MERCOSUL. La rivalidad con la patria verde-amarela no sólo pasa por el fútbol y el cupo de heladeras, también tiene sus estribaciones en los rankings de los estudios con más peso en la región. Los diarios de nuestro gigante vecino publicaron con un dejo de orgullo: Brasileiros lideram ranking dos maiores escritórios de advocacia do mercado latino-americano, vanagloriándose de que ocho de los diez estudios más importantes de Latinoamérica hablan portugués. Rodeado por nuestros vecinos y en un meritorio cuarto puesto aparece Marval, O ‘ Farrell & Mairal, líder en nuestro torneo local. Es que el glamoroso mundo de los grandes estudios también sintió los vaivenes económicos del país. Así, los buffetes que se dedicaban a fusiones y adquisiciones, pasaron a defender ahorros del corralito, refinanciar pasivos y destrabar los intríngulis de los pagos en pesos por contratos en dólares. Mientras los brasileros siguieron con su jogo bonito nosotros por obra y gracia de la devauleta terminamos jugando al catenaccio, con una economía haciendo agua por todos lados y con los abogados vendiendo salvavidas. Por falta de datos como facturación o número de acciones, el ranking regional está hecho sobre la base de cantidad de abogados, por lo que no se sabe si los estudios criollos blanquearon para el cuadro comparativo la cantidad de pasantes –abogados recién recibidos- que engrosan sus filas. Pero donde seguro el clásico Argentina – Brasil marca un score favorable es en el índice de litigiosidad (jamón del medio para los abogados): mientras que en la Argentina hay una proporción de un juicio cada 10 habitantes, en Brasil esa proporción no llega ni a la mitad. Por eso aunque nadie quiera revelar cuánto factura, será cuestión de afilar el lápiz y relacionar volúmenes, cantidad de conflictos y número de abogados para deducirlo. No por casualidad estos dandys de la city están reestructurando sus cuadros profesionales con experimentados magistrados del foro local. Recientemente Favier Dubois y hace un tiempo Carlos María Rotman, ambos del estratégico fuero comercial, abandonaron sus togas para empezar a facturar desde el otro lado del mostrador, demostrando que el libro de pases recién se está calentando. En los ’80 el filón eran los juicios contra el Estado. En los ’90 las privatizaciones, fusiones y adquisiciones eran las gallinitas de los huevos de oro. Con el derrumbe de diciembre de 2001 empezaron a tallar fuerte la especialidad en refinanciación de pasivos (hubo APEs millonarios entre los que se destacan los de Acindar, Multicanal, Telecom y Autopistas del Sol, entre otros) junto con los problemas que afectaron a las privatizadas: roces con los entes de control y la renegociación de los contratos. La Argentina es un país en constante turbulencia que con cada cambio redefine la práctica de la abogacía. El aumento de la litigiosidad es la marca de la era K y los grandes estudios, a pesar de los honorarios pesificados (extrañan los U$S 250 de la hora/socio cuando reinaba el 1 a 1) se las arreglan para estar en la cresta de la ola.
UBALANDIA. Mediante un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación los concursos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires volvieron a estar sobre el tapete. El caso se remonta a un concurso de 1996 para cubrir siete cargos de profesores titulares en el área de derecho comercial, que según denunció la Camarista Comercial Ana Piaggi de Vanossi, estuvo viciado de nulidad por las acciones y decisiones que tomó el jurado que estaba encargado de decidir quiénes serían los elegidos para poder desempeñarse en esa casa de altos estudios. La camarista, que quedó décima en el ranking, se sintió perjudicada en el concurso ya que no se valoraron los antecedentes que ella tenía, los cuales según explicaron fuentes cercanas a la vocal, “superaban ampliamente a los de algunos que finalmente fueron elegidos como docentes”. Piaggi de Vanossi, al verse perjudicada llevó el tema la Sala V en lo Contencioso Administrativo Federal para que se declare inválida la resolución 3582/2000 de la UBA con la cual quedó afuera del concurso. En la Cámara se rechazó el planteo por considerar que los procedimientos arbitrados para la selección del cuerpo docente no admiten revisión judicial, por tratarse de cuestiones propias de las autoridades que tienen a su cargo el gobierno de la Universidad. Sin embargo, ni corta ni perezosa, la reconocida camarista llegó ante la más alta instancia por medio de un recurso extraordinario y otro de queja. El cuestionamiento de la impugnante se basaba en que el jurado que la calificó no valoró bien sus antecedentes y los méritos de su oposición oral. Además al parecer un concursante habría falseado información, aunque se mostraron reacios a profundizar la acusación, escaparon a los nombres y evitaron entrar en mayores detalles. Así las cosas, el tribunal consideró que las objeciones formuladas por Piaggi no habían sido debidamente tenidas en cuenta por la cuestionada Sala V del fuero y le ordenó que, entonces, dictara un nuevo pronunciamiento. Lo interesante es que el máximo tribunal si bien consideró que las impugnaciones a un concurso universitario no deben ser revisadas en la instancia extraordinaria de la Corte, sí pueden serlo por los tribunales inferiores. Es común que este tipo de concursos reciban múltiples impugnaciones por parte de los que se quedan afuera, en un claro paralelismo con lo que está sucediendo frecuentemente en otro ámbito de concursos para leguleyos: el Consejo de la Magistratura. ¿La Corte habrá abierto la Caja de Pandora?