de Justicia de la Nación.
“La Corte Suprema estaba cuestionada por motivos reales”, afirmó Fleitas al ser consultado por el proceso de renovación que impulsó el gobierno de Kirchner. Con respecto a la designación de los jueces inferiores, reconoció una demora a principios de año, pero aclaró que “el embotellamiento inicial se ha ido normalizando”. El funcionario celebró la importancia del fallo "Cabrera" de la Corte y destacó que la resolución de la sala I de la Cámara Federal con respecto a las coimas en el Senado “desanima a cualquiera que decide hacer una denuncia o pedir una investigación”.
Por otra parte, el viceministro de Justicia justificó la aplicación del impuesto a las ganancias para los jueces. “Conceptualmente la posibilidad de aplicar el impuesto es fundada”, dijo.
También Fleitas adelantó que el proyecto de régimen penal especial de menores “está terminado y a la firma del Presidente”.
Consultado acerca del presupuesto con que cuenta la justicia, Fleitas aclaró que “el problema no es seguir agregando recursos sino preguntarnos cómo se pueden utilizar los recursos que tenemos”.
En relación al trabajo de los miembros de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura sobre las investigaciones de los jueces federales, el funcionario criticó su labor y resaltó que “algunos consejeros se llevan el expediente y lo tienen seis meses”.
Por último, Fleitas se refirió a la investigación que está en manos de la justifica federal a raíz de la toma de la comisaría de La Boca. “La opinión pública tendría que tener conciencia del compromiso que significa que un sábado a la noche, donde sacar a un juez de la cama da mucho trabajo, los funcionarios políticos estén en el lugar del conflicto para superarlo”, resaltó. A continuación reproducimos el encuentro logrado
Diario Judicial: ¿Cómo evalúa el proceso de renovación de la Corte Suprema que está a punto de finalizar?
Abel Fleitas Había una fuerte demanda social y una necesidad de producir una renovación en la Corte Suprema que estaba fuertemente cuestionada por motivos reales. Esto fue una política que el Presidente y el Ministerio de Justicia asumieron desde el primer momento. En realidad, esta era una deuda con la sociedad que anteriores gobiernos no habían podido o no habían querido dar respuesta.
Esto lo asumió el Presidente personalmente cuando se dirigió por los medios de comunicación planteando la necesidad del alejamiento del entonces presidente de la Corte, el Dr. Nazareno. Luego, esto tuvo eco en los juicios políticos que se hicieron y que llevaron a la renuncias de Nazareno y López, al desplazamiento del Dr. Moliné y ahora se encuentra pendiente el juicio político al Dr. Vázquez.
Yo tengo una colección de editoriales de los diarios más prestigiosos del país precisamente cuestionando el descrédito que había producido la Corte Suprema así misma y a la justicia en general.
La experiencia (del nuevo proceso de designación) es valiosa a pesar de los riesgos y avatares que trae aparejado el hecho de que los nombramientos de los reemplazantes se hayan hecho de una forma abierta al debate público, algo que hasta ahora nunca había existido. Hasta ahora los nombramientos eran acuerdos subterráneos entre el Ejecutivo y el Senado por los cuales se conocía de un día para otro quién había sido nombrado en la Corte, fuera bueno o no.
DJU: Con respecto a la designación de los jueces inferiores, ¿no hubo demasiadas demoras en el envío de los pliegos al Senado?
AF: Hubo una demora; ahora no la hay, que tuvo que ver con la implementación del decreto 588, y además coincidió con que luego vino el receso de verano. Esto llevó a una acumulación de las ternas que llegaron desde el Consejo de la Magistratura. A partir de marzo esto se empezó a agilizar, se enviaron más de 40 pliegos al Senado, y ya hay una cantidad de acuerdos que han salido.
Mas o menos desde que llega una terna al Ministerio hasta que se envía el pliego puede transcurrir entre un mes o un mes y medio, que es el tiempo necesario para hacer las publicaciones, recoger la información sobre el patrimonio, su situación impositiva, las consultas a las entidades representativas…de modo que el embotellamiento inicial se ha ido normalizando.
DJU: En varias editoriales de los diarios, algunos miembros del Consejo de la Magistratura negaron responsabilidades con respecto a las demoras....
AF: Es cierto que en el Poder Ejecutivo tuvimos una demora que llevó a este congestionamiento entre diciembre y marzo, pero se ha ido superando y ahora hay un giro más normal.
DJU: Con respecto al pliego del Dr. Ricardo Camutti también se hicieron muchas críticas. ¿Qué fue lo que sucedió?
