G) OTRA

Denuncia contra el cuestionado presidente del Banco Central Pedro Pou y resto de los directores se presentó en la Justicia. Claro que esta vez se hizo directamente en la Corte Suprema por tratarse de un juicio originario a raíz de estar involucrado, además, el gobernador de San Luis, Adolfo Rodriguez Saa y el Poder Judicial de esa provincia. Las acusaciones son fuertes: querella criminal por Fraude a la Administración Pública, Estafas Reiteradas a Terceros y Prevaricato. Además de Pou y Rodríguez Saa también se los imputa a los directores de los bancos Exprinter y Banex -este último de capitales mexicanos en el que suele depositar sus ahorros un miembro del directorio del Central- por la privatización del Banco Provincia de San Luis. El abogado Roberto Domeniconi, conocido profesional del fuero provincial y destacado dirigente de la Alianza puntana, no ahorra calificativos para criticar la conducta de Pou y de Rodríguez Saa. La denuncia se extiende contra el Superior Tribunal de Justicia de San Luis, presuntamente sometido a los dictados del gobernador, y al juez Carlos Varela que habría cajoneado denuncias contra la privatización para facilitar su venta. Con esta denuncia suman varias las causas judiciales contra Pou en la Justicia, pero hasta el momento ninguna ha tenido pronunciamientos concretos y no porque jueces de grado como Gabriel Cavallo o fiscales de primera instancia como Guillermo Montenegro no consideren que debe ser procesado. Pareciera que el brazo protector de altos funcionarios de Economía a instancias del Fondo Monetario Internacional (FMI) es más largo del que se ve a simple vista. Por lo menos, los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani así lo verían a tenor de la demora en expedirse sobre el procesamiento que le dictó el juez Cavallo.

hugo morales / dju