En la primera reunión de la jornada de debate y reflexión sobre el proyecto de reforma a la justicia penal nacional, la Procuradora ante la Suprema Corte bonaerense, Maria del Carmen Falbo, explicó su apoyo al proyecto. Por su parte, Esteban Righi advirtió que hay que discutir una reforma integral del sistema de justicia y no incorporar más parches.
Al comenzar su intervención, Falbo explicó los motivos de su demora (debía compartir la mesa con Marcela Rodríguez, diputada del ARI y “coautora” del proyecto 2985-D). La procuradora comentó que acaba de firmar un convenio con la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para incorporar a su provincia el Registro Nacional de datos, que servirá para investigar las denuncias relacionadas con los delitos más graves. Falbo aclaró que “ya han adherido 21 provincias” a este convenio pero “muchas todavía no lo pusieron en práctica”.
Luego de esa aclaración, Falbo reivindicó su postura “garantista” en respuesta a las críticas que había recibido desde algún sector minoritario al finalizar el proceso de selección para que accediera al cargo de Procuradora General de la provincia. “Estoy orgullosa de ser garantista, porque ser garantista implica hacer respetar los derechos y garantías de los seres humanos sin hacer diferencias”, sostuvo. Y agregó: “No es cierto que el garantista es socio del delincuente”.
Además aseguró que la reforma judicial en la provincia de Buenos Aires de 1998 “no fracasó”, sino que quedó “trunca”, al no haber voluntad política de finalizar su implementación. “La reforma en la provincia la pensamos distinto a cómo se llevó a cabo después”, remarcó.
Por último, Falbo defendió con gran énfasis el proyecto de reforma al Código Procesal Penal de la Nación que presentó junto a las diputadas Margarita Stolbizer y Marcela Rodriguez. “Yo abono al sistema acusatorio desde siempre”, remarcó, al tiempo que se lamentó que “el sistema acusatorio no se puede llevar adelante actualmente porque los que tienen que implementarlo no están convencidos de hacerlo”.
Respecto del rol protagónico que le cabe al Ministerio Público afirmó que “hablar de un sistema que no sea acusatorio es sentarnos cien años atrás”. La jefa de los fiscales bonaerenses hizo hincapié también en que “la justicia y la seguridad deben ser temas de estado”, y dejó en claro su postura en torno al aumento de penas. “El aumento de penas es una variable, no un arma eficaz”, dijo.
Por su parte, el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, exigió que se tome una decisión política y que se definan las facultades de los fiscales, y destacó que esas atribuciones tienen que incluir la investigación de todos los delitos, actualmente en cabeza de los jueces de instrucción.
“Desde los `90 los fiscales han ido ganando terreno sobre el sistema inquisitivo. Ese proceso arroja una realidad: en algunos delitos investigan los jueces y en otros los fiscales”, destacó Righi. Preocupado por esa situación, el procurador aseguró que “el sistema de justicia ha llegado a un punto de inflexión”. “O se adopta un mecanismo por el cual todos los delitos son investigados por los fiscales, o se hacen cargo de ellos los jueces”, sentenció. Sin embargo, fue cauto y dejó en claro que “sin presupuesto no sirve de nada”.
Al defender el proyecto de reforma impulsado, aclaró que “no se trata sólo de modificar normas, sino de implementar cambios culturales”, y destacó que el anteproyecto de ley que se debate responde a la necesidad de “una reforma integral al sistema de justicia, para dejar la política de incorporar parches”.
Crítico respecto de la esencia del sistema de enjuiciamiento penal actual, Righi sostuvo que “ser sometido a proceso en la Argentina de hoy significa una condena social, y el proceso se transforma únicamente en un proceso de revisión de esa condena”.
El jefe de los fiscales hizo estas declaraciones al abrir este lunes las “Jornadas de debate y reflexión sobre el Proyecto de reforma a la justicia penal de la Nación”, organizadas desde la sociedad civil por la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), la Fundación FAVIM (Mendoza), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), organismo que redactó el anteproyecto que tiene estado legislativo desde mayo de este año.
En la jornada inaugural también hicieron uso de la palabra, entre otros, la diputada Marcela Rodríguez, quien destacó que el proyecto “pone fin al festival de nulidades y prevé una investigación más eficaz con plazos más cortos”; el presidente del INECIP, David Baigún; el camarista Luis María cabral y el Dr. Juan E. Vargas, representante del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), quien destacó el convenio de cooperación académica firmado recientemente con Diariojudicial.com , afirmando que “nadie defiende el sistema inquisitivo en América Latina”.
El proyecto integral de Código Procesal Penal para la Nación busca mejorar la eficiencia en la persecución de los delitos y acortar los plazos de los procesos, al tiempo que incorpora a las víctimas como parte dotándolas de un sinnúmero de derechos, adjudica las tareas de investigación a los fiscales y extiende la oralidad a todas las instancias del proceso. Por otra parte, procura la participación ciudadana en el juzgamiento de los delitos estableciendo, según el caso, tribunales de juicio colegiados integrados por un juez profesional y dos escabinos o directamente por jurados populares.
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