AF: Ese fue un problema de trámite que se superó rápidamente. Había tres vacantes en Tribunales Orales y el Dr. Camutti, por la forma en que venían los nombres, podía entrar en la tercera vacante. Nosotros habíamos propuesto los tres nombres (Salas, Atucha de Arias y Camutti) y por un error interno se envió primero al Senado el pliego de Camutti cuando tenían que ir los tres juntos. Cuando se advirtió el error se subsanó rápidamente, fueron los otros dos pliegos y se superó la situación.
DJU: ¿Cómo evalúa el fallo “Cabrera” de la Corte, en donde el tribunal rechazó un amparo de segunda generación en base a la doctrina de los actos propios?
AF: Es importante que la Corte haya definido este tema porque permite ir estableciendo pautas claras para las relaciones jurídico-económicas, sobre todo en este momento que se va superando la emergencia de hace dos años.
DJU: ¿Y el fallo de la Cámara Federal que revocó los procesamientos en la causa de las coimas en el Senado?
AF: No conozco el trámite procesal de la causa y no he leído el fallo de la Cámara por lo que mi opinión es relativa. Cuando la Corte anuló los procesamientos por el contrabando de armas que involucraba, entre otros, al ex presidente Carlos Menem, a mi me entrevistaron y yo hice una crítica muy fuerte porque ese fallo parecía ser una convocatoria a la impunidad, era una especia de reproche a quienes habían avanzado en la investigación. Si éste fuera un caso similar haría la misma crítica. Pero no lo puedo afirmar sin conocer los trámites procesales.
DJU: Había muchas expectativas de la sociedad con respecto a esta decisión....
AF: Eso es cierto y visto desde afuera esto parecería ser un fallo que desanima a cualquiera que decide hacer una denuncia o pedir una investigación. En ese sentido es un fallo que produce un desánimo.
DJU: Desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad se impulsa el pago del impuesto a las ganancias para los jueces. Además hay un proyecto de ley votado por el Senado. Sin embargo, hay un conflicto al respecto. ¿Cuál es su opinión?
AF: Es un bien para la Justicia que los jueces no tengan privilegios impositivos y que asuman sus obligaciones como todo ciudadano. Los jueces que se resisten al pago del impuesto sostienen que esto afecta el principio de intangibilidad de sus sueldos. Yo pienso que no es así. En realidad, pagar impuestos significa un costo sobre el ingreso pero la intangibilidad del sueldo protege contra otros elementos: medidas de persecución o de manipulación del Ejecutivo o del Legislativo.
Conceptualmente la posibilidad de aplicar el impuesto es fundada, sin perjuicio que se tiene que hacer en forma prudente. Con respecto a esto se trabajó mucho en el Senado.
DJU: La reforma Judicial incluida en el Plan de Seguridad tiene varios puntos, ¿en qué estado está cada uno de los proyectos?
AF: Hay proyectos importantes por su envergadura: la reorganización de la justicia penal de Capital y la reforma del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Ambos han entrado en el Senado y están en comisión. Ahora se va a iniciar una etapa de consultas con especialistas para avanzar en su tratamiento.
Con respecto al primer proyecto, lo que más ha llamado la atención es la unificación de los fueros penal ordinario, correccional y penal federal, pero también comprende otros aspectos importantes: mayor número de tribunales de menores, cambios en la justicia tributaria y aduanera, modificaciones a la forma de asignación desde el punto de vista territorial… Es un proyecto muy ambicioso.
Otro proyecto muy importante es el del régimen penal especial de menores. Está terminado y a la firma del Presidente quien espera que se concluya un proyecto social de protección integral del menor, que lo va a enviar el Ministerio de Desarrollo Social, para que vayan juntos.
Y además está el proyecto de juicio por jurados, que eso ya está avanzando mucho, se han hecho una cantidad de consultas y hay un fuerte consenso para aprobarlo.
DJU: ¿Y el de las fiscalías barriales?
AF: Ya tiene media sanción, ahora está en Diputados donde tiene dictamen de comisión, sólo falta que entre a la orden del día y se vote, lo cual no impide que se vaya avanzando sobre el tema. Estamos trabajando con el Procurador Righi y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad al respecto. La idea es que haya una coordinación entre fiscalías penales y contravencionales, y que el vecino se pueda dirigir a un lugar, que se pueda encontrar con una boca de acceso a las fiscalías penal y contravencional.
