El gobernador De la Sota explicó que habrá “una etapa previa donde tanto el fiscal como el defensor de los imputados analizan las características del jurado, si existen prejuicios o algo que haga que ese jurado popular no tenga el equilibrio necesario como para juzgar bien”. Superada esta instancia, y definidos los ocho jurados, a ellos se sumarán los tres camaristas del Poder Judicial.
"Este jurado de 11 miembros determinará la inocencia o la culpabilidad y los tres camaristas aplicarán la pena que corresponda dentro del Código y de esta manera los ciudadanos dirán quien es culpable y quién inocente", aclaró el gobernador en la conferencia de prensa en donde se anunció el envío del proyecto.
“También –agregó- el pueblo de Córdoba va a poder castigar a través de su gente a los funcionarios ladrones, coimeros, cualquiera sea el poder que integren, y también a grandes delincuentes económicos”. Asimismo, resaltó que “Córdoba será la primera provincia en tener jurados populares”. En realidad, en la ciudad de Río Cuarto, ya se habían realizado años atrás experiencias similares para casos puntuales pero su uso no prosperó.
El mandatario confía en que la repercusión de este proyecto en el Poder Judicial será positiva. “Estoy seguro que este Poder Judicial totalmente independiente que tiene Córdoba, se enorgullece en tener un sistema acusatorio único en el país, con una Policía Judicial para la investigación del crimen que depende del Ministerio Público y no del poder político, va a acompañar este proyecto de ley porque significa un gran avance”, dijo.
Los jurados populares juzgarán los delitos de cohecho, tráfico de influencias, peculado, negociaciones incompatibles con el cargo público, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, malversación de fondo, entre otros. Además, tendrán a su cargo delitos aberrantes como el asesinato tras robo, asesinato tras secuestro y el asesinato tras violación.