Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia, en su Acordada N° 28, del catorce de julio del corriente año, autorizó a tomar intervención como Amigos del Tribunal a terceros ajenos a las partes, “que cuenten con una reconocida competencia sobre la cuestión debatida y que demuestren un interés inequívoco en la resolución final del caso, a fin de que ofrezcan argumentos de trascendencia para la decisión del asunto.” Sin perjuicio de esto, con anterioridad a la mencionada acordada, existieron numerosos antecedentes jurisprudenciales en los que tribunales locales aceptaron la presentación de un dictamen en carácter de Amicus Curiae.
Además numerosas organizaciones de la sociedad civil han empleado el instituto del Amigo del Tribunal como mecanismo para intervenir, realizando aportes en el marco de disputas sometidas a decisión judicial.
En los fundamentos de la presentación, el INECIP destacó que los “consejeros deben emplear todos los recaudos posibles para lograr el máximo de elementos de conocimiento útiles que le permitan actuar conforme a la razonabilidad exigida por el art. 1 de nuestra Carta Constitucional, y así lograr la mayor justicia en sus decisiones”.
El expediente caratulado “Remite Copia de lo Resuelto en el Expediente Interno de la Procuración General M. 1861/03” fue iniciado en base a diversas alegaciones e interpretaciones realizadas por el Sr. Fiscal Nacional de Ejecución Penal, luego refrendadas por el entonces Procurador General de la Nación mediante el expediente interno de la Procuración General de la Nación M. 1861/03.
Luego la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura dio inicio a una investigación en la cual se produjeron diversos hechos probatorios tales como los sucesivos testimonios del Fiscal Oscar Hermelo (hijo), la incorporación de piezas documentales consistentes en resoluciones generales del Ministerio Público Fiscal, actas de declaraciones tomadas de oficio por el fiscal de ejecución, denuncias judiciales efectuadas por el mismo, informe al SPF para verificar si internos que agotaron su pena o se encontraban ejecutándola en el medio abierto han cometido nuevos delitos y numerosas resoluciones judiciales emanadas del Sr. Titular del Juzgado Nacional de Ejecución N° 1, Dr. Sergio Delgado, etc.
Finalmente, el 10 de junio de este año la comisión de Acusación resolvió citar al juez Sergio Delgado a los efectos de ser escuchado de conformidad con lo regulado en el artículo 9 del Reglamento de la Comisión de Acusación.
En la presentación hecha por el INECIP se detallan, además, distintos elementos irregulares que afectan la situación de los juzgados nacionales de ejecución penal, como por ejemplo, las “vacancias en los ya escasos juzgados”. Estas cuestiones generaron, según el Instituto, un “preocupante estado de situación de los juzgados, situación que ha sido relevada por el poder legislativo a partir de proyectos de ley tendientes a ampliar el número de juzgados”. “La poca atención que el Poder Judicial tuvo sobre los Juzgados de Ejecución Penal, refleja la falta de interés que ese órgano de poder tuvo sobre la etapa de ejecución penal y sobre las personas privadas de la libertad, cuyo número ha aumentado exponencialmente en la última década. Esta situación no pudo ser sostenida durante tantos años sin concluir, por lo menos, que se actuó en forma negligente, ya que reiteradamente los tres juzgados han reclamado al respecto”, resaltó el INECIP.
Sobre la figura del juez Delgado, el Instituto destacó que “es el único magistrado especializado en la materia y que ha sido designado de acuerdo al texto constitucional”. Y agregó: “Los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, tales como el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, la razonabilidad de los plazos, la dignidad y el derecho a defensa, son imperativos que el Dr. Delgado ha hecho respetar en el ejercicio de la magistratura”.
Como ayer informara este medio, el magistrado prestó declaración este martes por más de dos horas en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura en el marco de la causa que se le sigue por supuestas irregularidades que habría cometido en el otorgamiento de libertades a detenidos.
La denuncia en contra del juez fue interpuesta por el fiscal Oscar Hermelo, a la cual luego se sumó una del Servicio Penitenciario, por similares motivos. Según los voceros consultados la causa ahora continuará su trámite y se deberá esperar si la consejera Chaya, instructora del expediente, requiere más medidas de prueba.