DJU: Sin embargo, el Procurador advirtió problemas presupuestarios para avanzar con la descentralización…
AF: El hecho de que haya que solucionar algunos aspectos presupuestarios no impide que ya se vaya trabajando sobre la descentralización “funcional”. Si bien el fiscal no se va a trasladar, la idea es que en el barrio haya una oficina de la fiscalía con un secretario y personal de modo que el vecino tenga acceso a la fiscalía en el barrio, aunque el fiscal conserve su despacho en el centro.
DJU: Entonces por el momento ¿las tres fiscalías existentes no se van a ampliar?
AF: El propósito sí es ampliarlas pero hay que resolver los temas presupuestarios, por eso va a demorar. Sin embargo, se puede poner en forma más inmediata éste otro sistema, que también es una descentralización.
DJU: ¿No hay contradicción entre el proyecto de fiscalías barriales y la idea del Procurador de no avanzar en el traslado de las fiscalías al barrio?
AF: En realidad la ley no dice que todas las fiscalías se tengan que trasladar, lo que prevé es el traslado de determinadas fiscalías y un sistema de descentralización “funcional”. Por lo tanto, hay consonancia sobre lo que está avanzado el Procurador y el espíritu de la ley.
DJU: ¿Qué opinión tiene de los problemas que se refieren a la administración de justicia: la cantidad de meritorios, la capitación del personal y la falta de recursos? ¿Falta presupuesto?
AF: Estadísticamente la Argentina tiene un alto nivel de presupuesto para la Justicia comparado con países de Europa, América Latina y Estados Unidos, tanto en relación al número de población como en relación al producto bruto. Esto no quita que puede haber sectores de la Justicia que necesitan un refuerzo. Pero tenemos que plantearnos la deficiente utilización de los recursos existentes. Por un lado, hay una justicia comercial con 26 juzgados colapsados; y por otro, una justicia laboral con 80 juzgados con una capacidad ociosa significativa. Tenemos juzgados federales del interior que están también sobrecargados, pero tenemos tribunales orales (San Juan, Catamarca, La Rioja) que hacen un juicio por mes. Entonces el problema no es seguir agregando recursos sino preguntarnos cómo se pueden utilizar los recursos que tenemos. Todos los edificios judiciales se usan la mitad del día y la otra mitad quedan desocupados. Por lo menos tenemos que preguntarnos cómo puede haber un uso más racional de estos recursos.
DJU: ¿Cómo sería esa utilización?
AF: Nosotros hemos planteado en la Mesa del Diálogo crear una Comisión para trabajar el presupuesto de la Justicia y ver cuáles son las áreas que necesitan un mayor refuerzo, pero al mismo tiempo cómo reasignar recursos para su eficiente utilización. Por ejemplo, la cantidad de funcionarios con jerarquía de juez que tiene la Corte Suprema es desproporcionada. Hay más funcionarios con jerarquía de juez en la Corte que en toda la justicia comercial o en la justicia civil.
DJU: La escasez de recursos para la justicia provoca falta de agilidad y esto la sociedad lo ve negativamente
AF: Es verdad, pero eso comprende otro aspecto que es la capacidad de gestión de los jueces. Hay juzgados civiles donde hay jueces que llevan una conducción organizativa del tribunal y que casi no hay gente en mesa de entrada por la agilidad del trabajo. Y en otros juzgados con el mismo número de personal se amontonan los abogados en la mesa de entrada por la lentitud de la respuesta. Y eso significa capacidad de gestión por los jueces. El juez no sólo es un hombre de derecho que conozca la competencia. También es el gestor de una “unidad empresaria”.
DJU: Todos estos planteos estuvieron presentes en la marcha que convocó Blumberg. ¿Usted cómo vivió ese fenómeno?
AF: Nosotros percibimos y compartimos ese reclamo pero lo más positivo es llevarlo en una forma consensuada con los distintos sectores del mundo judicial. Yo vi como algo muy valioso que una multitud tan grande se coloque frente a los tribunales para pedirle a los jueces que miren a la gente. Uno de los riesgos del mundo judicial es el encierro, el espíritu corporativo y casi sentir a la gente de afuera como un estorbo o una perturbación. Es bueno sentir un sacudón para restablecer el diálogo entre la sociedad y la justicia.
DJU: En estos días se cumplieron diez años del atentado a la AMIA. ¿Cómo evalúa la investigación?
AF: El gobierno ha puesto todo lo que podía poner para apoyar la investigación. Esta es una historia que lleva 10 años donde hay muchos puntos oscuros, muchas frustraciones. Todo lo que esté a nuestro alcance se está haciendo a favor de la investigación. Pero yo no puedo asegurar cuál será su resultado.
