04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Contra el desmonte de la selva salteña

El Superior Tribunal de Justicia de Salta rechazó el amparo interpuesto por varias ONGS para detener la venta de la Reserva Provincial de Pizarro, Salta. Sin embargo presentaron la última semana una apelación que deberá ser contestada en los próximos días por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 
La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Illay de Salta, presentaron una acción de amparo contra la Provincia de Salta, para que se declare la inconstitucionalidad de las normas que ordenaron la desafectación de la Reserva Provincial de Pizarro como Área Natural Protegida y para que se ordenara la inmediata paralización del proceso de licitación tendiente a su venta.

En consecuencia intimaron a la protección de la zona bajo la figura de “Area Protegida” o “Reserva de Usos Múltiples” aunque finalmente el Superior Tribunal de Justicia salteño rechazó la medida, por lo que las organizaciones debieron realizar una apelación frente a los estrados de la provincia para que la decisión sea revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Dicha reserva comprende 25.000 hectáreas, fue creada en 1995 y esta ubicada en la localidad de General Pizarro, Departamento de Anta, Provincia de Salta; posee una gran diversidad de especies vegetales y animales y, según la opinión de una serie de expertos en ecología, genética y evolución de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, es un área que permite conservar sectores de transición entre la selva pedemontana de las Yungas y del Chaco Semiárido, dos de las regiones naturales más amenazadas por el avance de la frontera agropecuaria.

El gobierno de Juan Carlos Romero dispuso mediante la ley provincial la Nº . 7274 la desafectación de la reserva y la venta de los mencionados lotes, con destino a producción agropecuaria, cuestión que supone un peligroso antecedente que representa la posibilidad de que las áreas estatales protegidas puedan ser eliminadas, vendidas o sacrificadas en aras de proyectos económicos.

Asimismo han elevado un pedido al presidente Néstor Kirchner para que intervenga y disponga una moratoria a escala nacional de dos años de todos los desmontes, para frenar el avance descontrolado de la soja y poner en marcha un plan de ordenamiento territorial.



dju / dju
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