Error
El ex juez federal, Luis Bernasconi, fue detenido por error por la Policía Aeronáutica Militar (PAM) cuando se aprestaba a abordar un vuelo regular en el aeropuerto de Formosa "El Pucú" dado que en los registros de esa fuerza figuraba con pedido de captura. La noticia de la detención fue confirmada por efectivos de la fuerza poco después del hecho. Luego de prestar declaración ante la secretaría de la doctora Claudia Fernández, Bernasconi recuperó su libertad. El ex magistrado se encontraba en esa provincia desde hace una semana acompañando a su esposa, la periodista Alicia Barrios, y cuando emprendía su regreso vía aérea, personal de la Policía Aeronáutica lo detuvo y lo traslado inmediatamente hasta las oficinas del juzgado federal local donde se aclararon los términos de la demora y regularizó su situación. El sistema informático de la PAM no estaba actualizado. Esto originó el incidente que puso en apuros al ex magistrado federal que tenía un pedido de captura en el año 1999, ya dado de baja. Bernasconi había cumplido condena de prisión por manejos irregulares en los que habría incurrido en las investigaciones y posterior detención del ex representante de Maradona, Guillermo Cóppola.
Protesta
Trabajadores del Registro de Propiedad Inmueble (RPI) y la Inspección General de JUSTICIA (IGJ) nucleados en la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) repudiaron este martes la eventual transferencia de ambos organismos del ámbito de la Nación al de la Ciudad de Buenos Aires y entregaron un petitorio al respecto en el Ministerio de Justicia. Los empleados de esas instituciones marcharon 10 cuadras por avenida Belgrano, en pleno centro porteño, para expresar su rechazo "al proyecto de ley presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación que -según fuentes gremiales- atenta contra su continuidad laboral". Los manifestantes se concentraron frente el edificio que el RPI tiene en Belgrano y Salta, y desde allí se movilizaron hasta la sede de la IGJ, en la intersección de las avenidas Belgrano y Paseo Colón, tras lo cual entregaron un petitorio en el Ministerio de Justicia. "Nos oponemos al traspaso de estos organismos desde la órbita nacional a la porteña porque de esa manera se pone en juego la fuente de trabajo de unas 1.500 personas, ya que en la Ciudad de Buenos Aires no existe un convenio de trabajo que determine con qué status laboral continuarán", explicó el dirigente de UPCN Daniel Casas. El dirigente añadió que los empleados de la RPI y la IGJ "esperarán a que ver los resultados de esta medida" y no descartó la realización de una marcha hacia el Congreso de la Nación "en caso de que lo reclamado en el petitorio no prospere".
Apoyo judicial
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti, manifestó su respaldo al proyecto de creación de jurados populares para juzgar determinados delitos, iniciativa que anunció el gobernador José Manuel de la Sota. Al anunciar el miércoles pasado la elevación del proyecto a la Legislatura, el gobernador explicó que los jurados populares "serán los encargados de juzgar la corrupción de los funcionarios, los delitos `de guantes blancos` y los llamados delitos aberrantes". Tarditti consideró que "las reformas son positivas en tres aspectos: se acota la competencia del fuero anticorrupción; se profundiza la participación de la sociedad en el ámbito judicial y se amplia a todo el territorio provincial la competencia penal económica y anticorrupción". Además, la titular del máximo órgano de Justicia de esa provincia dijo que "no hay que temerle a los jurados populares" porque "será una buena manera de que la sociedad pueda canalizar su participación" y destacó que "en Córdoba, fue buena la experiencia con jurados populares". Al anunciar la iniciativa, De la Sota precisó que los jurados "estarán compuestos por ocho integrantes, cuatro mujeres y cuatro hombres, elegidos al azar del padrón electoral".
Concurso en Entre Ríos
Se ha fijado fecha para la primer entrevista de los dos primeros concursos organizados por el Consejo, que tendrá lugar el 25 de agosto. Mediante las audiencias los consejeros deberán dedicarse a evaluar a los aspirantes que obtuvieron los seis mejores puntajes para ocupar los cargos del Juzgado Civil y Comercial de esa ciudad. La segunda entrevista se realizará el 1° de septiembre en la ciudad de Concordia, y estará dedicada a conformar la terna entre quienes concursan por la titularidad de dicho juzgado. Además, ese mismo día serán analizados aquellos que se han inscripto para ocupar los cargos de tres vocalías de la Cámara Penal de Concordia, los cuales rindieron en el día de hoy su respectivo examen de oposición. Aún resta que el Consejo confirme lugar y hora de las respectivas reuniones, las cuales serán informadas por las próximas notificaciones.