DJU: Sin embargo, el juez Canicoba Corral criticó al gobierno por la falta de apoyo.
AF: Se quejó de algo exclusivamente material que tenía que ver con conseguir espacios para colocar ciertos expedientes o archivos y esto ya se solucionó. Fue una actitud mediática e innecesaria porque habilitar un espacio no es algo que se consigue de una semana para la otra. Pero el propósito siempre fue facilitar lo que estuviera al alcance.
DJU: Varios jueces federales criticaron el proyecto de unificación de fueros…
AF: Hay algunos jueces federales y algunos fiscales federales que mostraron su desacuerdo con éste proyecto, pero son una minoría dentro del conjunto de los jueces nacionales en lo penal. Es claramente mayoritario el acuerdo, pero esa mayoría es más silenciosa.
Nosotros creemos que este proyecto va a significar una posibilidad de racionalización importante en los recursos judiciales. Va a significar que no se prolonguen historias por los problemas de competencia. Siendo todos los juzgados nacionales, estas divisiones de competencia en vez de facilitar un funcionamiento eficiente lo trababan. El hecho de las diferentes competencias, en lugar de ayudar a una mayor eficacia ha significado demoras y una gran disparidad de funcionamiento. Pensamos que el barajar y dar de nuevo va a permitir una mejor distribución entre los 82 juzgados que hay.
DJU: No se puede negar una disputa entre el gobierno y varios jueces federales…
AF: Yo no diría que hay una disputa. Aquí tengo por lo menos 10 editoriales de los últimos cinco años con los siguientes títulos: “justicia cuestionada”, “necesidad de sanear la justicia”…. El tema es la justicia penal federal. No es un tema de éste ministerio o de éste gobierno. El tema de los cuestionamientos de la justicia penal federal se repite desde el año 1999.
DJU: ¿Pero no seria bueno que si hay malos jueces se los destituya?
AF: Quienes tienen a su cargo la investigación son los miembros de la Comisión de Acusación del Consejo del Magistratura, que en general está a un ritmo un poco lento. El Consejo, en lo que es la Comisión de Selección esta trabajando a un buen ritmo para la designación de jueces, pero para la acusación me parece que las denuncias se demoran mucho. Todo lo que se decía de la Corte que fue removida se decía también de la justicia federal. La cantidad de denuncias es muy grande y algunos consejeros se llevan el expediente y lo tienen 6 meses. Para nosotros esto es producto del hecho de que integran la Comisión de Acusación diputados y senadores, que son muy buenos legisladores, pero que tienen que repartir su tiempo entre el Congreso y el Consejo, y entonces su rendimiento es notoriamente pobre. Por eso proponemos la reforma de ese organismo.
DJU: ¿Cuáles son los temas de mayor importancia que deberán ocupar la agenda judicial en lo que resta del año?
AF: Están en la agenda judicial todos los proyectos que hemos mencionado. Creo que se ha empezado un proceso importante de reforma interna de la Corte. También está dentro de nuestra agenda la reforma institucional de la Corte, que significa reducir competencias y descentralizar competencias. Creo que el Presidente de la Corte está comprometido con una iniciativa de cambio en este sentido. Hay que reasignar y optimizar los recursos de la justicia apuntando a los sectores que están ociosos y a quienes más lo necesitan.
DJU: Con respecto a la toma de la comisaría de La Boca por grupos piqueteros, hay muchas acusaciones hacia funcionarios del gobierno. ¿Qué fue lo que pasó realmente?
AF: Es una política firme del gobierno que éstas manifestaciones, en lo posible, se traten de superar a través del diálogo y evitando la represión, aún a costa de soportar determinadas situaciones. Esto no significa aprobar el hecho de la ocupación. Yo valoro que un sábado a la noche y en horas de la madrugada estuvieron allí tratando de procurar la solución el Secretario de Seguridad, el Subsecretario Campagnoli y el jefe de asesores del ministro. La opinión pública tendría que tener conciencia del compromiso que significa que un sábado a la noche, donde sacar a un juez de la cama da mucho trabajo, los funcionarios políticos estén en el lugar del conflicto para superarlo. Esto lo digo mas allá de las anécdotas de si se llamó, quién llamó…
DJU: ¿No creé que al gobierno se le fue de las manos el tema de los piqueteros?
AF: Yo comprendo que estos ataques se vivan como intolerables pero la situación se va de las manos cuando hay un muerto. No me gusta ver personajes con la cara tapada tirando piedras. Hay que ponerle límite a esto pero buscando un punto de equilibrio. Y ese es nuestro desafío.