La denuncia fue formulada por Baños ante su par Vilma López, y de inmediato el gobierno, a través del Subsecretario de Política Carcelaria, Juan Carlos López, quien se puso a disposición para colaborar con las investigaciones que involucrarían al Servicio Penitenciario.
El funcionario reveló que "toda la conducción del Servicio Penitenciario está siendo observada", y que en el ámbito de la cartera de Justicia se encuentran en marcha desde el mes de febrero tres auditorias tendientes a obtener información referida a la salida de detenidos para robar, con la complicidad de los guardiacárceles.
Pero la denuncia de Baños acerca de un posible atentado contra su vida y la de su secretaria María Fernanda Ramírez, actuó como disparador de una situación mucho más grave: durante un allanamiento realizado ayer en la unidad penitenciaria se "secuestraron tres armas de fuego" que "no tendrían que estar allí", según admitió López. “Se inició una investigación del Servicio penitenciario. Este es un un caso que tiene todo los ribetes que merecen atención. Estamos haciendo auditorias internas y colaborando con las dos o tres investigaciones judiciales que involucran a presos que han salido a robar", explicó el funcionario.
El caso Baños motivó la inmediata reacción de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que, a través de un comunicado expresó "su mas vehemente repudio ante la existencia de actos intimidatorios" de los que vienen siendo objeto el magistrado y su secretaria. Con la firma de su presidente, Raúl Madueño, y del Secretario General Alberto Lugones, la entidad, sentenció que "actos de esta naturaleza pretenden condicionar el normal desempeño de las funciones constitucionales".
Baños denunció que está siendo objeto de seguimiento y que seria victima de una atentado, según los datos que le brindó un preso, detenido en una causa por el robo a un restaurante ocurrido hacer dos años, en el que fue asesinado un policía que se encontraba de consigna en el lugar.
Baños decidió efectuar la denuncia cuando el detenido le brindó datos concretos sobre sus movimientos, detalles de su vivienda y el barrio. "Los datos de inteligencia sobre sus propios movimientos son reales y esta claro que hay que investigar quién es el que le esta haciendo el seguimiento a un juez", enfatizó López.
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