Por otra parte, procura la participación ciudadana en el juzgamiento de los delitos estableciendo según el caso, tribunales de juicio colegiados integrados por un juez profesional y dos escabinos o directamente por jurados populares.
Pero los jueces que se oponen manifestaron que “la consagración por sanción legislativa de un texto como el que se presenta importaría avasallar principios básicos aceptados por ordenamientos procesales contemporáneos, concernientes al rol del magistrado, la defensa, la querella, la víctima y el imputado, además de apreciarse que se emplea un vocabulario vulgar, no técnico jurídico”.
El documento presentado en el marco de las “Jornadas de debate y reflexión sobre el proyecto de reforma a la justicia penal de la Nación”, lleva por firmantes a los jueces Ricardo Warley, María Gabriela Lanz, Roberto Ponce, Ernesto Botto, Marcelo Alvero, Alberto Seijas, Julio Lucini, María Dolores Fontbona de Pombo, Daniel Turano y Fernando Rodríguez Lubary.
Asimismo, los jueces expresaron en su carta que les ha “suscitado profunda alarma y aún desconcierto, en estos días en que la preocupación central gira en torno al fenómeno de la inseguridad”. Aunque, según fuentes del INECIP, ”no explicaron de qué forma el proyecto la estaría afectando”.
En otro apartado del escrito presentado criticaron que se fije un plazo para la intervención de las comunicaciones, y que el código las establezca como medidas excepcionales, así como que exija que esas decisiones sean motivadas. Además, se quejaron de que se ponga la investigación penal en las manos de los fiscales, dejando, según dijeron, a los jueces “un mero control formal a la actividad del fiscal (órdenes de allanamiento, requisas, y otros tantos)”.
Por otra parte, entendieron que el proyecto de código “veda al juez la posibilidad de imponer medidas de coerción sin pedido del fiscal o la querella”, y de que “se reducen los supuestos de aprehensión sin orden judicial”. Y lamentaron que “tanto la técnica legislativa como el lenguaje del todo desarreglado para un código instrumental, y que se plasmen en la forma de artículos expresos elementales nociones del debido proceso, por incontrovertibles”.
Según estos jueces, el proyecto de reforma integral “ahonda incluso los defectos que desafortunadamente se han revelado con la implementación en la provincia de Buenos Aires de uno similar que, parece, desean propagar y agudizar”.
El controvertido proyecto cuenta con el apoyo de legisladores de los tres bloques legislativos de mayor representación parlamentaria (PJ, UCR y ARI), y fue apoyado por el Procurador General de la Nación, Estaban Righi; por miembros de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y por la Cámara Federal porteña, que en la acordada en la que criticó la reforma propuesta por el ex ministro de Justicia Gustavo Béliz, destacó la propuesta que en ese momento recién había presentado el INECIP. También cuenta con el apoyo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).