En ese sentido, se destacó que las obras demandarán una inversión de 300 millones de pesos que saldrán de un fondo de fideicomiso que ya está percibiendo el Estado Nacional y de eventuales aumentos tarifarios en el marco de la renegociación del contrato de Aguas Argentinas por el servicio privatizado que presta.
Sin embargo, un grupo de vecinos representados por Ernesto Salgado, presidente del Foro en Defensa del Río de La Plata, cuestionó el acuerdo entre las partes ya que mencionó que con la planta que se construirá sólo se podrá tratar el 30 % de los residuos que afectan a esa zona y no los más contaminantes.
Al respecto Salgado, destacó que la firma de este convenio está sepultando toda posibilidad de que Aguas Argentinas construya una planta de tratamiento, con la cual los líquidos podrían ser enviados al río sin residuo alguno.
“Lo que harán con la planta de depuración es bajar tan sólo una parte de los residuos, es decir menguar en poco grado su nivel tóxico” afirmó el vecino de Berazategui.
Además cuestionó el hecho de que la extensión del caño terminal, por donde se vuelcan los líquidos a la rivera, no frenará el nivel de contaminación, ya que destacó que la baja profundidad de la cuenca hace que no se pueda depurar por si sólo.
El conflicto se originó luego del incumplimiento de la concesionaria en construir una planta depuradora de líquidos cloacales en el Río de la Plata, hecho que fue denunciado por la comuna ante la Justicia hace cuatro años.
Ante la ausencia de ésta se provocó un gran mancha negra en el río, producto de la liberación de desechos cloacales, la cual sigue extendiéndose cada vez más, lo que constituye un foco directo y constante de contaminación.
La planta, debía estar en funcionamiento en 1998, pero un año antes, la entonces secretaria de Medio Ambiente, Maria Julia Alzogaray, dispuso prorrogarla para 2018. En agosto de 2000, la municipalidad de Berazategui demandó a Aguas Argentinas para que cumpla con las obligaciones asumidas y ordene la reparación de los daños causados hasta ese momento.
Así el 8 de septiembre de 2003, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en autos “Municipalidad de Berazategui c/Aguas Argentinas SA s/ordinario” hizo lugar a la medida cautelar planteada por el Municipio y ordenó a Aguas que, en un plazo de 18 meses, realice las obras de construcción y puesta en marcha de la planta depuradora, como así también de limpieza y prolongación del actual emisario cloacal existente en dicha localidad.
Asimismo, se había ordenardo que tanto Aguas Argentinas como el Estado Nacional debían presentar mensualmente ante la justicia un informe sobre el avance de tales obras a fin de lograr el efectivo cumplimiento de la medida cautelar dictada, pero, la empresa recurrió en queja a la Corte Suprema y a raíz de esa decisión, se convocó a la audiencia.